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sábado, 26 de julio de 2014

FORMACIÓN Y CAMBIOS DEL ESTADO ARGENTINO Entre el siglo XIX y el XXI


MARÍA MERCEDES TENTI
Para Oszlak la estatidad supone una serie de propiedades: 1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana; 2) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructuras de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción; 3) capacidad de diferenciar su control, a través de instituciones públicas, profesionalización de sus funcionarios y control centralizado sobre sus variadas actividades: y 4) capacidad de internalizar una identidad colectiva, a través de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y permiten el control ideológico como mecanismo de dominación.
El Estado nacional es una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política; es decir una relación social y, al mismo tiempo, un aparato institucional. La existencia del estado presupone la presencia de condiciones materiales que posibiliten la expansión e integración del espacio económico (mercado) y la movilización de agentes sociales que instituyen relaciones de producción e intercambio mediante el control y empleo de recursos de dominación. La formación de una economía capitalista y de un estado nacional son aspectos de un proceso único. El estado nacional surge en relación a una sociedad civil que tampoco adquirió el carácter de sociedad nacional. El tema de la estatidad no puede desvincularse del tema del surgimiento de la nación.
En la Argentina el período de conformación del estado arranca en 1860 y culmina en 1880. Desde el punto de vista formal, los instrumentos del gobierno habían sido delineados por la Constitución de 1853 con el establecimiento de tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero la organización y el afianzamiento de esas instituciones de gobierno no fueron activos durante el período. La caída de Buenos Aires en 1880 fue la manifestación más clara de que la relación provincias-Nación había cambiado.
A partir de 1880 las formas de dominación del Estado oligárquico aparecen asociadas a líderes político-militares (caudillos de élite) y a un sistema de favores y lealtades propios de la oligarquía, conformada por un grupo cuyos miembros tienen capacidad para concentrar el poder económico, controlar el poder político y colocarse en la cima del poder social. Se excluía a quienes no pertenecían a las élites conformadas por intrincadas redes familiares. Estos sectores burgueses iban a emprender un proceso de modernización, sentando las bases de un país agroexportador y receptor de inmigración masiva y de capital externo. Los partidos políticos del ‘orden conservador’ (liberales en lo económico y conservadores en lo político) carecían de programas y se reunían en torno a caudillos de élite.
La conformación del la Unión Cívica Radical en 1891 inauguró en el país la etapa de los partidos políticos modernos, con democracia interna, dispuestos a enarbolar el respeto a la Constitución Nacional y a las prácticas democráticas en el sistema político argentino. Luego de la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1916, el radicalismo accedió al Poder Ejecutivo. El Estado democrático se conformó para desplegar una política que privilegiaba  -por lo menos en un principio- el arbitraje como base de la relación social. El yrigoyenismo impulsó una política reparadora capaz de hacer posible la vigencia del juego democrático a través de los partidos políticos y el respeto a la Constitución Nacional.
En 1930 se produjo la crisis del Estado oligárquico y liberal; cerró una etapa de la historia argentina –la del crecimiento hacia fuera- y dió origen a la presencia del Estado militar intervencionista. Se inauguró en el país un ciclo de crisis permanente, de democracia restringida que desembocó, hacia 1966,  en el Estado burocrático-autoritario. Entre ambos extremos el Estado nacionalista y popular, que aparece en los años 40 y hasta 1955, inauguró una nueva etapa de transformación del Estado nacional.
Con el Ejército en el poder en 1930 y junto a él una fracción importante del nacionalismo y la colaboración del neoconservadorismo, se rompió por primera vez en el país el orden institucional, al mismo tiempo que cobró cuerpo el Estado intervencionista que dejó sentir su presencia en la economía, las finanzas y la sociedad argentina. El auge del poder militar coincidió con la crisis de un sistema económico agroexportador que hizo próspera a la Argentina.
El golpe militar del 4 de junio de 1943, inauguró una etapa signada por el liderazgo vertical, popular y nacionalista de Juan Domingo Perón. Nació el Estado dirigista y planificador, sustentado en el principio democrático, pero más heterogéneo y complejo de lo que su estructura monolítica supone. En este tipo de gobierno populista, de matriz estado-céntrica, la participación popular no sólo es el ejercicio del sufragio, sino también la asistencia a actos públicos, ritos y festivales donde se exhibía el entusiasmo, con símbolos que identificaban el ideario democrático-popular. La seducción populista como régimen en el poder y como moviente social y político implicaba: un estilo personalista de liderazgo carismático; un discurso político de confrontación (pueblo versus oligarquía), un mecanismo de patronazgo y de articulación líder-base clientelar.
El populismo se convirtió en una respuesta a los procesos de aceleración de la industrialización, la diferenciación social y la urbanización, que incorporó a los sectores subalternos, promoviendo la alianza entre obreros y pequeña burguesía. El populismo era un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido.
En junio de 1966, después de la desperonización emprendida por los hombres de la denominada Revolución Libertadora y de períodos breves de democracia débil, se inauguró el tiempo de la llamada Revolución Argentina y con ella la vigencia del Estado burocrático autoritario, hasta fines de 1983. Este tipo de Estado resultó garante y organizó la dominación, ejercida a través de una estructura de clases subordinada a los sectores superiores de una burguesía oligopólica y transnacionalizada, como su principal base social. Institucionalmente estaba compuesto por un conjunto de organizaciones coactivas, dedicadas a la “normalización de la economía”. El estado burocrático autoritario, deseaba cumplir dos tareas esenciales: la reimplantación del ‘orden’ en la sociedad, subordinando al sector popular, y la restauración del sistema económico.  Se estructuró como un sistema de exclusión política de los sectores populares, consolidando la dominación social y sesgando la distribución general de recursos.
El Estado burocrático autoritario suprimió la ciudadanía y la democracia política; representó la prohibición de lo popular y se respaldaba en la coacción. Tendió a acrecentar las desigualdades, al suprimir las instituciones canalizadoras de las demandas de justicia social. A pesar de su discurso marcial y patriótico negaba la representación de la  Nación a la que hacía referencia.
En 1983 se produjo la recuperación de la ciudadanía por parte de la sociedad argentina, de la mano de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, después de más de siete años de dictadura militar. Comenzó a instaurarse un Estado democrático y de política deliberativa: se incrementó la participación popular, se organizaron los partidos políticos, la prensa comenzó a desenvolverse con libertad. Entre los vaivenes de juicio a las juntas y levantamientos militares carapintadas, poco a poco se fue consolidando la transición democrática.
A pesar de los intentos de consolidación económica. frente al incremento descomunal de la deuda externa y la inflación, la coyuntura de 1989  condujo a la hiperinflación y al triunfo peronista encabezado por Carlos Menem. Con el menemismo se produjo un viraje en la concepción del Estado, al abordar la denominada Reforma del Estado, de orientación neoliberal y con una fuerte matriz mercadocéntrica.
La reforma del Estado en la Argentina, si bien comenzó a gestarse a fines del período presidencial de Alfonsín, aunque con la severa oposición del parlamento en especial de los diputados y senadores justicialistas, se llevó a cabo durante el gobierno peronista siguiente. El objetivo era poner en práctica el nuevo rol del Estado, decisorio en la formulación de políticas necesarias para convalidar un nuevo modelo del propio Estado que resumía en sí mismo los intereses de los grupos financieros externos -especialmente de los acreedores- y de los grupos económicos nacionales e internacionales que buscaban la reconversión de la economía para convertirse en beneficiarios directos de la nueva configuración del aparato estatal, en el marco de posturas neoliberales.
La propuesta menemista no implicaba sólo la privatización de las principales empresas estatales, sino que comprendía una reforma integral que abarcaba prácticamente todos los estamentos del Estado. Los diez objetivos trascendentes: relocalización del Estado, redistribución de la economía, reorganización del gobierno, reconversión de la descentralización, recreación del control, reinstalación legislativa, redefinición federal, redimensión municipal, reformulación del derecho y finalmente, renovación del Estado. El proyecto era amplio  y contemplaba prácticamente todos los resortes del Estado y de la burocracia estatal. Tres leyes le daban sustento jurídico conjuntamente con varios decretos del poder ejecutivo: la ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y reestructuración de empresas públicas, la ley Nº 23.697 de Emergencia económica y social (las dos de 1989)  y la ley Nº 24.629, ampliatoria de la Reforma del Estado, de 1996.
Los propósitos eran vastos. Por un lado, conformar un sector público con capacidad de decisión, moderno y eficiente y, por otro, buscar la mejor asignación y utilización de recursos a través de la privatización de empresas públicas,  regulación de mercados monopólicos de servicios públicos, reforma administrativa, transformación del sistema de administración financiera y control de gestión y desregulación.
Con este modelo, el Estado fue desprendiéndose de roles tradicionalmente básicos en la sociedad argentina. Todo esto, sumado a un proceso de desindustrialización, aumento de la deuda externa, precarización laboral, crecimiento del desempleo y surgimiento de movimientos sociales como consecuencia de la exclusión social, entre lo más destacado, fue conduciendo a la Argentina a un camino que hizo eclosión en la crisis del 2001.
Hacia dónde vamos en este siglo XXI? Se observa una recuperación del rol del Estado frente a los avances del mercado. Un rol más activo en la regulación de la economía.  Una suerte de combinación entre Estado, capitales nacionales y mercado. Estamos frente a la recuperación de la concepción de que el Estado debe jugar un papel preponderante en la conducción tanto del modelo de desarrollo económico-social, como en la gestión de los recursos que son imprescindibles para asegurar su continuidad y profundización. ¿Será este el camino? Más allá de estos interrogantes resulta claro que, cuando el diseño de la sociedad parecía que iba a quedar por completo en manos del mercado, la política volvió a instalarse en procura de asignar un nuevo rol al Estado, pero con la participación de todos los sectores involucrados. 

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