Buscar este blog

domingo, 12 de febrero de 2012

APORTES PARA UNA ANÁLISIS EXPLICATIVO DE LA PUEBLADA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1993 EN SANTIAGO DEL ESTERO


por María Mercedes Tenti
 Video del Lic. Enrique Landsman

Análisis teórico metodológico
El 16 de diciembre de 1993 en Santiago del Estero, grupos enardecidos de manifestantes, en  acción colectiva, destruyeron e incendiaron las sedes de los tres poderes provinciales, la Casa de gobierno, la sede de la legislatura y el palacio de tribunales, además de doce viviendas de destacados políticos. Las imágenes de la ira popular recorrieron el país y se expandieron por el mundo. La rebeldía santiagueña, dormida durante años, había hecho eclosión en forma desmesurada en medio del descontrol y el caos. El 17 de diciembre, mientras los incidentes se extendían desde Santiago del Estero a La Banda (ciudad vecina a la capital, separada sólo por el cauce del río Dulce), fue anunciada y efectivizada la intervención federal a  la provincia.  Ese mismo día, tropas de gendarmería llegadas al efecto reprimieron por la fuerza los conatos de rebelión y pusieron fin a los desmanes.
Esta sucinta narración nos sirve para ubicarnos en la temática que se quiere abordar a partir de la búsqueda de relaciones causales que permitan separar los hilos conductores que llevaron a desencadenar los sucesos. Para lograr este objetivo se enfrenta el problema tratando de objetivar la memoria colectiva, recurriendo a distintas técnicas metodológicas y buscando comparar diferentes fuentes analizadas.
Este hecho, que caló hondamente en las conciencias de los santiagueños, se quiere tapar con un manto de olvido desde los ámbitos oficiales especialmente, porque los políticos cuestionados entonces continúan hoy en funciones de gobierno, además de persistir las formas y modos de hacer política, de larga data en la provincia.
 Se trató de estudiar la mayor cantidad de fuentes posibles, tanto escritas (documentos oficiales, noticias periodísticas, datos cuantitativos) como audiovisuales (videos, fotografías y grabaciones) y orales (entrevistas) para, a través de su contrastación,  arribar a conclusiones que respondan el planteo propuesto.
Con este trabajo, se busca la ¨historización¨ de la experiencia colectiva y su objetivación a través de un discurso analítico. La ¨historia del presente¨ es abordada como una categoría histórica, ya que se pretende interpretar los sucesos desde la óptica de los propios sujetos que los vivieron. (Aróstegui). De esta forma al diluirse los límites entre el sujeto y el objeto de investigación, se busca comprender históricamente el presente.
Se cree que lo acontecido el 16 de diciembre de 1993 responde a un proceso complejo en el que incidieron en menor medida factores externos a la provincia, que tienen que ver con la situación nacional y el proceso de reforma del Estado, y, en mayor medida, a factores contextuales internos fruto de la crisis estructural vigente y de la supervivencia de antiguas y remozadas formas clientelares que condujeron al estallido de una pueblada en la que toda la población se vio involucrada. Este trabajo, parte de otro mayor en preparación, busca hacer un análisis explicativo de las causas que originaron la protesta social, inédita en la historia argentina.
Para clarificar el objeto de estudio, se definen algunas categorías analíticas desde cuya perspectiva es abordado. Se concibe a la situación provincial como inmersa dentro de una crisis estructural (y no mera situación coyuntural para el caso), que tiene que ver con un proceso de mayor duración, durante el cual se fueron erosionando los distintos elementos constitutivos de la estructura económico – social y produjeron, como consecuencia, una profunda inestabilidad que, a pesar de alcanzar su pico máximo de expresión en la pueblada, reafirmó, paradójicamente, las relaciones estado – sociedad propias de la matriz política santiagueña, de fuerte sustento clientelar.
Se entiende el clientelismo político como ¨el intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y votos entre masas y élites¨ (Auyero, 1.998, Pág. 55). El intercambio es recíproco, aunque las relaciones entre ¨patrón¨ y ¨cliente¨ son asimétricas (Farinetti, 1.998, Pág.86) e informales. Según el análisis de Farinetti, en las relaciones clientelares cobran protagonismo los individuos más que los grupos organizados. Si bien el clientelismo es una forma de dominación política, no se contradice en los hechos con manifestaciones de protesta social como la ocurrida el 16 de diciembre. Esta postura se contrapone a las concepciones tradicionales de clientelismo que sostienen que el mismo contrarresta toda posibilidad de acción colectiva.
Con relación a los sucesos objeto de análisis, fueron denominados como ¨estallido social¨ (prensa) o el santiagueñazo (Dargolt, 1.992), seguramente en comparación con el cordobazo[1]. Se cree que la palabra ¨ pueblada ¨puede definir mejor los acontecimientos. Zurita toma de Octavio Paz (Corriente Alterna, México, 1.969) los conceptos de revuelta, rebelión y revolución. Revuelta posee cierta cuota de espontaneidad y de mayor participación popular y en este caso se podría equiparar con pueblada. Rebelión recuerda a grupos minoritarios y de origen castrense, mientras que revolución se refiere a la voluntad manifiesta, con intervención de la razón, de revertir el orden preestablecido. Según estas categorías, para Zurita los sucesos santiagueños serían una revuelta (Zurita, 1.982). Para el caso, se prefiere el término ¨pueblada¨, teniendo en cuenta que participó prácticamente todo el pueblo, no solamente quienes accionaron directamente, sino todos aquellos que se involucraron indirectamente como observadores participantes.

Primera aproximación

Indudablemente la gestación de la pueblada santiagueña se trata de un proceso complejo en el que incidieron distintos factores, enmarcados tanto en el ámbito nacional como el provincial, aunque sin dudas fueron los factores endógenos los que precipitaron los acontecimientos. Una vez asumida la presidencia, Carlos Menem comenzó a dar un amplio giro a la política seguida por el justicialismo durante la gestión de Raúl Alfonsín en lo referente al plan de privatizaciones, poniendo en el tapete su proyecto de ley de reforma del Estado, que fue sancionada en agosto de 1989.
 En 1990, en Santiago del Estero la legislatura comenzó a tratar la reforma provincial con la oposición del radicalismo y un sector del justicialismo. El 25 de abril la cámara de diputados de la provincia, a instancias del gobernador César Eusebio Iturre, presionado a su vez por el gobierno nacional,  sancionó la denominada Ley de emergencia económica y administrativa N* 5.808, que establecía la suspensión de subsidios y subvenciones, el régimen de compensación de deudas de particulares con el Estado provincial, régimen de compensación de créditos y deudas del sector público, ambos con la cancelación de sus saldos netos, uso del crédito público y plazos especiales de pago.
Fijaba como ámbito de aplicación a los organismos del poder ejecutivo, aunque aplicable también a los poderes legislativo y judicial.  Contemplaba la descentralización y reforma de niveles centrales y privatización y/o concesiones totales o parciales de organismos públicos determinados por el ejecutivo. La última parte se refería al régimen laboral del personal del Estado, a la  contratación de trabajos públicos,  plan de emergencia del empleo y a la venta de inmuebles innecesarios, entre otras disposiciones.
A un año de sancionada la ley y de los anuncios del gobernador de privatización de la Dirección provincial de obras sanitarias (DIPOS), del matadero y frigorífico “17 de octubre”, casino de Las Termas, hipódromo “12 de octubre”, terminal de ómnibus y Boletín Oficial, entre los organismos más importantes, las cosas seguían como antes. Si bien la ley había sido recibida con algunas voces de apoyo, los análisis hechos por entonces concluían en que  todo respondía a una aspiración política del gobierno provincial de congraciarse con el gobierno nacional más que a la vocación de realizar un cambio real.
Mientras tanto los salarios estatales y privados empezaron a recuperar, en alguna medida, su poder adquisitivo frente a los alimentos, como consecuencia de los aumentos salariales y la estabilidad de los precios, aunque continuaba el disconformismo en algunos gremios como docentes, ATSA (Asociación  de trabajadores de la sanidad argentina) y ATE (Asociación de trabajadores del Estado). Al tiempo que continuaba la interna en el peronismo local, las provincias firmaban el llamado Pacto Federal y se producían tarifazos en los servicios nacionales privatizados, que afectaban las economías de las familias  y de las pequeñas y medianas empresas. En 1.990 fue privatizada la empresa nacional de teléfonos, ENTEL, correspondiendo a Santiago del Estero la firma TELECOM que absorbió la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), empresa privada que prestaba servicios deficitarios en la provincia.
Paralelamente se conocían los resultados de una investigación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que indicaban que, para 1.988, más del 53,5 % de los hogares de Santiago del Estero y La Banda eran pobres (con más de 150.000 personas). De esos 28.873 hogares, el 60 % era clasificado como pobre porque no alcanzaba a cubrir con su ingreso una canasta mínima de consumo y el 40 % restante manifestaba signos de pobreza estructural. La producción agropecuaria (principal en la provincia con mínima producción industrial) se desarrollaba en forma despareja: altos rindes en pocas zonas, aunque encarecidos por los elevados fletes y el mal estado de los caminos;  malestar entre los pequeños y medianos productores por los precios elevados de sus producciones que no podían competir con las importadas y las de la región pampeana; éxodo de los pobladores de áreas rurales por falta de fuentes trabajo y condiciones dignas de vida.
En 1.991 ya se advertían signos de malestar ante situaciones irregulares generadas desde el gobierno provincial por elevados aumentos a funcionarios de los tres poderes, a quienes se priorizaba en el pago de los haberes. La corrupción y los bajos salarios comenzaron a preocupar a los santiagueños, ante el fuerte incremento de los productos de la canasta familiar y de los precios de los alquileres, uno de los más altos del país. La refacción de viviendas era la única actividad, aunque mínima, que mantenía el andamiaje económico de las empresas constructoras y de los obreros de la construcción.
El plan económico nacional se aplicaba con un costo social muy elevado.  Frente a la “modernización” del país, los hacheros santiagueños de los departamentos Copo y Alberdi, continuaban trabajando en condiciones muy precarias aspirando sólo a obtener un plato de comida por día. Realizaban su labor sin mejoras y prácticamente habían perdido todas sus  conquistas sociales debido a la falta de relación de dependencia con los acopiadores y el retraso en la firma de convenios colectivos de trabajo. Todavía trabajaban (y lo siguen haciendo) como en las primeras épocas de la explotación forestal y, a pesar de la legislación vigente, les efectuaban los pagos en especie. Los sectores productivos forestales y agropecuarios, también atravesaban por una grave situación.

Elecciones y agravamiento de la crisis

A partir  de la definición de la fórmula iturrista, compuesta por el Ing. Carlos Aldo Mujica y el diputado Fernando Lobo, y la nominación de César Iturre como primer candidato a diputado nacional, durante la campaña electoral “llovieron” por doquier designaciones, subsidios, y concesión de jubilaciones de “privilegio”. En la realización de actos pre electorales se gastaba sin límites, a pesar de la pobreza reinante. Los empleados públicos treparon de 28.000 a cerca de 40.000[2]. Pese a algunos aumentos salariales, los docentes continuaban con jornadas de protesta bajo el lema “por la dignidad docente, dignidad salarial y por un mayor presupuesto educativo”.
En setiembre de 1991, diez partidos políticos decidieron constituir el frente electoral de la Corriente Renovadora en apoyo a la candidatura de Mujica para las próximas elecciones, mientras Carlos Menem pedía que se agilizasen las gestiones de unidad del peronismo. Ante la imposibilidad de conciliación con el juarismo[3], el iturrismo comenzó a impulsar la ley de lemas. Si bien los partidarios de Carlos Juárez en un principio se mostraron reticentes a aprobarla, poco a poco fueron concibiéndola como la única alternativa posible de enfrentar a la oposición radical liderada por el intendente de la Capital, José Luis Zavalía, hijo del ex gobernador Benjamín Zavalía (1.963 – 1.966), que con sus discursos desafiantes y provocativos se presentaba como un oponente de peso.
Frente a rumores de intervención federal, se agilizaron las negociaciones para la sanción de la nueva ley electoral que fue aprobada por la cámara de diputados el  2 de setiembre de 1991. Por ella se consideraba “lema” a los partidos, frentes electorales y alianzas, y “sublema” a las agrupaciones y corrientes internas de un mismo lema. Por este sistema, la elección de los candidatos a gobernador y vicegobernador e intendentes municipales se iba a efectuar en forma directa, sin colegios electorales, a simple pluralidad de sufragios. El sublema que obtuviese mayor cantidad de votos se adjudicaría el total de los emitidos en favor de un mismo lema. Las bancas de diputados y concejales se distribuirían entre los distintos sublemas que integrasen cada lema: dos tercios para el sublema mayoritario y el resto entre los minoritarios de acuerdo con el sistema de representación proporcional D’Hont, siempre que obtuviesen por lo menos el 25 % de los votos del lema. En caso de no superar este coeficiente, sus votos iban a ser adjudicados al sublema ganador del lema que integrasen.
Los concejales bandeños adhirieron de inmediato a la Ley de Lemas y poco después lo hicieron los concejos deliberantes de Frías y Las Termas de Río Hondo. Las localidades de Beltrán y Tintina fueron elevadas a la categoría de municipios de tercera y también se plegaron a la nueva ley electoral. Todo esto dio lugar a la proliferación de sublemas de los distintos partidos, en especial del peronista, siempre dividido.
En medio de la agitada agenda electoral se confirmó la transferencia de escuelas nacionales secundarias a la provincia, resistido por los gremios docentes, aunque casi inadvertido para la población, ¨distraída¨ por el cierre de campañas de los distintos partidos y lemas, enlutado por la muerte del cantante folclórico Jacinto Piedra en un accidente automovilístico luego de un acto radical. Los radicales se presentaron bajo la sigla UCR - MOP (Movimiento de Opinión Provincial) y apoyaban la dupla Zavalía - Abdala, mientras que el lema “Frente Justicialista”  adhería a tres fórmulas: Juárez - Bagli, Mujica - Lobo y Otrera - Zaiek, este último candidato de Menem, más tarde secretario de obras públicas de la nación.
El 27 de octubre se realizaron las elecciones con una proliferación nunca vista de postulantes. Cuando se perfilaba Mujica como gobernador en el escrutinio provisorio, sus principales oponentes, Juárez y Zavalía, presentaron denuncias por fraude que condujeron a que el juez electoral tomara la resolución de controlar “voto por voto y urna por urna”.  El escrutinio provisorio daba a José Zavalía el 42.0% de los votos, a Mujica el 28.6%, a Juárez el 25.2%, el 2.6% a Otrera y el 1.6% restante comprendía a los demás candidatos.
Los seguidores de los principales caudillos (Juárez y Zavalía), realizaban constantes manifestaciones frente al juzgado con cánticos contrarios a la fórmula electa como consecuencia de la aplicación de la ley de lemas, reclamando que se investigase el proceso electoral viciado de fraude. Carlos Juárez y José Zavalía se unieron en actos conjuntos para reclamar la suspensión del escrutinio, que se dilató hasta el mes siguiente. Finalmente el 13 de noviembre la junta electoral nacional declaró la validez de las elecciones y del escrutinio, hecho que originó una serie de incidentes en la plaza Libertad - en el centro de la ciudad - convertida en verdadero “campo de batalla”,  que terminaron en disturbios, heridos y detenciones.
Ante una gran multitud reunida el día 15, Zavalía convocó a la “resistencia civil” y el 2 de noviembre se autoproclamaba “gobernador moral” de Santiago del Estero, mientras convocaba a una serie de manifestaciones en contra del fraude. Por su parte Juárez advertía sobre la posibilidad de la intervención federal, aunque finalmente, a quien se intervino fue al partido Justicialista local. La noche del 10 de diciembre de 1.991, en el recinto de la Cámara de Diputados, y luego de que prestaran juramento los nuevos legisladores, la mayoría renovadora, ¨entre gallos y media noche¨, mocionó y consiguió que se “invitara” para jurar como gobernador de la provincia a Carlos Aldo Mujica, quien se convirtió anticipadamente en el nuevo gobernador.  A las cero hora del 11 de diciembre en la casa de gobierno, César Iturre le transfirió el mando, entregándole los atributos del cargo. De hecho quedaba consolidado el fraude.
Ese mismo día, ante un multitudinario público que se congregó en Av. Núñez de Prado, en la costanera frente al monumento de Francisco de Aguirre, fundador de la ciudad, José Zavalía se autoproclamó “gobernador de la Constitución” y recibió dos “bastones de mando” y una “banda simbólica” entregados por un ¨representante del pueblo¨ y por los intendentes radicales electos, Mario Bonacina (cuñado de Zavalía, actual diputado nacional) de la Capital y Héctor Ruiz (actual diputado provincial) de La Banda[4]. El acto culminó con serios incidentes entre grupos que habían participado del acto de autoproclamación y efectivos de la policía de la provincia.

El gobierno inconcluso de Carlos Aldo Mujica

A partir de 1992 comenzaron a efectivizarse privatizaciones propuestas por el gobierno nacional, muchas de ellas precedidas por aumentos de tarifas, como Agua y Energía, ferrocarriles, teléfonos, rutas nacionales, sistemas de riego, etc. La municipalidad de la Capital ya se había adherido a la política privatizadora desde el año anterior con la concesión del estacionamiento en el centro, para luego continuar con el servicio de higiene en toda la ciudad. En Las Termas de Río Hondo, se había adjudicado el camping municipal. A nivel provincial, había transcurrido un año del anuncio frustrado de la reforma del Estado y ésta aún no se había llevado a cabo. Si bien Mujica proclamó en abril un nuevo plan de reforma estatal que incluía privatizaciones, racionalización de personal y eliminación de gastos y estructuras burocráticas, las cosas seguían igual.
El ex intendente y ex candidato a gobernador José Zavalía[5], sin resignarse a lo que consideraba una “usurpación” a la voluntad popular, volvió a llamar a la lucha, protagonizando su primera marcha “por la dignidad provincial”. A partir de entonces se sucedieron una serie de marchas encabezadas por el propio Zavalía, montado a caballo al igual que otros dirigentes, y de las que participaba una multitudinaria concurrencia de hombres, mujeres y niños, que espontáneamente marchaban en reclamo de elecciones limpias y transparentes. Si bien las imágenes difundidas por los medios nacionales provocaban ¨escozor¨  en algunos sectores que creían ver el renacimiento de formas caudillísticas propias del siglo XIX, eran en realidad nuevas formas de expresión de la ciudadanía santiagueña, mezcladas con antiguas formas de hacer política nunca desterradas de la provincia y relacionadas con formas clientelares de gobierno.
En febrero de 1.992, el ministro de cultura y educación de la nación, Antonio Salonia, aceptó la transferencia gradual de escuelas nacionales propuesta por la provincia. En protesta por la situación salarial, sumado a la nueva noticia del traspaso, los colegios secundarios de nivel público y privado comenzaron una serie de huelgas con masivo acatamiento, agravadas con la resolución de no iniciar el ciclo lectivo. Comenzadas las clases con retraso, los docentes continuaron con las protestas en reclamo de mejoras salariales y los normalistas en contra de la transferencia de servicios a la provincia sin ley que garantizase la atención presupuestaria. En  junio la nación ratificó el traspaso de las escuelas y el gobierno provincial declaró ilegal el paro docente, sin conseguir, a pesar de ello, la suspensión de las medidas de fuerza. Las huelgas se agudizaron en 1.993, con las clases paralizadas sin poder iniciar el año escolar.
El descontento popular era generalizado, aumentado por la suspensión de ramales ferroviarios[6], los sueldos elevados de los funcionarios frente a los bajos salarios de los empleados, el reparto de cargos entre parientes y amigos del  “poder”, la virtual quiebra de los hospitales públicos denunciada por médicos y personal de enfermería y la proliferación de asesores del Poder Ejecutivo, que llegó a  contar con más de cincuenta entre los tres ministerios y la secretaría general, con remuneraciones que oscilaban entre $1.000 y $5.000 mensuales,  algunos de los cuales no ejercían ninguna función.
A principios de abril de 1993, el nuevo equipo económico encabezado por Aizar Antonio Assefh (hombre de Cavallo) confirmó su renuncia ante la imposibilidad de concretar la reforma del Estado, mientras se declaraba la emergencia educativa por la continuación de las huelgas docentes. El grado de desnutrición en el nivel preescolar, de acuerdo con una investigación realizada por la Dirección de promoción y asistencia a la comunidad de la municipalidad de Santiago del Estero, era alto. El promedio de pequeños que asistían a los comedores, con bajos niveles de nutrición, superaba el 17%. También se observaba alto índice de parasitosis
A pesar de la grave crisis institucional y socio económica, la legislatura sancionó el 12 de abril una ley que incorporaba un plus de privilegio de $ 2.100 a todos los funcionarios. Los paros docentes continuaban por lo que en acuerdo de ministros se decretó la emergencia educativa. Los colegios profesionales denunciaban irregularidades y el colegio de abogados acusaba de falta de independencia al poder judicial. El 18 de abril se iniciaron las clases sólo en el nivel medio por cuanto AESyA (Asociación de educadores santiagueños y afines) que conducía a los docentes primarios, continuó con las medidas de fuerza hasta finales de mes. La ausencia reiterada del gobernador Carlos Mujica era notoria ya que había asistido a la casa de gobierno sólo 10 días entre los meses de febrero y abril, por sus continuos viajes a Buenos Aires.
El 21 de abril se organizó una multitudinaria marcha de los gremios docentes con el apoyo de la CTERA y del radicalismo. Participaron de ella María Sánchez  y José Luis Zavalía en representación de ambas entidades. Los colegios de profesionales de la salud cortaron los servicios al IOSEP (Obra social del empleado provincial) por falta de pago, hecho agravado por las condiciones deplorables en que se encontraban  los hospitales públicos. Los comedores infantiles no funcionaban, a pesar de que la nación enviaba los  fondos correspondientes.
Ante la situación caótica de la provincia, Carlos Juárez fue convocado por el ministro del interior Gustavo Béliz para lograr un arreglo con el gobierno provincial y en pos de la unión del peronismo, aunque con la exclusión de César Iturre. Los primeros días de mayo se selló el compromiso de unidad entre Mujica y Juárez. El gobernador iba a designar al ministro de economía y  Juárez debía remitir las ternas para que Mujica eligiese a los nuevos ministros de gobierno y acción social. El cambio de funcionarios fue total.
Consolidada la alianza el peronismo se preparaba para los próximos comicios de diputados provinciales y concejales. El triunfo del partido gobernante fue categórico, gracias al derroche de subsidios, de distribución de aportes especiales a las intendencias y comisionados municipales, y a aumentos impagables de sueldos otorgados a la masa salarial. Como consecuencia, el déficit comenzó a trepar de 10 a 20 millones de pesos mensuales. Los salarios no se pagaban, aumentaba la efervescencia social, no se rendían cuentas a Buenos  Aires, los fondos “desaparecían”.
Ante la amenaza de juicio político,  el 27 de octubre de 1.993 Carlos Mujica renunció a la gobernación a menos de dos años de haber asumido un gobierno que a los tres meses escasos ya estaba en plena crisis. En el últimos tiempo se había incrementado la destrucción y el endeudamiento del Estado, las sospechas de  corrupción,  el cese de pagos que ponía a la provincia en una situación de quiebra virtual, más una deuda exigible de 160 millones de pesos. El poder judicial se encontraba desprestigiado al igual que el legislativo, mientras los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, se encontraban inmersos en luchas internas.
Los primeros atisbos de que el conflicto social se agravaba, comenzaron con una acometida violenta de la ira popular contra la casa de gobierno en septiembre y la huida de Mujica por la puerta trasera. Poco antes había viajado a Estados Unidos llevando en concepto de viáticos personales $50.000. A pesar de todo, el gobierno nacional descartó la intervención federal. Zavalía, luego de 27 marchas, prometió colaborar tras la promesa presidencial del envío de fondos. Paralelamente, Menem y Alfonsín discutían sobre la pretendida reforma constitucional que terminó en el “pacto de Olivos”, con el estallido social santiagueño como telón de fondo. El vicegobernador Fernando Martín Lobo recibió los atributos del mando en la casa de gobierno de manos del presidente de la legislatura el mismo 27 de octubre. Carlos Mujica, en el domicilio particular del subsecretario de bienestar social le había entregado a Lobo su renuncia sin dar explicaciones al pueblo que lo había elegido.

La pueblada santiagueña

 Cuando el Dr. Fernando Lobo asumió la gobernación con el propósito de ¨salvar a la provincia del naufragio¨, no sospechaba que los acontecimientos se sucederían tan precipitadamente ni que su gobierno solo duraría 50 días. La economía estaba paraliza y los reclamos sociales aumentaban día a día, agravados por la quiebra del sector privado y una interminable cadena de morosidad como consecuencia de los salarios adeudados. Los primeros días de noviembre decidió adoptar un paquete de medidas para revertir la situación y se anunció desde el gobierno nacional la reorganización del Consejo General de Educación con la intervención al organismo, reducción de los sueldos de las autoridades de los tres poderes, eliminación del doble empleo previo reempadronamiento de los empleados públicos, rebaja de la masa salarial a marzo de 1993.
Mientras tanto, la ola de protestas de los distintos sectores continuaba,  con la inclusión de los jubilados que marchaban diariamente a la casa de gobierno pidiendo el cumplimiento de los cronogramas y los pagos de las deudas atrasadas. Los empleados de la Dirección provincial de obras sanitarias (DIPOS) denunciaron que el organismo no podía garantizar la prestación del servicio por falta de recursos para el mantenimiento del sistema. La única solución posible parecía ser la aprobación de una ley “ómnibus”, de ajuste general de la economía, propuesta por el equipo de Cavallo, que era resistida por todos los sectores afectados. Ante su inminente sanción, las asociaciones sindicales nucleadas desde el año anterior en el ¨Frente de gremios en lucha¨, decidieron  en forma conjunta, rechazar el proyecto de ley.
Mientras la cámara de diputados discutía la polémica ley, se movilizaron  frente al edificio de sesiones los trabajadores  del frente gremial que habían declarado un paro general contra el ajuste. El día 11 los legisladores aprobaron la ley de emergencia en medio de incidentes entre efectivos policiales y manifestantes en las afueras de la legislatura. La Ley 5.986, sancionada el 13 de noviembre adhería la provincia a las leyes y decretos nacionales de reforma del Estado y establecía entre sus principales disposiciones el cese de todo el personal temporario ingresado después del 31 de diciembre de 1.990, la creación del programa de Empleo Mínimo para la Reconversión Laboral y el pago de un mínimo de $200 como subsidio. Se dejaban sin efecto adscripciones y comisiones de servicio, se retrotraían los haberes al 28 de febrero de 1.990 y  las jubilaciones y pensiones incrementadas a partir del 1 de marzo de 1.993, y se facultaba al poder ejecutivo para dictar la normativa de una nueva política salarial priorizando salud y educación. En el ámbito educacional declaraba la emergencia educativa con la prohibición de incorporar personal contratado, aplicaba la racionalización y jubilación de los agentes, e intervenía el Consejo General de Educación por un lapso de 180 días.
El artículo 83 declaraba sujeto a privatizaciones los siguientes entes provinciales: Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), casinos provinciales, matadero frigorífico “17 de octubre”, Banco de la provincia de Santiago del Estero (sujeto a privatización parcial priorizando la participación del personal), Dirección de Aviación Civil, Administración provincial de Recursos Hídricos, Boletín Oficial, Instituto Provincial de Seguros, Terminal de ómnibus y Caja Popular de Ahorro (con las mismas condiciones que el banco).
Como respuesta la CGT y otros gremios convocaron al paro general. Ese mismo día hubo duros enfrentamientos en pleno centro comercial que dejó como saldo diversos contusos y heridos. El obispo Manuel Guirao, desde Buenos Aires,  apoyó la ley ómnibus y criticó a los funcionarios corruptos. Los reclamos se extendieron por toda la provincia. En Santiago del Estero, La Banda, Añatuya, Monte Quemado, Las Termas, Loreto, trabajadores y jubilados salían a las calles en protesta por la sanción de la ley y en reclamo por el pago de los haberes adeudados. La provincia se encontraba en cesación de pagos y se había producido una importante caída en los niveles de recaudación tributaria. El 15 de noviembre comenzaron a pagarse parte de los haberes atrasados, pero con ello no logró frenarse los movimientos de protestas apoyados por todos los sectores de la población, incluidos curas y monjas que salían a la calle con el pueblo. Los médicos del hospital de niños denunciaron un alarmante deterioro en la salud de la población infantil, con  un aumento inquietante de la desnutrición y la mortalidad a causa de la falta de una política sanitaria.
De inmediato se inició la aplicación de la ley con la intervención al Consejo General de Educación (CGE) y la cesantía de los empleados públicos contratados, mientras continuaban cortados los servicios del IOSEP por huelga de los empleados ante la falta de pago de sueldos. Arreciaban las denuncias de la existencia de “ñoquis” (es decir de empleados que cobraban sin trabajar) en distintas áreas de la administración pública, de aumentos de sueldos a un reducido grupo de funcionarios de los tres poderes que percibían cifras elevadas frente a la quebrada economía provincial,  de contratistas enriquecidos mediante un sistema clientelar perverso, rutas en mal estado que encarecían la producción, cierre de los comedores infantiles a pesar de que la provincia recibía fondos de la nación de $500.000  mensuales para su funcionamiento, y el abandono del hospital de niños que carecía hasta de oxígeno.
Durante fines de noviembre y la primera quincena de diciembre los paros, reclamos y movilizaciones no cesaban. La intervención del CGE había detectado serias irregularidades y no podía establecer el número de docentes que se afirmaba eran más de 23.000 sobre 12.000 cargos presupuestados; uno por cada seis alumnos. Los comercios cerraban sus puertas en apoyo a los trabajadores y jubilados ya que pasaban  el peor momento en muchos años, con la baja de hasta el 90% de las ventas. Se esperaba la ayuda nacional como única alternativa de salvación. El IOSEP había dejado de prestar servicios a raíz de una deuda estimada en $3.500.000 que mantenía el gobierno con los prestadores de salud. La educación, en estado calamitoso, había provocado que un medio periodístico porteño calificara a Santiago del Estero como la “capital de burrolandia”, porque sólo se había dictado un 60 % de las clases previstas para el año.
Los primeros días de diciembre se resolvió realizar  apagones y paro general de los comerciantes locales, que marcharon junto a los empleados públicos mientras el Banco Provincia cerraba sus puertas. Los ánimos se caldeaban día a día y el 6 de diciembre comenzaron los primeros incidentes con jubilados agolpados frente al banco en reclamo del pago de sus haberes. La indignación aumentó cuando se supo que la población santiagueña bebía “agua cruda” porque el Estado provincial no había  pagado una deuda de $18.000 a los proveedores de cloro. En las estadísticas nacionales Santiago del Estero figuraba como la “capital del paro”.
El personal del Banco Provincia levantó la huelga pero sólo para pagar a los jubilados, mientras se advertía un alarmante aumento de niños desnutridos en el hospital Eva Perón y se detectaban doce barrios de alto riesgo socio económico en la Capital. Los docentes tomaban las escuelas pacíficamente, los jueces acumulaban causas sin resolver y se hablaba de actos de corrupción en donde estaban incriminados varios ex funcionarios, entre ellos el propio ex gobernador Iturre, y el diputado nacional Crámaro, su cuñado.
El 10 de diciembre juraron los nuevos diputados al tiempo que los estatales reiniciaban los paros comandados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los docentes, los trabajadores de la salud nucleados en ATSA y los profesionales médicos. La  paralización económica por falta de fondos y medios, era total. El gobernador Lobo gestionaba infructuosamente ante las autoridades nacionales el envío urgente de fondos. El 15 de diciembre asumieron nuevos ministros en un último intento de revertir lo irreversible. La CGT declaró alerta y movilización en medio del descontento general ante la falta de pago de los salarios. La casa de gobierno era el punto de encuentro de empleados públicos, docentes, municipales, judiciales, jubilados, médicos y enfermeros. El 15 el desconcierto era generalizado y las protestas sociales se multiplicaban por distintos lugares de la provincia.
El 16 y 17 de diciembre el caos fue total. El pueblo oprimido por un sistema clientelar y corrupto, con tres meses de sueldos públicos adeudados, con hambre, bronca e impotencia,  salió a protestar desbordando las conducciones gremiales. Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido” se fueron desencadenando los sucesos que culminaron con el incendio y destrucción de la Casa de gobierno, del palacio de tribunales y de la sede de la legislatura, ante la mirada indiferente de las fuerzas policiales que se retiraron. Grupos enardecidos dejaron en cenizas las viviendas de los principales dirigentes peronistas incluidas las de Juárez, Mujica, Iturre y Crámaro. La casa de Zavalía también fue blanco de la ira de los exaltados, pero el caudillo radical, atrincherado con un grupo de seguidores, se defendió a balazos. Las imágenes de la ira popular recorrieron el país y se expandieron por el exterior. La rebeldía santiagueña, dormida durante siglos, había hecho eclosión en forma desmesurada en medio del descontrol y el caos. El 17 de diciembre de 1993 fue anunciada la intervención a la provincia. La Cámara de Diputados de la nación designó interventor al ex secretario de industria y comercio Juan Schiaretti. Ese mismo día llegaron tropas de gendarmería que reprimieron por la fuerza los conatos de rebelión y pusieron fin a los desmanes.
No sólo quedaron los restos humeantes de los edificios quemados como mudos testigos de la ira popular, sino también numerosos heridos y detenidos. El 18 de diciembre de 1993 asumió Schiaretti, puesto en funciones por el ministro del interior Carlos Ruckauf (luego gobernador de la provincia de Buenos Aires) en un acto realizado frente a la destruida  casa de gobierno, en medio de silbidos de la gente congregada en la plaza San Martín y de gran despliegue de gendarmes. El ex gobernador Fernando Lobo fue abucheado y tuvo que retirarse con fuerte custodia. El interventor responsabilizó del estallido social a las “administraciones anteriores sumidas en una crisis moral y ética” y prometió investigar la corrupción. Sus principales anuncios fueron: pago de $500 a todo el personal estatal en actividad, a cuenta de la deuda salarial total, pago de $300 a todos los jubilados a cuenta de la deuda, y sueldos máximos de $3.500 incluidos los de los jueces. Dos días después asumieron los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia y comenzó el pago de los adelantos con largas colas vigiladas por tropas de gendarmería. La intervención federal, integrada mayormente por hombres del equipo del ministro de economía Domingo Cavallo, con una importante inyección de dinero, puso en marcha el andamiaje para llevar efectivamente a cabo la reforma del Estado a través de la cuestionada “ley ómnibus”, a la vez que apoyar la reforma constitucional impulsada por Menem. 

Conclusión en busca de una explicación causal

    La pregunta sobre cuáles fueron las causas de la pueblada santiagueña encuentra generalmente distintas respuestas según de dónde provengan. Para antiguos funcionarios entrevistados, respondió a la acción directa de agitadores profesionales con ¨tonada cordobesa y tucumana¨, que respondían a César Aráoz (primer candidato con aspiraciones a interventor) y a Ramón (Palito) Ortega (entonces gobernador de Tucumán).
Para la prensa local, grupos de ¨enardecidos manifestantes¨( El Liberal y Nuevo Diario) atacaron a pedradas la casa de gobierno y los hechos se desencadenaron cuando fue herido en la cabeza el jefe de policía. A partir de allí fue el caos. La situación no pudo dominarse, agravada por el retiro de las fuerzas policiales que no contaban con elementos antimotines. Para una de las principales dirigentes de ATE, el pueblo superó a los dirigentes. Y fue así, hombre y mujeres hartos de la corrupción, con hambre por los sueldos atrasados, con bronca por la aplicación de la ley ómnibus que dejaba a muchos trabajadores en la calle, por el ajuste, por la falta de respuestas, por el desgobierno en general, para recuperar su dignidad, reaccionaron en una explosión sin precedentes.
La dimensión analítica planteada en un principio debe ser, sin lugar a dudas, más abarcativa y compleja. Las investigaciones realizadas, los videos registrados en el transcurso de los acontecimientos, más los relatos de la gente común que vivió y actuó en los sucesos, nos permiten ampliar el panorama. A los cientos de manifestantes que intervinieron directamente incendiando y saqueando los edificios de los tres poderes del Estado provincial y las doce viviendas de políticos peronistas, debemos agregar a todo el pueblo santiagueño que participaba de los sucesos de distintas maneras: mirando asombrados por televisión; escuchando trasmisiones de radios de frecuencia modulada que narraban los principales sucesos a la manera de un partido de fútbol anunciando hacia dónde se dirigían los manifestantes; desde las veredas de sus casas, viendo pasar a hombres, mujeres y niños que marchaban incesantemente hacia y desde los distintos lugares donde se desarrollaban las acciones;  en el mismo escenario de los sucesos comentando, alentando a los manifestantes, riéndose de las situaciones tragicómicas que se suscitaban;  llevándose ¨souvenirs¨  recordatorios de la jornada: desde ventiladores, muebles lujosos, computadoras, equipos de aire acondicionados, sacones de piel, hasta plantas, portarretratos, adornos, bebidas, elementos de limpieza...
No faltaron los cuadros pintorescos: un grupo de ¨changuitos¨ santiagueños aprovechó la ocasión para darse un chapuzón en la pileta de natación de la casa de Iturre ante la algarabía de los mayores; un hombre transportaba una mesa sobre una bicicleta. También los hubo simbólicos: la imagen de aquel empleado público sentado en el sillón del gobernador en el balcón de la casa de gobierno, o las bancas de los diputados arrojadas desde el balcón de la legislatura mientras se nombraba a viva voz a quienes las habían ocupado horas antes. No sólo se dio la apropiación de los espacios públicos, se dio también la apropiación de los símbolos del poder.
Nada quedó en el interior de los edificios destruidos, sólo cenizas humeantes. En los días sucesivos los lugares ¨purificados¨ por el fuego (como el mito de la Salamanca), eran continuamente visitados por un público heterogéneo que, en una especie de ¨city tour¨ recorría la ciudad de un extremo a otro comentando los sucesos.
El objetivo era claro: destruir los símbolos del poder y la corrupción. Todo lo demás fue respetado: el teatro y el museo de ciencias antropológicas que se encuentran debajo de la legislatura fueron preservados por los manifestantes; las propiedades vecinas a las de los políticos también; no hubo saqueos a supermercados, ni almacenes, ni tiendas, sólo fueron ¨expropiados¨ depósitos de mercaderías mandadas por el ministerio de Bienestar Social para ayudar a los necesitados,  que se encontraban en los domicilios incendiados de algunos ex funcionarios.
No participó una ¨turba enardecida¨ como expresaban los medios: las columnas de manifestantes estaban integradas por empleados administrativos, judiciales, municipales, docentes, enfermeros, profesionales, intelectuales, curas y monjas católicos, además de todo el pueblo santiagueño que directa o indirectamente participaba de los sucesos.
¿Cómo explicar a siete años de los sucesos que los principales políticos cuestionados entonces están hoy nuevamente en el gobierno? Quizás tenga que ver con la matriz política santiagueña, con las tradicionales estructuras de gobierno clientelar imperantes en la provincia, con formas aún vigentes - sutiles y no tan sutiles - de  represión  de ideas opositoras. En el clientelismo político las relaciones clientelares se tejen en forma compleja y a través de los años. Conforman una verdadera pirámide clientelar donde no sólo interesa saber quién da las prebendas (colchones, chapas, bolsas de alimentos, cargos o casas), sino cómo las da. Las relaciones entre patrón y cliente son personales, de allí que las lealtades que se construyen son difíciles de destruir.
Desde los sectores de poder se pretende que el santiagueño sea un pueblo sin memoria. Que Santiago del Estero, la ¨madre de ciudades¨, la ciudad más antigua del país, no preserve sus monumentos históricos, sus archivos, sus escritores, sus artistas, sus trabajadores, sus pensadores, sus pequeños y medianos empresarios, sus niños , sus jóvenes que emigran ante la falta de trabajo, sus ancianos sin sustento, la salud de su población,  sus hombres y mujeres en general que son su principal riqueza.
Sin embargo el pueblo santiagueño atesora en su memoria colectiva los recuerdos del 16 de diciembre de 1993 como el día en que su rebeldía dormida salió a la luz y estalló ante la injusticia, la corrupción, el ajuste, el desgobierno. Un pueblo sin memoria es un pueblo a la deriva en el devenir de la historia. Los santiagueños y santiagueñas queremos conservarla y recrearla para poder vislumbrar un futuro más digno para las nuevas generaciones.

Santiago del Estero, diciembre del 2000


Fuentes y bibliografía

Fuentes

-          Boletín Oficial; Leyes y decretos; Santiago del Estero, 1990-1993.
-          El Liberal, Números varios; Santiago del Estero; 1993/1999.
-          Entrevistas a gremialistas, políticos, curas y pobladores de Santiago del Estero.
-    Fotografías colecciones de El Liberal, Nuevo Diario y colecciones particulares.
-          Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Censo 1991; otros datos citados.
-          Nuevo Diario; Números varios; Santiago del Estero; 1993/1999.
-          Videos y filmaciones particulares.

Bibliografía
-          Aróstegui, Julio; Cambio social e ¨historización¨ de la experiencia; Inédito.
-          Auyero, Javier; El juez, la reina y el policía. Etnografía, narrativa, y los sentidos de la protesta; State University of New York – Stony Brook; 18 de marzo de 2000; Inédito.
-          Auyero, Javier; ¨Desde el punto de vista del cliente. Repensando el tropo del clientelismo político¨, en Apuntes de investigación del CECYP; Año II, Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-          Dargoltz, Raúl; El santiagueñazo; El Despertador; Buenos Aires; 1994.
-          Díaz Gallardo; Santiago en llamas; Video; Santiago del Estero; 1994.
-          El estallido social en Santiago; El Liberal; Santiago del Estero; 1994.
-          Farinetti, Marina; ¨Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan¨, en Apuntes de investigación del CECYP; Año II, Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-          Soldano, Daniela; ¨La vida política de un mundo clientelar¨, en Apuntes de investigación del CECYP; Año II, Nº 2/3; Buenos Aires; 1998.
-          Tenti de Laitán, María Mercedes; ¨Cien años de Historia¨; en Retrato de un siglo; El Liberal; Santiago del Estero; 1998.
-          Zurita, Carlos Virgilio; ¨El incendio y sus vísperas¨ en Revista de Ciencia y Tecnología; Nº 1; Santiago del Estero; 1994.




[1] Se denominó Cordobazo a la protesta de obreros y estudiantes de la ciudad de Córdoba  en 1969 contra el gobierno militar de Onganía, duramente reprimida por la policía, con saldo de varios muertos y que generó manifestaciones de solidaridad en casi todas las ciudades del territorio argentino.
[2] La dotación de empleos públicos por contrato es uno de los métodos más empleados en el régimen clientelar.
[3] Sector que responde al veterano caudillo peronista Carlos Juárez, gobernador en cinco períodos de gobierno; actual gobernador de Santiago del Estero.
[4] Posteriormente tanto Bonacina como Ruiz se separaron del radicalismo y constituyeron sendos partidos. Actualmente Bonacina preside el Mociso (Movimiento Cívico y Social) y Ruiz el Frepaso santiagueño.
[5] José Luis Zavalía fue nuevamente Intendente de la Capital tras ser electo en  1999, luego de renunciar a su banca de diputado nacional.
[6] La clausura de los ferrocarriles fue un duro golpe a los pueblos surgidos a lo largo de las vías. Sin ellos las comunicaciones eran dificultosas por los malos caminos y muchos quedaban sin agua potable que era transportada por vagones cisternas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

MARÍA MERCEDES TENTI: Dra. en Ciencias Sociales, investigadora, autora de “La formación de un estado periférico. Santiago del ...