FORMACIÓN Y CAMBIOS DEL ESTADO ARGENTINO Entre el siglo XIX y el XXI

MARÍA MERCEDES TENTI

Para Oszlak la estatidad supone una serie de propiedades: 1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana; 2) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructuras de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción; 3) capacidad de diferenciar su control, a través de instituciones públicas, profesionalización de sus funcionarios y control centralizado sobre sus variadas actividades: y 4) capacidad de internalizar una identidad colectiva, a través de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y permiten el control ideológico como mecanismo de dominación.

El Estado nacional es una instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política; es decir una relación social y, al mismo tiempo, un aparato institucional. La existencia del estado presupone la presencia de condiciones materiales que posibiliten la expansión e integración del espacio económico (mercado) y la movilización de agentes sociales que instituyen relaciones de producción e intercambio mediante el control y empleo de recursos de dominación. La formación de una economía capitalista y de un estado nacional son aspectos de un proceso único. El estado nacional surge en relación a una sociedad civil que tampoco adquirió el carácter de sociedad nacional. El tema de la estatidad no puede desvincularse del tema del surgimiento de la nación.

En la Argentina el período de conformación del estado arranca en 1860 y culmina en 1880. Desde el punto de vista formal, los instrumentos del gobierno habían sido delineados por la Constitución de 1853 con el establecimiento de tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero la organización y el afianzamiento de esas instituciones de gobierno no fueron activos durante el período. La caída de Buenos Aires en 1880 fue la manifestación más clara de que la relación provincias-Nación había cambiado.

A partir de 1880 las formas de dominación del Estado oligárquico aparecen asociadas a líderes político-militares (caudillos de élite) y a un sistema de favores y lealtades propios de la oligarquía, conformada por un grupo cuyos miembros tienen capacidad para concentrar el poder económico, controlar el poder político y colocarse en la cima del poder social. Se excluía a quienes no pertenecían a las élites conformadas por intrincadas redes familiares. Estos sectores burgueses iban a emprender un proceso de modernización, sentando las bases de un país agroexportador y receptor de inmigración masiva y de capital externo. Los partidos políticos del ‘orden conservador’ (liberales en lo económico y conservadores en lo político) carecían de programas y se reunían en torno a caudillos de élite.

La conformación del la Unión Cívica Radical en 1891 inauguró en el país la etapa de los partidos políticos modernos, con democracia interna, dispuestos a enarbolar el respeto a la Constitución Nacional y a las prácticas democráticas en el sistema político argentino. Luego de la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1916, el radicalismo accedió al Poder Ejecutivo. El Estado democrático se conformó para desplegar una política que privilegiaba  -por lo menos en un principio- el arbitraje como base de la relación social. El yrigoyenismo impulsó una política reparadora capaz de hacer posible la vigencia del juego democrático a través de los partidos políticos y el respeto a la Constitución Nacional.

En 1930 se produjo la crisis del Estado oligárquico y liberal; cerró una etapa de la historia argentina –la del crecimiento hacia fuera- y dió origen a la presencia del Estado militar intervencionista. Se inauguró en el país un ciclo de crisis permanente, de democracia restringida que desembocó, hacia 1966,  en el Estado burocrático-autoritario. Entre ambos extremos el Estado nacionalista y popular, que aparece en los años 40 y hasta 1955, inauguró una nueva etapa de transformación del Estado nacional.

Con el Ejército en el poder en 1930 y junto a él una fracción importante del nacionalismo y la colaboración del neoconservadorismo, se rompió por primera vez en el país el orden institucional, al mismo tiempo que cobró cuerpo el Estado intervencionista que dejó sentir su presencia en la economía, las finanzas y la sociedad argentina. El auge del poder militar coincidió con la crisis de un sistema económico agroexportador que hizo próspera a la Argentina.

El golpe militar del 4 de junio de 1943, inauguró una etapa signada por el liderazgo vertical, popular y nacionalista de Juan Domingo Perón. Nació el Estado dirigista y planificador, sustentado en el principio democrático, pero más heterogéneo y complejo de lo que su estructura monolítica supone. En este tipo de gobierno populista, de matriz estado-céntrica, la participación popular no sólo es el ejercicio del sufragio, sino también la asistencia a actos públicos, ritos y festivales donde se exhibía el entusiasmo, con símbolos que identificaban el ideario democrático-popular. La seducción populista como régimen en el poder y como moviente social y político implicaba: un estilo personalista de liderazgo carismático; un discurso político de confrontación (pueblo versus oligarquía), un mecanismo de patronazgo y de articulación líder-base clientelar.

El populismo se convirtió en una respuesta a los procesos de aceleración de la industrialización, la diferenciación social y la urbanización, que incorporó a los sectores subalternos, promoviendo la alianza entre obreros y pequeña burguesía. El populismo era un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido.

En junio de 1966, después de la desperonización emprendida por los hombres de la denominada Revolución Libertadora y de períodos breves de democracia débil, se inauguró el tiempo de la llamada Revolución Argentina y con ella la vigencia del Estado burocrático autoritario, hasta fines de 1983. Este tipo de Estado resultó garante y organizó la dominación, ejercida a través de una estructura de clases subordinada a los sectores superiores de una burguesía oligopólica y transnacionalizada, como su principal base social. Institucionalmente estaba compuesto por un conjunto de organizaciones coactivas, dedicadas a la “normalización de la economía”. El estado burocrático autoritario, deseaba cumplir dos tareas esenciales: la reimplantación del ‘orden’ en la sociedad, subordinando al sector popular, y la restauración del sistema económico.  Se estructuró como un sistema de exclusión política de los sectores populares, consolidando la dominación social y sesgando la distribución general de recursos.

El Estado burocrático autoritario suprimió la ciudadanía y la democracia política; representó la prohibición de lo popular y se respaldaba en la coacción. Tendió a acrecentar las desigualdades, al suprimir las instituciones canalizadoras de las demandas de justicia social. A pesar de su discurso marcial y patriótico negaba la representación de la  Nación a la que hacía referencia.

En 1983 se produjo la recuperación de la ciudadanía por parte de la sociedad argentina, de la mano de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, después de más de siete años de dictadura militar. Comenzó a instaurarse un Estado democrático y de política deliberativa: se incrementó la participación popular, se organizaron los partidos políticos, la prensa comenzó a desenvolverse con libertad. Entre los vaivenes de juicio a las juntas y levantamientos militares carapintadas, poco a poco se fue consolidando la transición democrática.

A pesar de los intentos de consolidación económica. frente al incremento descomunal de la deuda externa y la inflación, la coyuntura de 1989  condujo a la hiperinflación y al triunfo peronista encabezado por Carlos Menem. Con el menemismo se produjo un viraje en la concepción del Estado, al abordar la denominada Reforma del Estado, de orientación neoliberal y con una fuerte matriz mercadocéntrica.

La reforma del Estado en la Argentina, si bien comenzó a gestarse a fines del período presidencial de Alfonsín, aunque con la severa oposición del parlamento en especial de los diputados y senadores justicialistas, se llevó a cabo durante el gobierno peronista siguiente. El objetivo era poner en práctica el nuevo rol del Estado, decisorio en la formulación de políticas necesarias para convalidar un nuevo modelo del propio Estado que resumía en sí mismo los intereses de los grupos financieros externos -especialmente de los acreedores- y de los grupos económicos nacionales e internacionales que buscaban la reconversión de la economía para convertirse en beneficiarios directos de la nueva configuración del aparato estatal, en el marco de posturas neoliberales.

La propuesta menemista no implicaba sólo la privatización de las principales empresas estatales, sino que comprendía una reforma integral que abarcaba prácticamente todos los estamentos del Estado. Los diez objetivos trascendentes: relocalización del Estado, redistribución de la economía, reorganización del gobierno, reconversión de la descentralización, recreación del control, reinstalación legislativa, redefinición federal, redimensión municipal, reformulación del derecho y finalmente, renovación del Estado. El proyecto era amplio  y contemplaba prácticamente todos los resortes del Estado y de la burocracia estatal. Tres leyes le daban sustento jurídico conjuntamente con varios decretos del poder ejecutivo: la ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y reestructuración de empresas públicas, la ley Nº 23.697 de Emergencia económica y social (las dos de 1989)  y la ley Nº 24.629, ampliatoria de la Reforma del Estado, de 1996.

Los propósitos eran vastos. Por un lado, conformar un sector público con capacidad de decisión, moderno y eficiente y, por otro, buscar la mejor asignación y utilización de recursos a través de la privatización de empresas públicas,  regulación de mercados monopólicos de servicios públicos, reforma administrativa, transformación del sistema de administración financiera y control de gestión y desregulación.

Con este modelo, el Estado fue desprendiéndose de roles tradicionalmente básicos en la sociedad argentina. Todo esto, sumado a un proceso de desindustrialización, aumento de la deuda externa, precarización laboral, crecimiento del desempleo y surgimiento de movimientos sociales como consecuencia de la exclusión social, entre lo más destacado, fue conduciendo a la Argentina a un camino que hizo eclosión en la crisis del 2001.

Hacia dónde vamos en este siglo XXI? Se observa una recuperación del rol del Estado frente a los avances del mercado. Un rol más activo en la regulación de la economía.  Una suerte de combinación entre Estado, capitales nacionales y mercado. Estamos frente a la recuperación de la concepción de que el Estado debe jugar un papel preponderante en la conducción tanto del modelo de desarrollo económico-social, como en la gestión de los recursos que son imprescindibles para asegurar su continuidad y profundización. ¿Será este el camino? Más allá de estos interrogantes resulta claro que, cuando el diseño de la sociedad parecía que iba a quedar por completo en manos del mercado, la política volvió a instalarse en procura de asignar un nuevo rol al Estado, pero con la participación de todos los sectores involucrados. 

EL TIEMPO DE LA DICTADURA

Por María Mercedes Tenti

El año 1976 implicó un cambio significativo, no sólo por el inicio de la dictadura más cruel y violenta de la historia argentina del siglo XX, sino también porque marcó el comienzo de un proceso de reconversión económica y social que, en parte, fue el eco de la crisis mundial iniciada en 1973 como consecuencia de la suba de los precios del petróleo.

A partir de 1976, una vez más, las Fuerzas Armadas se constituyeron en actores políticos directos de la vida nacional y desplazaron del poder al partido peronista que había sido elegido democráticamente en 1973 con el apoyo del 49.5 % de los votos. Sin embargo,  la mayoría de los argentinos no ofreció resistencia, como consecuencia de la estancada economía, la violencia generalizada, la crisis de autoridad del gobierno nacional, la falta de credibilidad y el deterioro de la autoridad presidencial.

El asalto militar al poder en 1976 se inscribe en una tradición de conductas ‘pretorianas’ de una sociedad que, en parte, descreía de la democracia política y ponía en tela de juicio la legitimidad de un gobierno débil como el de Isabel Perón. La dictadura militar tuvo como principal objetivo la instauración de un nuevo orden para reestructurar la sociedad argentina, transformando la estructura de los partidos políticos e instaurando una larga hegemonía militar.

La gran prensa nacional abaló el golpe. Las Fuerzas Armadas buscaron legitimar su intervención en el escenario político argumentando, a través de una estrategia discursiva, vacío de poder, caos económico y social, peligro de la ‘subversión terrorista’, disolución de la nación y anarquía. Los comportamientos pretorianos de la sociedad a lo lago del siglo XX revelan la poca creencia de ciudadanos y dirigentes en los valores de la democracia. El pretorianismo es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política. La politización de las Fuerzas Armadas y su participación en el sistema político comenzó en la Argentina, a partir de 1930.

El Estado burocrático autoritario, instaurado, pretendía establecer un nuevo orden político en el que las Fuerzas Armadas tuvieran una participación orgánica y estable en el sistema de decisiones. De inmediato el autoritarismo militar pretendió poner en marcha un plan de reforma económica y de disciplinamiento social. A partir de la gestión del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz se fue suprimiendo la función subsidiaria del Estado y alentando la apertura de la economía. Paralelamente se organizó un aparato represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras, acallar todas las voces opositoras y modificar el comportamiento de los actores políticos y gremiales.

El régimen militar pretendía afianzar una nueva hegemonía en la sociedad. Las Fuerzas Armadas debían jugar un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria.

El Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional establecía un cuerpo colegiado, la Junta Militar, como órgano supremo del Estado y un órgano unipersonal, el presidente de la Nación, como ejecutor de las grandes políticas acordadas por el poder supremo. Se puede calificar a este gobierno militar como una dictadura institucional, impersonal, del conjunto de las Fuerzas Armadas, que se arrogó el poder constituyente, por encima de la Constitución Nacional. La organización del régimen miliar puso fin al estado de derecho.

Se suprimió la vida política del país, los mandatos de presidente y gobernadores, se disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los miembros de la Corte Suprema, se removieron jueces, se suspendió la actividad política de los partidos y la actividad gremial de los trabajadores, empresarios y profesionales. Las Fuerzas Armadas, en una actitud mesiánica, aparecían como garantes de los principios y valores constitutivos de la Nación, que darían “apertura a un nuevo ciclo histórico” para constituir una ‘convergencia cívico-militar’ heredera del Proceso de Reorganización Nacional. Se pretendía la prolongación en el tiempo de formas autoritarias de gobierno.

Las condiciones para el retorno a la democracia eran la conclusión de la lucha antisubversiva, la consolidación de un orden económico adecuado y la renovación de los partidos políticos. Se imaginó como punto de llegada para el orden autoritario una convergencia cívico-militar, con un sistema político pluripartidista. Se buscaba la continuidad del nuevo orden político en gestación. De esta manera, las condiciones para el diálogo estaban impuestas y sólo participarían aquellos que compartieran la filosofía política del gobierno militar.

En la economía se produjo un cambio radical en el que nuevos grupos de poder se beneficiaron en un proceso de acumulación centrado en un mercado financiero que operaba sin restricciones y abierto al exterior. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas productoras. El resultado fue el quiebre de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos bancos y organismos financieros que otorgaban plazos fijos, hasta a ‘siete días’. 

A partir del proceso iniciado en 1976 se fue abandonando la matriz Estado-céntrica que, desde los 40’ privilegiaba el pleno empleo, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento sobre la base de la protección de la industria sustitutiva y el papel del Estado como regulador del salario y como garante del bienestar de las personas, mediante diversas formas de prestaciones sociales. El quiebre de ese modelo y su reemplazo por una matriz mercado céntrica no mejoró la calidad de vida de la sociedad argentina, sino que, por el contrario, se generó un proceso de exclusión social nuca visto hasta entonces y que persiste en la actualidad.

El gobierno de facto se proponía terminar con el rol distributivo del Estado, con la matriz Estado céntrica y, a partir de 1978 comenzaron a implementarse políticas de estabilización monetaria, propias del modelo neoliberal de apertura financiera que intentaba articular una economía abierta al comercio internacional, equiparando los precios internos a los del mercado mundial. Esto produjo un alto endeudamiento en dólares, la apertura comercial, la quiebra de la industria nacional ante la competencia extranjera y, finalmente, en 1980 una crisis financiera que provocó la quiebra de varias instituciones bancarias, fuga de capitales privados y aumento del endeudamiento público. La nueva matriz mercado céntrica condujo a una creciente desnacionalización de la riqueza.

En el mundo del trabajo se aplicó una política de ‘disciplinamiento’ que implicaba someter a los obreros a un fuerte proceso de disciplina laboral, como imponer el silenciamiento de las dirigencias gremiales y políticas de los trabajadores. El régimen militar llevó a cabo una durísima represión que comprendió desde la ocupación militar de las fábricas hasta la persecución y desaparición física de centenares de militantes gremiales. Además los militares desestructuraron el inmenso poder político de la dirigencia sindical tradicional y se negó al diálogo con los sindicatos. Al final del período, el deterioro y de desgaste de la dictadura militar permitieron, en cierta medida, la recomposición de las estructuras gremiales.

Si bien el golpe militar surgió en medio de un clima de violencia e intolerancia política, con represión ilegal y paraestatal, en el gobierno de María Estela Martínez, durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional esos métodos se oficializaron y generalizaron. Se profundizó la desintegración social al imponerse un verdadero régimen de terror que apelaba a la eliminación y desaparición de personas. Al haber eliminado las instituciones democráticas y republicanas, los militares organizaron una represión clandestina encargada de secuestrar a opositores políticos, que eran recluidos en centros clandestinos de detención en los que se convirtieron en ‘desaparecidos’ hasta ser asesinados, la mayoría, con total impunidad.

La dominación autoritaria puso en marcha un sistema represivo nunca antes visto en la Argentina, basado en la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos fundamentales del hombre. El Estado autoritario organizó una estructura represiva paralela y oculta que controlaba ‘centros clandestinos de detención’ y los denominados ‘grupos de tarea’. El sistema de detención-desaparición respondió al objetivo de someter al individuo al mayor aislamiento y soledad, con la intención de desconectarlo de la vida pública y privada, para facilitar la rapidez de las investigaciones. El detenido-desaparecido privado de toda protección legal y de defensa, fue sometido al dominio total de sus captores (siendo torturado, forzado a colaborar, asesinado) sin que se dieran noticias de su persona.

La respuesta extendida de la sociedad argentina fue el silencio generalizado. Actitud similar fue asumida por la cúpula de la Iglesia Católica, por la dirigencia sindical tradicional y por la prensa.

El rol opositor fue asumido fundamentalmente por los organismos de derechos humanos que se constituyeron en las únicas caras visibles y voces de protesta al silencio impuesto por la dictadura militar. La lucha por los derechos humanos interpeló los fundamentos del orden autoritario y montó un nuevo escenario que organizó una relación diferente entre derechos humanos y política.

Derechos humanos y autoritarismo son dos términos que resultan irreconciliables. La consigna ‘aparición con vida’ voceada por las Madres de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, creó un espacio político delimitado por el campo de los derechos humanos, que, desde entonces, coincide con el espacio público político. En una segunda etapa (entre 1878 y 1981) la oposición política rompió su aislamiento y comenzó a emerger con algunos pronunciamientos y manifestaciones públicas para comenzar a disputar al Estado autoritario el campo de la política.

Aunque los militares fueron los principales responsables del genocidio, esto no implica desconocer la colaboración prestada por amplios sectores de la sociedad, ya sea mediante el apoyo explícito a la dictadura o a través del silencio que ayudó a conformar el consenso civil al régimen. Las evidencias del apoyo de políticos, empresarios, obispos y periodistas al gobierno dictatorial son irrefutables.

Pero el mayor impacto fue sin duda el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil a partir de dos acontecimientos diferentes como el fútbol y la guerra. Esto se pone de manifiesto en las imágenes del mundial 78’ y el mundial de fútbol juvenil de Japón del año siguiente. El primero fue una impresionante operación de búsqueda de consenso y legitimidad y de ocultamiento de las aberrantes violaciones de los derechos humanos. En el segundo, mientras el presidente Videla saludaba desde los balcones de la Casa Rosada a una manifestación que festejaba el triunfo futbolístico, familiares de desaparecidos hacían largas filas ante la sede de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para formular sus denuncias.

Tal vez la sociedad de entonces quiso negar una realidad que no podía afrontar y que le generaba sentimientos contradictorios. Lo que resulta difícil de sostener es el argumento del desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando por los testimonios personales, comentarios, denuncias de los familiares de las víctimas y la atmósfera irrespirable de la época que llevaba a percibir el modo de actuación del Estado autoritario. El informe condenatorio de la CIDH, conocido en 1980, ratificaba las denuncias y daba una condena moral a la par que avalaba el reclamo de los familiares de ‘aparición con vida’ y ‘castigo a los culpables’. Por entonces Adolfo Pérez Esquivel fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en un claro reconocimiento al movimiento por los derechos humanos.

La guerra de Malvinas, en 1982, fue también una operación destinada a buscar consenso social, operación que llevó a cientos de soldados mal entrenados y peor armados a la muerte y a una segura derrota. Resulta difícil comprender el masivo apoyo que, con diversos matices, brindó casi todo el arco político y gremial a la ‘recuperación de las Malvinas, imbuidos de un espíritu nacionalista o antiimperialista. El desastre militar cambió la recepción de la población, de los medios de comunicación y de la dirigencia política.

Hacia 1982 el régimen militar se hallaba debilitado no sólo por el fracaso del proyecto económico, sino porque tampoco había logrado imponer el disciplinamiento social y político, aunque dio una definitiva derrota a la guerrilla urbana y rural. Además de los enfrentamientos internos y el desgaste internacional como consecuencia de la acción de los grupos de derechos humanos, desde que en 1977 se realizó la primera marcha de las Madres en torno de la Plaza de Mayo, la derrota de Malvinas marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar, su repliegue y el reordenamiento desordenado de la actividad política y de una breve, compleja y tumultuosa transición a la democracia.

El fracaso del proyecto económico, el desprestigio del gobierno, la débil unidad de las Fuerzas Armadas y el despertar de la sociedad civil son los elementos principales que rodearon la aventura de Malvinas. El desembarco argentino el 2 de abril de 1992 conmovió al país y unificó los sectores detrás de la reivindicación histórica. El régimen se lanzó en una operación audaz e irresponsable a la conquista de consenso y al fortalecimiento de la unidad militar; se utilizó la guerra como forma de legitimación. La rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio dio por terminada la aventura del Atlántico Sur y concluyó el intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra.

El fracaso desprestigió totalmente a los militares y apresuró la descomposición del orden autoritario. Luego de la derrota vino la crisis de posguerra. La sociedad no ocultó su frustración y descontento. El conflicto interno que se suscitó quebró la unidad de las Fuerzas Armadas. Luego de cambios de conducción, los jefes de las tres fuerzas decidieron consensuar con los partidos políticos la transición democrática.

Realizadas las elecciones en 1983 fue electo presidente el radical Raúl Alfonsín por el 52 % de los votos, que barrió el reducido espacio de negociación de las Fuerzas Armadas. El 6 de diciembre se disolvió la Junta Militar y tres días después se puso fin al Proceso. El triunfo electoral del radicalismo, del 30 de octubre de 1983, tuvo un doble significado: clausuró el régimen autoritario de 1976 y cerró el sistema de alternancia de poder entre civiles y militares y quebró la hegemonía electoral de cuatro décadas del peronismo. Un nuevo ciclo histórico se abría en la sociedad argentina: la reconstrucción de la democracia y la consolidación de un sistema político civil. 

LA IGLESIA POS CONCILIAR EN LA ARGENTINA

por María Mercedes Tenti

Sin lugar a dudas, una de las etapas más difíciles de analizar en la historia de la Iglesia Argentina es la comprendida entre las décadas del 60 y 80, caracterizada por una crisis profunda al interior de la Iglesia y del mundo católico, antes, durante y después del  Concilio Vaticano II. Se trataba de una Iglesia que, hasta entonces, se había consolidado política y socialmente, de la mano del denominado catolicismo integral y del peronismo,  y debilitado y fragmentado luego del enfrentamiento de la jerarquía eclesiástica con Perón. El desarrollo del Concilio Vaticano II, realizado en Roma entre 1962 y 1965, produjo una profunda división dentro de la Iglesia en la Argentina. Los sectores progresistas del clero querían una renovación de la actividad pastoral, mientras que la mayoría de los obispos, de posturas conservadoras,  adoptaron una actitud reservada frente a los debates de cambio.  La convocatoria conciliar fue vista  por muchos como la oportunidad de producir una transformación en la Iglesia, por ello se fueron conformando grupos que discutían la necesidad de una renovación teológica. Así,  un conjunto de docentes de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y del Seminario Metropolitano de Buenos Aires se  nuclearon alrededor del rector, Mons. Pironio, con este propósito; algunos de sus miembros publicaron un periódico llamado Notas de pastoral jocista, que planteaba la necesidad de renovación de los métodos y del espíritu del apostolado social. También, la revista Criterio asumió el objetivo de guiar al  catolicismo conciliar en el país y redefinir la presencia de la Iglesia en el mundo. Ambos grupos consideraban que la Iglesia estaba, en cierta manera, ausente del mundo contemporáneo. En la vereda opuesta se encontraban las cúpulas eclesiásticas, sustentadas en teorías tomistas, congregadas alrededor de la Universidad Católica de La Plata y de Mons. Derisi, editaban la revista Estudios teológicos y filosóficos, de tendencia integralista y nacionalista. Dentro de estas dos corrientes había posturas matizadas, que complejizaban aún más el panorama eclesiástico. En realidad, la mayoría de los obispos no estaba empapada del espíritu conciliar y muchas instituciones eclesiásticas, anteriormente importantes, como la Acción Católica, habían ido declinando su accionar y su número de socios, como consecuencia de la crisis de la propia Iglesia.  Entre los movimientos laicos, en los de la juventud era donde se advertían mayores tensiones, tal los casos de la Juventud Católica, el Movimiento Católico de Juventudes de Córdoba y la Cruzada Juvenil de La Plata. La participación de la Iglesia Argentina en el Concilio mostró esta fisura. Por un lado el cardenal Caggiano, como integrante de la Comisión Preparatoria del Concilio, aparecía como garante de la tradición y la concepción enraizada del rol de la Iglesia en la sociedad. La mayoría de los obispos de la Argentina habían ascendido a sus cargos dentro del clima de posguerra y mostraban cierta separación de la vida de los fieles, a la vez que eran defensores de la ortodoxia y del tradicionalismo. Los reformadores, más jóvenes, eran la minoría.  Estos últimos, junto con teólogos que los asesoraban, comenzaron a reunirse en unCoetus y continuaron haciéndolo después del Concilio. Querían reformar los estatutos de la Conferencia Episcopal para incorporar el principio de colegialidad impuesto por el Concilio. Bregaban por una reforma litúrgica más radical y para imponer la misa en español, que algunos resistían. En el plano pastoral insistían para que el diaconado ocupase un papel más relevante. Revalorizaban la escritura  en tanto “fruto del pueblo de Dios”. Por su lado, los conservadores dilataban el tiempo de aggiornamiento, de implementación de las reformas propuestas en el Concilio, como la modificación del Estatuto de la Conferencia Episcopal, la adopción de un nuevo Misal y la reforma de los estatutos de la Acción Católica. Estas posturas encontradas provocaban tensiones que recorrían todo el episcopado. Ello condujo al desarrollo de una actitud de introducción selectiva, moderada y gradual de las reformas. Por otra parte, los obispos que se oponían a su implementación, debían enfrentarse a la oposición de sectores del clero, como en los casos de Mendoza, Córdoba y Rosario, donde el conflicto se trasladó también a los seminarios. Todo ello condujo a una crisis sacerdotal, cierta pérdida de autoridad de las cúpulas eclesiásticas y protestas entre el clero y los laicos, muchos de los cuales comenzaron a acercarse a dialogar con el socialismo, con el marxismo y con sectores del peronismo de izquierda. El planteo de una agenda posconciliar trajo enfrentamientos entre las dos tendencias. Los primeros pujaban por una renovación rápida, apoyados por un número reducido de obispos y los segundos retrasaban los cambios. Esta polarización hizo que se dificultara la puesta en marcha de las reformas, manifestada en la creación de organismos creados al efecto, en los que sus miembros no estaban de acuerdo en cómo implementarlas. De igual manera, las formas de efectuar las reformas en las diferentes diócesis variaron según la postura de sus prelados, mostrando una evidente falta de coordinación entre ellos. Como consecuencia, parte de las innovaciones del Concilio no trascendieron a la práctica. Todo esto llevó a agudizar la división entre renovadores y conservadores. Al sector renovador adhería un número importante de sacerdotes jóvenes y unos pocos obispos también más jóvenes, contra la mayoría del sector conservador. Estas diferencias comenzaron a trascender el ámbito eclesiástico y fueron motivo de atención por parte de la prensa. Frente a esta división, aparentemente irreconciliable, intervino el papado a través del nuncio Humberto Mozzoni que comenzó a gravitar dentro del Episcopado argentino, imponiendo directivas de  Roma y los nombres de los candidatos a obispos frente a los propuestos por el entonces cardenal Caggiano. Después del Concilio, la Celam Finalizado el Concilio podemos considerar que se afianzaron tres posturas antagónicas: Por un lado, el sector ultra-conservador y renuente al  cambio, rechazaba todo intento de interpretación que condujera a la acción social o política; estaba identificado con el nacionalismo de derecha, integrista de los años 30. Por otro lado estaban quienes querían poner en práctica el Concilio y trabajaban por abandonar ciertas prácticas tradicionales de la Iglesia y abrirse más hacia la sociedad. Componían  el ala social-cristiana de la Iglesia, inspirada en experiencias católicas europeas y en políticas desarrollistas.  En tercer lugar, estaba el grupo de posturas más radicalizadas, que asumía un compromiso social manifiesto y se volcaba a la acción política. Este grupo, integrado especialmente por cuadros medios y bajos del clero regular y secular, desarrollaba su experiencia social en barrios obreros y, a partir de 1968, sus miembros integraron el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La asamblea que el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) celebró en Medellín en 1968 suele considerarse como el Concilio Latinoamericano, por su tarea de adaptar las resoluciones del Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina. Medellín significó para muchos  una intención de renovación doctrinal, compromiso social, opción por los hombres y por su liberación y el impulso a las comunidades de base. Fue el escenario de la Teología de la Liberación y de la opción por los pobres. En representación de la Iglesia argentina se destacó Mons. Pironio, luego cardenal, quien sostenía una visión moderada de esta teología. Además de Caggiano, la mayoría de los obispos pertenecía al sector conservador. También participó Quarracino, con una postura conservadora. Para el tema que estamos analizando, de Medellín interesan los procesos ideológicos posteriores. El primer documento que produjo la jerarquía católica argentina fue la Declaración de San Miguel, en 1969, que pretendía adaptar la realidad del país a las conclusiones del Concilio Latinoamericano.  A pesar que tres años antes, la jerarquía había respaldado el régimen de Onganía, en San Miguel se adoptaron declaraciones acordes al espíritu de la asamblea de Celam, como el reconocimiento de una estructura social injusta, el deber de la Iglesia de trabajar por la liberación total del hombre en contra de las estructuras injustas y opresoras, la creencia de la subordinación social a lo económico como consecuencia del accionar de grupos de opresión que generaban desequilibrios regionales, migraciones, desocupación e inseguridad. A partir de San Miguel parecía que la Iglesia sólo tenía dos opciones: Una planteaba la participación popular a través del MSPTM y movimientos apostólicos de masa, siguiendo la corriente mayoritaria entonces en el CELAM representada por el giro progresista de las iglesias de Brasil y de Perú. La segunda, revivía el discurso integralista y buscaba articular sus alianzas con nuevos sectores de la sociedad. La mayoría de los obispos argentinos adherían a esta última, por lo que la disputa terminó con la derrota de los sectores progresistas. Tres corrientes en la Iglesia Católica argentina En las décadas del 60’ y del 70’, matizada por los conflictos internacionales,  dictaduras nacionales y democracias débiles, la Iglesia en la Argentina se veía atravesada por conflictos intereclesiales, sociales y políticos.  El retorno del peronismo al poder, entre 1973 y 1976, avivó las diferencias. Las proposiciones doctrinarias de los sacerdotes tercermundistas se articulaban tras ideas de liberación, opción por el pueblo, compromiso temporal, hombre nuevo, revolución y socialismo.  Por otro lado, los sectores más conservadores se alineaban tras la antigua concepción de la nación católica, del rol tradicional de la Iglesia y del respaldo a las FFAA como garantes del orden y de los principios “occidentales y cristianos”. Entre estos últimos jugó un papel preponderante el clero castrense, que había aumentado significativamente  su número auspiciado por el Estado represivo. La persecución a los tercermundistas,  primero desde el gobierno constitucional  y luego desde el militar, ahondó la brecha intereclesial y produjo gran deserción en las filas del clero. Por otra parte, una tercera corriente moderada, luego conocida como “teología de la cultura”, comenzó a realizar nuevos planteos, colocándose en el medio de las posturas anteriores. Para los moderados, liberación debía entenderse como salvación, revolución como conversión interior, política entendida en sentido amplio, no como militancia partidaria, socialismo, lejano al marxismo, y más cercano a una interpretación nacional. Ghio reconoce, entre el tercer peronismo y la dictadura, cuatro tendencias dentro del episcopado argentino: un sector corporativo integralista, ligado a los grupos de poder tradicionales y a las FFAA a través de la Vicaría Castrense, con figuras como los obispos Tortolo y Plaza; un sector corporativo conservador –que constituía el bloque mayoritario- liderado por Caggiano, Primatesta, Aramburu y Quarracino que, si bien no denunció las violaciones a los derechos humanos, hacia fines del “Proceso” se fue alejando de las cúpulas militares; un sector democrático moderado, que trataba de aplicar los principios políticos y sociales del Vaticano II, adhería al pluralismo socio-cultural, a la tolerancia ideológica y a la democracia política, identificado con el social cristianismo europeo, representado por Laguna, Casaretto, Sueldo y Zaspe, entre otros.  En realidad, fueron minorías aisladas y desautorizadas, en muchos casos, cuando algunos se expresaron en contra los crímenes de la represión militar. Por último, el sector progresista planteaba la herencia doctrinaria de Medellín. Era una expresión también  minoritaria de la cúpula eclesiástica. Dos de sus obispos murieron tempranamente: Angelelli, asesinado y Ponce de León, muerto en un accidente automovilístico dudoso. Cuatro continuaron en esa línea -Novak, Hesayne, de Nevares y Devoto-, participando en organizaciones de defensa de los derechos humanos. El contexto de la última dictadura Instalada la dictadura militar, en 1976, la polarización se agudizó. Sectores católicos progresistas, integrados por sacerdotes, monjas y laicos, fueron detenidos, torturados y desaparecidos como muchos hombres y mujeres pertenecientes a distintos grupos de la sociedad. La Biblia Latinoamericana fue prohibida por “subversiva”.  Por otro lado, el sector más conservador avaló y respaldó el accionar de las FFAA,  frente al silencio de la mayoría. Podrían darse muchos ejemplos de una y otra postura, pero basten dos para ilustrar las mismas: En La Rioja, el obispo Angelelli fue asesinado,  en un simulacro de accidente automovilístico,  luego de la tortura y asesinato de dos sacerdotes de su diócesis. Por el otro lado,  el nuncio Mons. Laghi bendijo las armas de las tropas que iban a combatir contra la guerrilla en Tucumán, invocando el “mito de la nación católica”. La participación de miembros de la Iglesia con posturas disímiles fue una constante, posturas que difieren también en las interpretaciones de los historiadores, análisis que escapa a este trabajo. En general, este era el cuadro ideológico en la Iglesia argentina cuando se reunió la II Conferencia General del Episcopado en Puebla, en 1979. En el ínterin, había sacudido América Latina una ola de golpes de estado que instalaron nuevamente regímenes autoritarios, más severos y represivos.  En Argentina, durante el período preparatorio de la conferencia del Celam, se dividieron irreconciliablemente los partidarios de la Teología de la Liberación y quienes defendían la tesis de la Teología de la Cultura. Algunas jerarquías eclesiásticas en América Latina, como los casos de Chile, Perú y Brasil, se colocaron en la oposición a las dictaduras y en la defensa de los derechos humanos, caso no compartido por la jerarquía en la Argentina. Con la asunción del nuevo pontífice Juan Pablo II, en Puebla triunfaron los sectores conservadores, que hicieron retroceder a los sectores progresistas. A pesar de la derrota, estos últimos lograron mantener la inclusión de la opción preferencial por los pobres. En un clima más propenso a la conciliación o normalización, optó la mayoría por la teología de la cultura que usaba  los conceptos de pueblo y de lo popular pero no como oposiciones de clase, sino privilegiando la unidad y el consenso por sobre el conflicto,  y el análisis socio-cultural sobre el de clase. La cultura fue colocada en el centro de lo social y lo religioso se imponía en el centro de lo cultural.  La relación de la jerarquía eclesiástica argentina con la dictadura, según Ghio puede ser dividida en tres etapas: La primera de “legitimación a la crítica correctiva”, entre 1976 y 1980, en especial a través de la Vicaría Castrense, de justificación del aparato ideológico y de la represión. En esta etapa el conflicto con Chile fue superado mediante la mediación de la Iglesia Católica, hecho que le permitió recuperar parte del prestigio perdido.  La segunda, entre 1981 y el comienzo de la  guerra de Malvinas, de descomposición del bloque hegemónico militar, surgimiento de la multipartidaria y de múltiples protestas obreras en contra de la política económica de Martínez de Hoz; la Iglesia, a través del documento Iglesia y Comunidad Nacional, comenzó a plantear la reconciliación, aunque guardando  silencio respecto de las violaciones de los derechos humanos. En la tercera etapa, luego de la derrota de Malvinas, que trajo la descomposición del régimen militar y la apertura democrática, la Iglesia empezó a prepararse para afrontar una nueva sociedad en transformación. Aunque la Iglesia en Argentina perdió, en parte, la oportunidad de renovación y diálogo fruto del Concilio Vaticano II, en el documento Iglesia y Comunidad Nacional, de 1981, retomó el tema de la cultura basándose en la Doctrina Social de la Iglesia y en la identidad cultural de la nación. La situación eclesiástica, al momento de la recuperación de la democracia, estaba atravesada por fracturas y responsabilidades diversas, el rico impulso de la corriente posconciliar subsumido y  con la credibilidad de la jerarquía dañada frente a la opinión pública. A pesar de todo la Iglesia comenzó a transitar un nuevo camino, difícil por cierto, pero que le permitió buscar formas  de resolución de conflictos fuera del ámbito estatal y más cercano a la sociedad civil, a sus necesidades y reclamos.  Un nuevo escenario se abría a su accionar y se preparaba para enfrentar nuevos desafíos. El camino de reorganización, apertura y diálogo sigue su marcha, ahora con mejores horizontes tras la asunción al papado del argentino Jorge Bergoglio, el papa Francisco. Bibliografía Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris (2000): Historia de la Iglesia Argentina, Buenos Aires, Mondatori. Documento de la Conferencia Episcopal Argentina: Iglesia y comunidad nacional (1981), en http://www.episcopado.org/portal/download/doc_details/90-1981-documento-de-la-conferencia-episcopal-argentina-iglesia-y-comunidad-nacional.html Documento de Medellín (1968), 2ra. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, enhttp://www.celam.org/conferencia_medellin.php Documento de Puebla (1979), 3° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, enhttp://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf Documento de San Miguel (1969), enhttp://www.episcopado.org/portal/2000-2009/cat_view/150-magisterio-argentina/25-1960-1969.html Ghio, José María (2007): La iglesia católica en la política argentina, Buenos Aires, Prometeo. González, M (2000): Algunos aspectos de la Iglesia Católica en la Argentina entre el retorno de la democracia (1983) y el fin del milenio, Buenos Aires, San Pablo. Martín, José (1992): Movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Un debate argentino, Buenos Aires, Guadalupe-Castañeda. Mignone, Emilio 2006): Iglesia y dictadura, Buenos Aires, Colihue. Zanatta, Loris (2002): Del Estado liberal a la Nación Católica, Bernal (Buenos Aires), Universidad Nacional de Quilmes. En Revista Trazos, 4 de abril de 2014: http://www.revistatrazos.ucse.edu.ar/iglesiapos.htm

AMÉRICA LATINA ENTRE LA DEPENDENCIA Y LOS ENSAYOS AUTONÓMICOS DE CORTE NACIONALISTA

María Mercedes Tenti

La afirmación de Hobsbwm referente al  ‘corto siglo XX’ universal, en el sentido que se inició en 1914,  a partir de la primera guerra mundial, es aplicable también para América Latina ya que los procesos  políticos, económicos y sociales decimonónicos, continuaron, en la mayoría de los países, a principios del siglo XX.  Siguiendo a Hobsbawm podríamos considerar que para Latinoamérica, el siglo XX  comenzó en 1910 con la revolución mexicana, aunque ella no produjo los cambios sociales esperados.

A comienzos del siglo persistieron “formas de dominación oligárquicas”, según denomina Ansaldi,  iniciadas hacia fines del siglo XIX, con aplicación ‘exitosa’ de corrientes liberales en lo económico y conservadoras en lo político. Si queremos comprender la América Latina contemporánea debemos situarla en el contexto de la expansión económica global.  Dentro de ese sistema  ocupó una posición subordinada o dependiente y siguió, en gran medida caminos económicos moldeados por las potencias industriales europeas y estadounidense.

La Revolución industrial europea precipitó el cambio en las economías decimonónicas latinoamericanas, no sólo por la importación de productos manufacturados, sino también por la fuerte demanda de productos alimentarios y materias primas, para alimento de los trabajadores y aprovisionamiento para la industria. Como resultado, los principales países latinoamericanos pasaron por una sorprendente transformación: Argentina se convirtió en importante productor de bienes agrícolas y ganaderos (lana, trigo y carne), Chile resucitó la producción de cobre, Brasil se hizo famoso por su producción de café. Cuba cultivó café, azúcar y tabaco. México empezó  a exportar henequén, azúcar y minerales, Centroamérica café y plátanos y Perú azúcar y plata.  El desarrollo de estas exportaciones fue acompañado de la importación de productos manufacturados, casi siempre de Europa, especialmente textiles, maquinarias y bienes de lujo.

En el período entre siglos, el liberalismo económico permaneció firme en América Latina y sus apologistas justificaban el comercio libre y la división internacional del trabajo. Las élites comprometidas con el liberalismo propugnaban inmigraciones europeas como solución a la falta de mano de obra cualificada.

El rápido crecimiento de las economías de exportación llevó a transformaciones sociales importantes como la modernización de la élite, el surgimiento de nuevos grupos de técnicos o de servicio para desempeñar funciones económicas adicionales, especialmente comerciantes y profesionales.  Estas transformaciones económicas y sociales también condujeron a cambios políticos: regímenes fuertes con apoyo militar que podría pensarse como expresiones de democracia oligárquica.

Expansión del crecimiento basado en la importación-exportación (1900-1930)

El éxito de esta política se hizo evidente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las economías latinoamericanas orientadas a la exportación iniciaron períodos de prosperidad notable: Argentina con su economía basada en carne y trigo: México con las plantaciones de henequén y azúcar, además de la minería y la naciente industria petrolera: Chile, con sus exportaciones de cobre, fruta y trigo; el Caribe azúcar (especialmente Cuba); Brasil exportaciones de café y caucho natural; plátanos en Centroamérica.

La consolidación del modelo de crecimiento por importación-exportación impulsó dos cambios fundamentales en la estructura social.

1) Aparición y aumento de los estratos sociales medios: profesionales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios que se beneficiaban de la economía de exportación-importación, pero que no se encontraban entre los estratos superiores en cuanto a propiedades o liderazgo.

2) Conformación de la clase trabajadora. Para sustentar la expansión de las economías de exportación las élites trataron de importar fuerza de trabajo externa, como Argentina y Brasil y Perú y Chile en menor escala. Cuba siguió siendo un caso especial: la importación de esclavos negros africanos determinó una particular clase trabajadora, al igual que en ciertas partes de Brasil, como el noroeste, en las plantaciones de azúcar. México continuó con una gran población campesina india, utilizada como fuerza laboral.

La aparición de clases trabajadoras incipientes llevó al surgimiento de nuevas organizaciones: sociedades de ayuda mutua y sindicatos. En la segunda y tercera décadas del siglo XX se observa el surgimiento de movilizaciones obreras por influencia anarquista, anarcosindicalista y sindicalista y la proliferación de huelgas.

Otro cambio importante durante el período de 1900 a 1930 afectó al equilibrio entre los sectores rural y urbano de la sociedad. Se combinaron la importación del trabajo  la migración campesina para producir el crecimiento a gran escala de las ciudades: en Argentina, Cuba, Brasil y México y en menor escala en Centroamérica y Perú.  Sin embargo, debido al origen nacional o étnico, las clases trabajadoras no consiguieron mucho poder político a comienzos del siglo XX. En Argentina y Brasil los inmigrantes no tenían derecho a votar ni se habían naturalizado; en México los trabajadores de origen campesino tenían pocas posibilidades de influir en la dictadura de Porfirio Díaz; En Cuba la historia de la esclavitud había dejado un doloroso legado. Por ello, las élites latinoamericanas pudieron contar con una fuerza laboral que no era amenazante (más allá de las huelgas).

Como consecuencia, las élites de varios países permitieron una reforma política que posibilitó a los sectores medios acercarse al poder. Por ello el inicio del siglo XX fue un período de reforma política para algunos países mayores: en Argentina la ley electoral de 1912 ab rió el sufragio a grandes sectores de población y permitió que el Partido Radical consiguiera la presidencia en 1916. En Chile se impuso un gobierno parlamentario.  En Brasil la caída de la monarquía inauguró un período de política electoral limitada. En Cuba, tras conseguir la independencia de España (1898), la cedió en cierta manera a Estados Unidos. En México estalló una revolución (1910) a gran escala pero que no transformó la sociedad mexicana sino que permitió el acceso al sistema político de sectores medios.

Los movimientos reformistas produjeron una ‘democracia cooptada’, en la que la participación efectiva se extendía de la clase alta a la media y seguía excluyendo a la más baja. A veces reflejaban los intentos de las élites socioeconómicas gobernantes por cooptar a los sectores medios en apoyo del sistema, aunque a veces tuvieron consecuencias imprevistas como el caso de México.  La fórmula reformista funcionó en general bastante bien para las élites.

La demanda europea de materias primas durante la primera guerra mundial y varios años después condujo a una prosperidad  continuada y sostenida. El modelo de crecimiento basado en la exportación-importación parecía ofrecer medios funcionales y provechosos para la integración de América Latina en el sistema global del capitalismo. Las adaptaciones políticas parecían asegurar la hegemonía a largo plazo de las élites nacionales.

Sin embargo, pronto se descubrió que el liberalismo tenía deficiencias. América Latina seguía teniendo una economía agraria. Las burguesías  absorbieron las ideas liberales europeas sin conseguir el poder económico relativo de sus semejantes en Francia e Inglaterra.

La industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1960)

La Gran Depresión tuvo en su inicio efectos catastróficos sobre las economías latinoamericanas. El precipitado declive económico de Europa y Estados Unidos redujo de improviso el mercado para sus exportaciones. La demanda internacional de café, azúcar, metales y carne pasó por una aguda reducción y no se pudieron hallar salidas alternativas para estos productos. Cayeron el precio unitario y el volumen de exportación en un 48%.

La depresión mundial que siguió causó una gran presión en los sistemas políticos de los países latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares o intentos de golpes: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. México soportaba su propia crisis constitucional y Cuba sucumbió a un golpe militar en 1933. Si bien los efectos de la Depresión no produjeron estos resultados políticos, si pusieron en duda la viabilidad del modelo de crecimiento basado en la exportación-importación. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana.

Los gobernantes de la región tenían dos opciones para responder a la crisis económica global: 1) Forjar vínculos comerciales aún más estrechos con las naciones industrializadas para asegurar compartir equitativamente el mercado, sin importar su tamaño y desajustes; tal el caso de Argentina que tomó esa vía para preservar su acceso al mercado británico de carne. En 1933 firmó el Pacto Roca-Runciman, mediante el cual retendría cuotas aceptables del mercado inglés a cambio de garantizar la compra de bienes británicos y asegurar las ganancias de los negocios británicos en Argentina.

2) Embarcarse en la industrialización: Esta vía, a menudo apoyada por el ejército, buscaba conseguir mayor independencia económica, respecto de Europa y Estados Unidos en cuanto a artículos manufacturados.  Para los militares esto significaba armas. Al producir bienes industriales,  agrícolas y minerales, las economías latinoamericanas se integrarían más y se harían más autosuficientes.

El objetivo adicional era crear puestos de trabajo para las clases trabajadoras que habían aumentado su tamaño e importancia desde comienzos del siglo XX. El proletariado latinoamericano se concentraba casi totalmente en las ciudades y seguía luchando por organizar y sostener movimientos sindicales.  La forma de desarrollo industrial se basó en que las economías latinoamericanas comenzaron a producir artículos manufacturados que antes importaban de Europa y Estados Unidos, de allí su nombre ‘sustitución de importaciones’.

Desde finales de los años treinta hasta los sesenta, las políticas de este tipo tuvieron un éxito relativo, especialmente en los países grandes: Argentina, Brasil y México. Entre las consecuencias sociales de la industrialización encontramos la formación de una clase capitalista empresarial  o burguesía industrial. El Estado jugó un rol importante en la estimulación del crecimiento industrial basado en la sustitución de importaciones. En contraste con las políticas de laissez-faire, los gobiernos latinoamericanos promovieron de forma activa el crecimiento industrial. Lo hicieron de varios modos:

-           Erigiendo barreras arancelarias y elevando el precio de los bienes importados hasta el punto que las compañías industriales nacionales pudieran competir con éxito en el mercado;

-          Creando demanda al favorecer a los productores locales en los contratos gubernamentales y

-          Estableciendo empresas estatales e interviniendo directamente en compañías industriales.

El Estado proporcionó el impulso decisivo para el crecimiento industrial de la región, mediante la protección y la participación.

A medida que progresaba la industria, las clases obreras también se hicieron más fuertes e importantes. Ya fuera autónomos o dirigidas por el gobierno, los movimientos sindicales crecieron con rapidez y el apoyo o control del trabajo se convirtió en algo esencial para la continuación de la expansión industrial. El trabajo organizado emergía como un importante actor en la escena latinoamericana.

La respuesta más común conllevó la creación de alianzas ‘populistas’ multiclasistas. El surgimiento de una élite industrial y la vitalización de los movimientos obreros hicieron posible una nueva alianza pro industria que mezclaba los intereses de empresarios y trabajadores. Cada una de estas alianzas la gestó un dirigente nacional que utilizó el poder estatal para su objetivo, tal el caso de Juan Perón  en la Argentina en los 40’, Getulio Vargas en Brasil a fines de los 30’ y Lázaro Cárdenas en México.

Argentina: Prosperidad, estancamiento y cambio: crecimiento económico y cambio social

La etapa a analizar para el caso argentino podemos dividir en varias subetapas. La primera correspondiente a la forma de dominación oligárquica y consolidación del Estado, estudiada especialmente, por Botana y Lobato, la etapa radical, a partir de la sanción de la ley de sufragio universal masculino hasta el derrocamiento de Irigoyen en 1930, indagado en particular por Victoria Persello y, finalmente, las décadas del 30’ y primera parte de los 40’, investigados por Bonaudo, Falcón y Ansaldi, entre los más importantes.

El éxito económico argentino del período 1880-1914 se basó en su capacidad para proporcionar los bienes agrícolas que necesitaba el mundo industrial del Atlántico Norte. Con la Revolución Industrial, Europa Occidental, en especial Inglaterra, se estaba convirtiendo en un importador neto de productos alimenticios.  Argentina tenía una ventaja comparativa al producir dos artículos claves: carne y trigo.

Gracias a los recursos naturales, Argentina estaba muy bien dotada para proveer de productos alimenticios: sus pampas se contaban entre las tierras más fértiles del mundo. Pero carecía de dos factores esenciales, capital y fuerza de trabajo.

 Inglaterra, su principal cliente, envió el primero en forma de inversión en el ferrocarril, los muelles, los almacenes de embalaje y los servicios públicos. También llegó en forma de compañías inglesas que se ocuparon de los embarques, los seguros y la banca. Casi toda la infraestructura del sector de exportación estaba financiada por los británicos.

Otro factor que faltaba era la fuerza de trabajo. Su solución también vino de Europa, pero no de Inglaterra. Los trabajadores llegaron del sur de Europa, sobre todo de Italia. Entre 1857 y 1930 Argentina recibió una inmigración neta de 3.5 millones. De estos inmigrantes alrededor de un 46 % eran italianos y  un  32% españoles. La movilidad de esta fuerza de trabajo inmigrante fue constante. Se contrataba y despedía a los trabajadores por motivos económicos, lo que generó un considerable movimiento de obreros de ida y vuelta entre Europa y la Argentina. También había un flujo constante entre la ciudad y el campo.  Buenos Aires atraía gran parte de los extranjeros. En este período también surgió una pequeña industrialización, que no amenazaba la orientación básica hacia la agricultura y ganadería de exportación. La mayor parte se dedicaba a procesar productos del campo, como lana y carne vacuna.

El rápido crecimiento económico del período 1880-1914 tuvo profundas implicaciones sociales. En la cúspide había una elite latifundista y gauchos y obreros asalariados en la parte inferior. Los inmigrantes llegaron primero a las estancias, pero luego se trasladaron a las ciudades. Eran colonos y arrendatarios de granjas y obreros rurales; en el sector urbano surgieron otros trabajos en el transporte, las industrias de procesamiento y de servicios (banca, gobierno). Se desarrolló una economía rural-urbana compleja.

La economía argentina entró en un período de prosperidad en aumento, basada en la exportación de carne y trigo y en la importación de artículos manufacturados.  De 1860 a 1914, su PBI subió a una tasa media anual de al menos un 5%, una de las más altas de cualquier país de América Latina. El comercio se incrementó notablemente.

Pero el país pagó un precio alto por este éxito. Su integración en la economía mundial significó que las fluctuaciones externas tuvieran severas repercusiones internas. El descenso de la demanda europea de productos alimenticios produjo disminución de las exportaciones antes de la primera guerra mundial, luego subió a partir de la guerra y bajó a comienzos de la década del 20’, para subir y bajar hasta la Gran Depresión  de los 30’. Al estar supeditada al comercio, su condición económica se veía determinada por tendencias y decisiones externas. Si bien el mercado internacional para la carne y el trigo era relativamente estable (comparando con otros productos como el azúcar y el café) y el comercio cárnico y la demanda de cereales se mantuvo hasta la Depresión, la crisis golpeó a la Argentina aunque no tan inmediatamente como otros países del subcontinente.

Otra forma de dependencia económica apareció en el ámbito financiero, ya que el sistema bancario argentino estaba vinculado con el patrón oro. Las fluctuaciones comerciales contraían o aumentaban sus reservas internas y transformaban a la economía argentina en rehén de los movimientos de divisas internacionales.  Debemos considerar además el alto grado de participación económica extranjera, en particular de inversores británicos.

El crecimiento de la exportación-importación también creó desigualdades internas, en especial entre las distintas regiones geográficas.: la pampa y el litoral prósperos y las provincias centrales y noroccidentales (como Santiago del Estero) padecían el declive económico y la decadencia social. Sólo Mendoza, Tucumán y Córdoba se escapaban de esta situación por su producción de vino, azúcar y su posición estratégica para el comercio. Por supuesto, también había desigualdades dentro de las regiones prósperas: en el sector rural los ricos estancieros, los arrendatarios inmigrantes y los trabajadores nativos desplazados. Si bien el ‘boom’ económico argentino produjo movilidad social hacia arriba, fomentó enormes desigualdades que provocaron tensiones sociales y políticas.

También hubo tensiones en el ámbito cultural. El crisol de razas ansiando por las generaciones del 37’ y del 80’, en realidad  produjo un mosaico cultural, con la mayoría de los inmigrantes asentados en Buenos Aires, transformada en una sociedad cosmopolita y un vasto interior escasamente poblado.  Como consecuencia, ya desde comienzos del siglo XX el dogma liberal fue puesto en tela de juicio por la primera generación de escritores nacionalistas como Ricardo Rojas y Ezequiel Martínez Estrada.

Uno de los efectos sociales más importantes de la expansión argentina fue algo que no sucedió: el país no desarrolló un campesinado, al menos no lo desarrolló en las zonas de pastoreo de la pampa y en las provincias litorales.  Argentina, en general, no dio las tierras a granjeros o colonos individuales. Las explotaciones ganaderas no requerían mucha mano de obra; los extranjeros arrendaban los campos para cultivarlos. Como resultado no existió en Argentina un campesinado clásico como el de México, Chile o el noreste de Brasil. En consecuencia, la reforma agraria nunca se convirtió en un asunto vital y simbólico como lo sería por ejemplo en México.  La ausencia de campesinado hizo que no se pudiera formar una base de poder, que no se establecieran coaliciones con otros grupos sociales.

Sin embargo, en las grandes ciudades los trabajadores asalariados eran numerosos e inclinados a la organización.  Tres quintos de la clase trabajadora estaba formada por inmigrantes que mantenía su ciudadanía (especialmente italianos y españoles). Los primeros esfuerzos por organizar la fuerza laboral argentina se vieron influidos por los precedentes europeos. Los socialistas siguieron el modelo europeo: un partido parlamentario, comprometido con una estrategia electoral y evolucionista. Sus peticiones de reforma a través del sistema político no tuvieron mucho eco. La clase trabajadora urbana resultó más receptiva al mensaje proveniente de los anarquistas nucleados al principio en la FORA (Federación Obrera Regional Argentina).

Sistema político: Consenso y reforma

Los políticos liberales conocidos como ‘la Generación del 80’” obtuvieron su poder político de varias fuentes:

1)      Pertenecían a la clase latifundista que producía la riqueza argentina.

2)      Monopolizaban los instrumentos del poder central: controlaban el ejército y las elecciones, mediante el fraude electoral.

3)      Controlaban el partido hegemónico, el Partido Autonomista Nacional (PAN).

4)      Las decisiones se tomaban por acuerdo entre notables.

El sistema político parecía haber servido a los intereses agroexportadores que sacaron beneficios de la expansión posterior a 1880. Pero esta élite del poder tuvo sus adversarios. La expansión de la prosperidad generó una nueva burguesía, tanto en el campo como en la ciudad, y ayudó a alimentar el descontento político en tres grupos:

1)      Arrendatarios y nuevos propietarios prósperos en la región del Litoral.

2)      Antiguas familias de las élites del interior que no pudieron aprovechar el auge del modelo agroexportador.

3)      Miembros de las clases medias acomodadas emergentes, excluidas del poder político.

Estos tres grupos unieron sus fuerzas para crear el Partido Radical, destinado a desempeñar un importante papel en la política del siglo XX. Al no poder lograr un progreso electoral debido al fraude, recurriendo a la revuelta armada, primero, y a la abstención, después.

Pero no toda la élite gobernante apoyaba la exclusión de los radicales. El ala ilustrada, encabezada por el presidente Roque Sáenz Peña propuso una reforma electoral. En 1912 fue aprobada la ley de sufragio universal masculino y el voto secreto y obligatorio, que aumentó de forma significativa el electorado, especialmente en las ciudades, aunque quedaban afuera el menos la mitad de los varones adultos debido a que muchos eran aún ciudadanos extranjeros. Se trataba de un intento de cooptación de los sectores populares ya que consideraban a la clase trabajadora como una amenaza, no así a las clases medias que cooperarían una vez incorporadas al sistema.

La reforma electoral extendió el voto, en particular, a los sectores medios y de inmediato, los radicales capitalizaron las nuevas reglas y consiguieron que Hipólito Irigoyen fuera elegido presidente en 1916. Si bien fue, sin lugar a dudas, el primer gobierno de bases populares de la Argentina, la postura irigoyenista respecto de los trabajadores fue ambivalente: primero  de diálogo y mediación, luego de fraccionamiento de la clase trabajadora y, finalmente, de enfrentamiento con derivaciones nefastas, como en los sucesos de la semana trágica y de la Patagonia. Como consecuencia, por un lado surgieron movimientos civiles de ultraderecha nacionalistas, como la Liga Patriótica, el ejército comenzó a tomar mayor poder como actor político y el movimiento obrero organizado se debilitó.

Por otra parte, la mayor participación electoral generó un nuevo tipo de élite política, conformada por profesionales de clases media que hacían carrera en la política.  Poco a poco los conservadores fueron perdiendo el poder. El sistema político pasó a representar una amenaza para el sistema sociopolítico, tanto por la hegemonía de los políticos profesionales como por la acumulación de poder político dentro de un Estado cada vez más autónomo. Para los conservadores el experimento argentino de democracia limitada se volvía desagradable y arriesgado.

La tensión en la esfera política se vio exacerbada por el quiebre económico mundial de 1929, aunque a la Argentina no la golpeó con tanta dureza como a otros países. Los precios y el valor de las exportaciones de carne se mantuvieron hasta 1931; el mercado de trigo sufría más como consecuencia de la sequía; a partir de 1930 los salarios reales sufrieron un breve descenso y comenzó a extenderse el desempleo, aunque con agitación obrera moderada.

De la crisis del 30' al golpe de Estado del 43'

El 6 de septiembre de 1930, una coalición cívico militar expulsó al presidente Irigoyen. En el derrocamiento intervinieron diversos factores ideológicos, entre los que podemos mencionar la crisis de la mirada liberal sobre el mundo,  el afianzamiento de ideas nacionalistas en sectores de la antigua élite dirigente, en el ejército y en grupos de intelectuales católicos, provenientes del integrismo. El aumento de la profesionalización militar condujo a un cambio en las perspectivas de los cuerpos de oficiales argentinos.  A partir de 1910, se modificaron los criterios para el ascenso en los que se consideraban la antigüedad, el dominio de la nueva tecnología, en lugar del favoritismo político. El énfasis en el mérito abrió la carrera miliar a aspirantes pertenecientes a la clase media, muchos hijos de inmigrantes. En el extremo opuesto, para estos sectores, se encontraban los políticos. El primer golpe de estado argentino combinaba el deseo del retorno al sistema oligárquico-conservador anterior (según el pensamiento de Justo) con el establecimiento de un Estado corporativo, según los principios sustentados por Uriburu. Uno y otro pretendían detener la política orientada a favorecer a los sectores populares.

Terminó triunfando la postura de Justo, previa abolición de la ley Sáenz Peña y de aplicación del fraude electoral. Fuera de sus cálculos tuvo que enfrentarse a la expansión de una clase obrera urbana, que mediante huelgas demandaba en forma reiterada al gobierno, y a políticos profesionales comprometidos con intereses partidistas, en particular dirigentes del Partido Radical.

A mediados del 30’ el radicalismo volvió al ruedo electoral, con la oposición de un grupo que consideraba que, de esta forma, se convalidaba el sistema fraudulento. Estos sectores opositores conformaron FORJA, agrupación de intelectuales y cuadros políticos entre los que estaban Jauretche, Manzi, del Mazo, Scalabrini Ortiz, que colocaban al antiimperialismo como cuestión central, en coincidencia con agrupaciones de otras latitudes como el APRA de Haya de la Torre en Perú. En la segunda mitad de la década y hasta la aparición del peronismo, los forjistas desplegaron una intensa campaña de propaganda y posicionamiento político.

Estos años se caracterizaron por la crisis del andamiaje institucional como consecuencia del fraude, los negociados –muchos consecuencia del Tratado Roca-Runciman- y episodios trágicos como el asesinato del senador Bordabehere en pleno recinto del senado, ante las denuncias de Lisandro de La Torre.

Por otro lado, la crisis económica internacional de 1929 frenó bruscamente la inmigración europea, al mismo tiempo que la industrialización por sustitución de importaciones, acelerada en la segunda mitad de los 30’, reclamó mano de obra, circunstancia que alentó la migración interna. El crecimiento de la industria promovió grandes cambios en el mundo de los trabajadores y en el movimiento obrero, impactado también por la urbanización. Todo esto cambio los rasgos característicos de la sociedad argentina decimonónica.

El porcentaje de población urbana creció notablemente, a un 62% según el censo de 1947. La coyuntura había cambiado en la segunda mitad de la década. Las industrias sustitutivas se instalaron en las ciudades y demandaron mano de obra aportada por quienes migraban del campo o de las ciudades más pequeñas, particularmente a Buenos Aires y el conurbano. El desequilibrio económico fue advertido por contemporáneos como Bunge, que definió a la Argentina como país abanico.

La economía argentina sufrió un viraje en torno a la crisis del 29’, al desplazar la venta de productos primarios en el mercado internacional por la producción destinada al mercado interno, con marcada presencia de la industria, sin dejar de lado el sector industrial asociado a la agroexportación. A lo largo de los años treinta, la envergadura del proceso de industrialización, alentado por la sustitución de importaciones, fue mayor. Incidió también la disminución de las exportaciones generadas por la crisis como el deterioro de los términos del intercambio, que volvían más complicada la obtención de divisas para aplicar a la importación de productos industriales. También contribuyó el aumento de los aranceles para la mercancía importada, que perseguía objetivos fiscales, a pesar de algunas bajas como las negociadas en el marco del Tratado Roca-Runciman.

En 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, la industria argentina tenía una participación en el producto bruto interno superior a la del sector agropecuario, y se fabricaban neumáticos, químicos, pinturas, productos eléctricos para el hogar, textiles, etc. El mercado para esos bienes se ampliaba. Continuaba el crecimiento de la población. La industrialización generaba demanda de productos que la propia industria suministraba. Algunas ramas, como la construcción, se veían también alentada por las transformaciones urbanas y la construcción de caminos y rutas.

Estas transformaciones incidieron en el mundo de los trabajadores y de sus organizaciones. Aumentaban los trabajadores industriales y también los sectores medios, vinculados al ascenso social. Como consecuencia, se aceleró el proceso de constitución de nuevas identidades populares urbanas, al igual que el número de trabajadores industriales, obreros o empleados.

El aumento del número de trabajadores de las industrias, el crecimiento del número de establecimientos fabriles grandes, en los que tenían cabida obreros no calificados, aceleraron y profundizaron el declive de un tipo de sindicato propio de estepas previas, que reclutaba artesanos y trabajadores altamente especializados. Nuevos sindicatos emergían como factores de poder.  La CGT, formada en 1930, comenzó a adquirir cierta representatividad, hacia principios de la década del 40’.

Sin embargo, el poder de las organizaciones sindicales era insuficiente para llevar adelante el control de las condiciones de trabajo, sin contar las diferencias según la jurisdicción y la estructura estatal de las provincias. A lo largo de los años treinta, la estructura estatal dedicada a cuestiones laborales no había crecido demasiado: El Departamento Nacional del Trabajo era sólo una limitada repartición.  Le cabría con posterioridad al peronismo sancionar la legislación que mejorara la situación de  los trabajadores y consolidar al movimiento obrero organizado como actor político.

Conclusiones

Las primeras cuatro décadas del siglo XX,  transitaron en la Argentina por tres etapas:

La primera, caracterizada por el auge del modelo agroexportador, que colocaba al país como proveedor de materias primas en un mercado especialmente británico, con una élite dirigente, liberal en lo económico y conservadora en lo político, que consiguió imponer el ‘orden y el progreso’, con un régimen de disicplinamiento y control en los sectores populares, frente al auge de la gran inmigración que conmovió la estructura social argentina.

La segunda,  singularizada por la irrupción en la arena política de los sectores medios en ascenso - con participación de los sectores populares-, que buscaban profesionalizar la política, terminar con el fraude, aunque siempre dentro del modelo económico liberal,  combinado con cierto intervencionismo estatal  en cuestiones claves de la economía como la energética o la posesión del suelo y del subsuelo.

La tercera, menos lineal y más variada, que produjo, en el mediano plazo, mayores transformaciones en el ámbito social, como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones, la urbanización y la llegada al área metropolitana de migrantes internos, mano de obra no calificada para la naciente industria que, a su vez, sería  la base de sustentación del gran movimiento de masas que fue el peronismo.

Bibliografía

-          Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012): América Latina. La construcción del orden, Ariel, Buenos Aires.

-          Del Pozo, José (2002): Historia de América Latina y el Caribe, LOM, Santiago, Chile.

-        Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H. (1996): Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX Ed. Grijalbo. Madrid.