DESAFÍOS PARA AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI

María Mercedes Tenti

La denominación de América Latina, si bien es comprensible desde el punto de vista geográfico, como la región ubicada al sur del río Grande, encierra también categorías relacionadas con la política, con las relaciones internacionales y con la historia, que hacen que vaya más allá de esta conceptualización e incluya un conjuntos de países, ex colonias españolas y portuguesas, aunque también francesas, inglesas y holandesas si abarcamos,  además,  el Caribe.

La primera idea emergente de homogeneización se atomiza si consideramos la diversidad de lenguas, incluyendo a las autóctonas y a los dialectos regionales -a pesar de la preeminencia del idioma español-, heterogeneidad de razas, de escenarios, de paisajes; una pertenencia común y, a la vez, divergencias y tradiciones que separan pero que, paradójicamente, también aglutinan. En esta construcción dialéctica se enuncia esta América Latina del siglo XXI, que emerge en nuevos escenarios globales, buscando posicionarse de otra manera frente a la comunidad de las naciones.

Hacia fines del siglo pasado, el subcontinente se enfrentó  con dos grandes desafíos: por un lado,  poner fin a los gobiernos dictatoriales que violaron sistemáticamente no sólo los derechos ciudadanos, sino y, especialmente, los derechos humanos,  vulnerados y pisoteados tras la concreción de modelos burocráticos autoritarios, basados en el poder pretoriano de la fuerza. La transición democrática no fue tarea sencilla, sino más bien fruto de negociaciones, acuerdos, marchas y contramarchas, además de pedidos y reclamos,  primero de algunos sectores minoritarios y, luego,  producto de movilizaciones sociales y políticas, que demandaban la democratización de la política y también de las relaciones sociales.

De la mano de la transición vino luego la consolidación democrática, afianzando los derechos humanos, fortaleciendo los derechos políticos, con intervenciones periódicas del pueblo elector para convalidar a los gobiernos y sus autoridades a través de elecciones y para participar en referéndums -en algunos casos-  sobre cuestiones de interés particular; todo esto condujo a la involucración más directa de la ciudadanía.  Más allá de los avances en este sentido, en cada país, en el 2010, tanto en la Cumbre de Guyana –en la reunión de la UNASUR- como en la XX° Cumbre Iberoamericana realizada en Mar del Plata, los países latinoamericanos participantes ratificaron la defensa al sistema y a la continuidad democrática y la concreción de medidas colectivas en casos de intentos de violaciones al orden institucional en la región, puesto de manifiesto en acciones concretas como en el caso paraguayo y en el venezolano.

El segundo desafío surge en el plano económico. Las últimas décadas del siglo XX dejaron profundas huellas en la economía de América Latina y el Caribe, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales -impuestas por el denominado Consenso de Washington- y la intervención directa de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) en el diseño de políticas de apertura aduanera y de ingreso irrestricto de capitales y empresas transnacionales, que aceleraron el proceso de desindustrialización. A todo esto debemos agregar los denominados “daños colaterales”, que provocaron desocupación, pobreza y exclusión social, en grado nunca visto hasta entonces en la región, como consecuencia de la aplicación del capitalismo salvaje que trajo aparejado, además,  el endeudamiento de las naciones periféricas y la mayor sujeción a las decisiones del centro.

Hoy se discuten las concepciones de desarrollo desde otras miradas, más cercanas a pensamientos locales o de la mano de teorías  decolonizadoras;  propuestas desarrollistas de la CEPAL, que plantean mayor integración y apertura de la economía al interior de la región y con el resto del mundo-, y otras propuestas más globales que buscan mercados alternativos en países con economías emergentes. El abanico es amplio. Dentro del denominado grupo BRICS -formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-  que constituye el conjunto de países más adelantados entre los Estados con economías emergentes, un país sudamericano, Brasil, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial, por el marcado crecimiento económico operado en las últimas décadas. Sin embargo, las asimetrías al interior de esos países, subsisten.

 En el plano económico,  la situación de las naciones latinoamericanos no es homogénea, como tampoco lo son los escenarios que se abren en perspectiva futura. Si bien hay intentos por avanzar hacia un sistema comercial internacional más abierto y equilibrado, las desigualdades regionales y al interior de cada país, muestran distintas realidades y diferentes propuestas de soluciones.

El MERCOSUR, unión aduanera pensada en los 80’, entre los países del cono sur de América del Sur, a pesar de la incorporación reciente de Venezuela, todavía constituye una unión imperfecta porque, más allá de las declaraciones conjuntas y algunos avances en el comercio interregional, subsisten tensiones no resueltas al interior de dicho comercio. Tanto Argentina como Brasil, los países inicialmente más desarrollados del Mercosur, no encontraron todavía soluciones factibles para beneficiar a los países de menor desarrollo como Paraguay y Uruguay. Por otro lado, Brasil no asume los costos de la integración del sur de América del Sur y mira más hacia el Asia. En general, faltan proyecto de integración con infraestructura que permitan mayor conexión a través de rutas más directas y en buenas condiciones, además de redes más eficaces de distribución de energía eléctrica.

Con la incorporación de Venezuela, si bien se abrió una perspectiva de ampliación de la integración, afloró la rivalidad entre Caracas y Brasilia por lograr la supremacía en la distribución de energía, rivalidad que se ahondó luego que Argentina, Bolivia y Venezuela firmaran un acuerdo en el 2007,  para crear la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas de Sudamérica (OPEGASUR), que puso fin al proyecto chavista del Gasoducto del Sur, orientado a la integración de productores y consumidores de la subregión. Con Evo Morales se afianzaron los vínculos de cooperación energética de Bolivia  y Venezuela,  para el control de la actividad petrolera por parte de los estados nacionales.

Por otro camino, los países del área del Pacífico, como Chile, Colombia y Perú, ratificaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, socio tradicional que no quiere abandonar los mercados conseguidos en el siglo pasado. Por otra parte, se encuentra la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. La ALADI, está integrada por trece países miembros (la mayoría de América del Sur) a los que se sumaron Cuba y Panamá.  Estos y otros tratados, si bien intentaron construir un escenario geopolítico que les permitiera dar mayor peso a la región en el contexto mundial, no lograron su consolidación; permanece la visión de un espacio subdesarrollado   o ‘emergente’, que no termina de modificar su situación marginal.

Los últimos esfuerzos apuntan a construir un proyecto político latinoamericano con el propósito de recuperar instituciones, naciones y bloques de integración, tal el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que intenta generar políticas públicas conjuntas para un desarrollo endógeno, que vigila la estabilidad democrática de la región y que la revaloriza con su potencial,  en múltiples aspectos : territorial, energético, biodiversidad, producción de agroalimentos, riqueza pesquera y potencial humano. Con esta perspectiva también surgieron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, integrada por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), espacio regional que reúne a todos los Estados de América Latina y el Caribe y aspira a ser una voz única de decisión política y de toma de decisiones donde se estructuren programas políticos y de cooperación en pro de la integración regional. Fue constituida en 2010 e institucionalizada al año siguiente.  

Sin embargo, frente a estos intentos de uniones y políticas conjuntas tenemos que reconocer también cierta rivalidad y desconfianza mutua entre países por cuestiones no resueltas, como las que persisten entre México y Brasil, Argentina y Uruguay, Colombia y Venezuela.  Frente a los desafíos de la globalización urge que los países den pasos más firmes para su integración regional en el mediano plazo, más allá del signo político gobernante en cada uno de ellos. Frente al avance de políticas globales impulsadas por los países centrales, América Latina, como región periférica, continúa, en algunos aspectos, estancada y dividida.

Las políticas económicas globales, más la necesidad de alimentos de países densamente poblados como China e India, si bien reportan beneficios económicos a la región en lo que respecta a sus exportaciones, primarizó, sin embargo,  la  economía de América Latina, que centró sus exportaciones en producciones agropecuarias o mineras, con intervención de grandes empresas transnacionales.  Esto llevó al monopolio de, grandes pools transnacionales, de  la comercialización de productos para el agro y de la explotación minera con métodos no convencionales, que trajo de la mano la concentración de tierras y capitales y como consecuencia, el gran enriquecimiento de  unos pocos y el empobrecimiento de sectores campesinos, pequeños productores del campo y pueblos originarios, que se vieron expulsados de las tierras que habitaron por generaciones. Todo esto, sin analizar el desequilibrio en la balanza comercial que provoca el comercio con países asiáticos, europeos y los Estados Unidos que exportan, hacia esta región, las manufacturas que producen –desde maquinarias hasta tornillos- y solamente compran productos primarios, con poco o ningún valor agregado. Sólo Brasil logró un cierto desarrollo industrial relevante en el concierto de las naciones, gracias a políticas tomadas por gobiernos de diferentes signos.

Un párrafo aparte merece la explotación minera y de hidrocarburos en el subcontinente, la mayoría en manos de empresas transnacionales y explotadas con técnicas no aprobadas para aplicarlas en los países centrales, por el gran daño ecológico que producen y por su impacto directo en el paisaje, en los recursos de agua y, especialmente, en los grupos humanos que se ven seriamente afectados por el empleo de sustancias tóxicas –muchas de ellas cancerígenas- y la contaminación y el agotamiento del agua, imprescindible para la supervivencia de seres humanos, de vegetales y de animales.  No debemos olvidar que América Latina posee en su territorio el mayor reservorio de agua dulce del mundo, también codiciado por las grandes potencias.

En este contexto adquirió protagonismo Venezuela, durante la presidencia de Hugo Chávez, con su proyecto de construcción del gasoducto del sur, que conectaría Venezuela, Brasil y Argentina, con más de 9.000 km de extensión y la propuesta de una nueva institución financiera regional, el Banco del Sur (firmada su constitución por los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay, en el 2007) pero, a la fecha sin concreción efectiva.

Otro intento de acuerdo regional es la CAN (Comunidad Andina de Naciones), integrada por  Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con fines de cooperación regional, de política exterior común, de acuerdos económicos y políticas sociales, actualmente bajo la presidencia pro témpore de Bolivia.

¿Qué propuesta superadora se puede anhelar para la región latinoamericana? Por un lado, que los países que la integran salgan de su aislamiento entre  los propios países, que logren  una mejor posición internacional en bloque, frente a las uniones generadas desde Europa, Asia o dede los Estados Unidos. Hasta ahora, más bien se optó –además de los intentos mencionados- por declaraciones en reuniones o fórums internacionales, en el terreno económico o en el campo político, y acciones  en casos de intento desestabilizadores de los gobiernos democráticos electos, importante todo, por cierto, pero insuficiente a la hora de hacer un balance en perspectiva global.

 Para este punto, los medios de comunicación juegan un papel significativo ya que ignoran la realidad del subcontinente, en la mayoría de los casos, salvo excepciones por parte de medios estatales de algunos países como Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, que brindan una visión más global, desde ópticas nacionales y latinoamericanas. Los pools mediáticos, generalmente, silencian lo que sucede en la subregión y sólo reflejan algunos aspectos parcializados de la realidad -tal el caso de  la expansión de la delincuencia y del narcotráfico- como una cuestión local y global  no resuelta, además de los intentos desestabilizadores puestos de manifiesto  a través de la manipulación de la información brindada desde sus cadenas monopólicas de medios de comunicación.

En el plano económico aparecen algunos países de América Latina en uniones internacionales más globales, como el Grupo de los Veinte (G20), que surgió para coordinar acciones de los Ministerios de Economía y Bancos Centrales, del que forman parte Argentina, Brasil y México, opuesto al Grupo de los 8 (G8) compuesto por los países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Canadá, más Rusia) que constituyen una muestra del reparto económico del poder monetario y financiero a nivel mundial. En el 2008 surgió, como contrapartida, otro grupo, el de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que representa –como se dijo- a los países de economías emergentes.

En el plano político le resultó difícil a América Latina la institucionalización de una nueva política que fue consolidándose como respuesta al fracaso de las políticas neoliberales de los 80’ y los 90’. Nuevos gobiernos adjetivados como neopopulistas o nueva izquierda –categorías que podrían discutirse ampliamente-,  que rechazan las políticas neoliberales de fines de siglo, representados por Chávez y luego Maduro en Venezuela, Lagos y Bachelet  en Chile,  Lula y Dilma Rousssef en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Tabaré y Mujica en Uruguay, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay (luego derrocado) y algunos intentos más turbulentos y confusos en Centroamérica. Sólo México y Colombia aparecen como baluartes del neoliberalismo hasta la actualidad. En oposición a la orientación mercadocéntrica del modelo neoliberal, se puede decir que estos Nuevos Gobiernos oponen una fórmula combinada de más Estado dentro del Mercado; es decir buscan incrementar el crecimiento del mercado a través de la acción institucional del Estado, con medidas de nacionalización de recursos energéticos como en Venezuela, Bolivia y Argentina, entre otras tomadas en defensa de la soberanía económica.

Estos nuevos gobiernos de centro-izquierda, afianzados con el consenso social y estabilidad política, consolidaron su poder con elecciones y reelecciones y políticas redistributivas que permitieron salir de la pobreza a amplios sectores sociales. La confrontación política es, en gran medida, el origen de esta nueva política latinoamericana que permite la reproducción de liderazgos personales. La intervención estatal se profundizó en algunos sectores, pero conviviendo con servicios públicos concesionados o privatizados; las nuevas políticas conviven con la aldea global y formas económicas capitalistas.

La revalorización de la política constituye un aspecto altamente positivo para los cambios y transformaciones que se fueron dando en la región, al igual que la sanción de nuevas constituciones como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y la continuación de las reformas en Brasil y Colombia, constituciones que incluyen la diversidad y heterogeneidad social de las formaciones culturales latinoamericanas. Estas nuevas cartas magnas reconocen ciudadanías pluriculturales y revalorizan a grupos sociales hasta entonces marginados,  como los pueblos originarios y los afro descendientes.

El desafío de estos Nuevos Gobiernos es conseguir el respaldo de mayorías electorales ante el avance de coaliciones de centro-derecha que amenazan con echar por tierra las conquistas logradas. Por otro lado, la mutación de los partidos políticos tradicionales en nuevos partidos, producto de alianzas electorales o coaliciones coyunturales, sin unidad programática, en algunos casos, y con pervivencia de prácticas electorales clientelares, en la mayoría, conduce a generar desconfianza sobre la disponibilidad del electorado para las nuevas opciones políticas, frente a los vaivenes de la crisis económica mundial y la capacidad de estas alianzas de lograr consenso; tal el caso de la incertidumbre de la reelección de Dilma Roussef.  La fragmentación del sistema de partidos conduce a la polarización política detrás de la figura de candidatos que cuentan con mayor apoyo del electorado, pese a que, a veces, resulta dificultoso reconocer claramente sus posiciones; últimamente se observan intentos –por parte de coaliciones de centro-derecha-  de cambiar la orientación de la política en el subcontinente.

Otra cuestión no resuelta por los gobiernos de centro-izquierda es la concentración del capital financiero, de la propiedad agraria y de empresas multinacionales que siguen manejando recursos energéticos y naturales, sólo enfrentados por movimientos minoritarios de campesinos, como los sin tierra en Brasil y el MOCASE en Santiago del Estero, entre otros. No son temas discutidos la reforma agraria y tributaria redistributiva, ni la protección de los recursos naturales.

Como conclusiones y a pesar de no haber agotado los desafíos con los que se enfrenta América Latina en el presente siglo, creo que debemos proponer para la región

1.       La consolidación de la democracia con más y mejor participación de la ciudadanía y de todos los sectores involucrados.

2.       Fortalecimiento de los acuerdos interregionales en el ámbito económico y político para que habilite a América Latina hacia una mayor y mejor inserción en la economía mundial, que conduzca a la ampliación del horizonte económico y le permita salir de la monoproducción de productos primarios.

3.       Facilitación y liberalización del comercio interregional.

4.       Planteos conjuntos de desarrollo,  en el marco de los procesos de decolonización,  y respetando las características nacionales y subnacionales, según sus intereses.

5.       Acciones conjuntas para superar las desigualdades sociales, que hunden a la mayor parte de las poblaciones en la pobreza y permiten la acumulación de grandes capitales en pocas manos, en desmedro de las mayorías, a pesar que en los países con Nuevos Gobiernos, a raíz de políticas distributivas, se posibilitó la inclusión social de amplios sectores excluidos. La lucha contra la pobreza debe ser encarada  entre todos los países  y multidimensionalmente.

6.       Diálogo abierto con actores transnacionales, pero también entre los países de la región y al interior de la sociedad civil, para la inclusión de políticas alternativas a la globalización diseñada por los países centrales.

7.       Generación de más políticas de integración, que contemplen la inclusión real de la población en el aparato productivo, con mayor y mejor educación y generación de empleos genuinos.

8.       Asumir, colectivamente los temas ambientalistas como imprescindibles para la preservación del  patrimonio natural y humano de la región.

9.       Cooperación científica y tecnológica entre los países de América Latina para generar, colectivamente, un cambio sustancial al respecto.

10.    Planteo de un neoregionalismo más incluyente, entre todos los países que integran América Latina y el Caribe, que permita a la región insertarse como tal en el sistema-mundo.

Bibliografía

-       Allard Neumann, Raúl (2011): “Diez desafíos para América Latina en la década 2010-2020: ¿Hacia un neo regionalismo emergente?”, en  Estudios internacionales: Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago del Chile.

-       Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N° 126 (2011): América del Sur una región I, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación.

-          CEPAL (2012): Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe (2001-2011), Santiago de Chile, CEPAL, Naciones Unidas.

-          Cheresky, I (2008): Poder presidencial, opinión pública y exclusión social, CLACSO, Buenos Aires.

-          Heredia Zubieta, Carlos y Villamar, Zirahuén (Eds.) (2011): La integración de América Latina frente a los desafíos del siglo XXI, Ciudad de México, Friedrich Ebert Stiftung.

-          Llairó, María de Moserrat y Acebo Ibáñez, Enrique (Comp.) (2012): Los desafíos de América Latina para el siglo XXI, Buenos Aires, Claridad.

-      Moreira, Carlos; Raus, Diego; Gómez Leyton, Juan Carlos (Coord.) (2008): La nueva política en América Latina. Ruptura y continuidades   Montevideo, FLACSO, Trilce.

-          Raus, Diego Martín (2011): “América Latina. La difícil institucionalización de la nueva política”, en Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N° 126, citado.

-      Reynoso, Diego (2011): “Competencia política y satisfacción de expectativas. Escenarios políticos para la región”, en Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N° 126, citado.

-          Tamames, Ramón (2012): “Globalización, integración regional y desarrollo económico: conexiones, límites y posibilidades”, en Llairó, María de Moserrat y Acebo Ibáñez, Enrique (Comp.), citado.

-     Quenan, Carlos (2012): “La integración regional en América Latina: Resultados insuficientes y proyectos divergentes, en Llairó, María de Moserrat y Acebo Ibáñez, Enrique (Comp.), citado.

-          Llairó, María de Moserrat (2012): “Crisis y asimetrías en el proceso de integración latinoamericano: el Mercosur, los nuevos parámetros para la negociación y la solución de conflictos”, Llairó, María de Moserrat y Acebo Ibáñez, Enrique (Comp.), citado.

AMÉRICA LATINA ENTRE LA DEPENDENCIA Y LOS ENSAYOS AUTONÓMICOS DE CORTE NACIONALISTA

María Mercedes Tenti

La afirmación de Hobsbwm referente al  ‘corto siglo XX’ universal, en el sentido que se inició en 1914,  a partir de la primera guerra mundial, es aplicable también para América Latina ya que los procesos  políticos, económicos y sociales decimonónicos, continuaron, en la mayoría de los países, a principios del siglo XX.  Siguiendo a Hobsbawm podríamos considerar que para Latinoamérica, el siglo XX  comenzó en 1910 con la revolución mexicana, aunque ella no produjo los cambios sociales esperados.

A comienzos del siglo persistieron “formas de dominación oligárquicas”, según denomina Ansaldi,  iniciadas hacia fines del siglo XIX, con aplicación ‘exitosa’ de corrientes liberales en lo económico y conservadoras en lo político. Si queremos comprender la América Latina contemporánea debemos situarla en el contexto de la expansión económica global.  Dentro de ese sistema  ocupó una posición subordinada o dependiente y siguió, en gran medida caminos económicos moldeados por las potencias industriales europeas y estadounidense.

La Revolución industrial europea precipitó el cambio en las economías decimonónicas latinoamericanas, no sólo por la importación de productos manufacturados, sino también por la fuerte demanda de productos alimentarios y materias primas, para alimento de los trabajadores y aprovisionamiento para la industria. Como resultado, los principales países latinoamericanos pasaron por una sorprendente transformación: Argentina se convirtió en importante productor de bienes agrícolas y ganaderos (lana, trigo y carne), Chile resucitó la producción de cobre, Brasil se hizo famoso por su producción de café. Cuba cultivó café, azúcar y tabaco. México empezó  a exportar henequén, azúcar y minerales, Centroamérica café y plátanos y Perú azúcar y plata.  El desarrollo de estas exportaciones fue acompañado de la importación de productos manufacturados, casi siempre de Europa, especialmente textiles, maquinarias y bienes de lujo.

En el período entre siglos, el liberalismo económico permaneció firme en América Latina y sus apologistas justificaban el comercio libre y la división internacional del trabajo. Las élites comprometidas con el liberalismo propugnaban inmigraciones europeas como solución a la falta de mano de obra cualificada.

El rápido crecimiento de las economías de exportación llevó a transformaciones sociales importantes como la modernización de la élite, el surgimiento de nuevos grupos de técnicos o de servicio para desempeñar funciones económicas adicionales, especialmente comerciantes y profesionales.  Estas transformaciones económicas y sociales también condujeron a cambios políticos: regímenes fuertes con apoyo militar que podría pensarse como expresiones de democracia oligárquica.

Expansión del crecimiento basado en la importación-exportación (1900-1930)

El éxito de esta política se hizo evidente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las economías latinoamericanas orientadas a la exportación iniciaron períodos de prosperidad notable: Argentina con su economía basada en carne y trigo: México con las plantaciones de henequén y azúcar, además de la minería y la naciente industria petrolera: Chile, con sus exportaciones de cobre, fruta y trigo; el Caribe azúcar (especialmente Cuba); Brasil exportaciones de café y caucho natural; plátanos en Centroamérica.

La consolidación del modelo de crecimiento por importación-exportación impulsó dos cambios fundamentales en la estructura social.

1) Aparición y aumento de los estratos sociales medios: profesionales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios que se beneficiaban de la economía de exportación-importación, pero que no se encontraban entre los estratos superiores en cuanto a propiedades o liderazgo.

2) Conformación de la clase trabajadora. Para sustentar la expansión de las economías de exportación las élites trataron de importar fuerza de trabajo externa, como Argentina y Brasil y Perú y Chile en menor escala. Cuba siguió siendo un caso especial: la importación de esclavos negros africanos determinó una particular clase trabajadora, al igual que en ciertas partes de Brasil, como el noroeste, en las plantaciones de azúcar. México continuó con una gran población campesina india, utilizada como fuerza laboral.

La aparición de clases trabajadoras incipientes llevó al surgimiento de nuevas organizaciones: sociedades de ayuda mutua y sindicatos. En la segunda y tercera décadas del siglo XX se observa el surgimiento de movilizaciones obreras por influencia anarquista, anarcosindicalista y sindicalista y la proliferación de huelgas.

Otro cambio importante durante el período de 1900 a 1930 afectó al equilibrio entre los sectores rural y urbano de la sociedad. Se combinaron la importación del trabajo  la migración campesina para producir el crecimiento a gran escala de las ciudades: en Argentina, Cuba, Brasil y México y en menor escala en Centroamérica y Perú.  Sin embargo, debido al origen nacional o étnico, las clases trabajadoras no consiguieron mucho poder político a comienzos del siglo XX. En Argentina y Brasil los inmigrantes no tenían derecho a votar ni se habían naturalizado; en México los trabajadores de origen campesino tenían pocas posibilidades de influir en la dictadura de Porfirio Díaz; En Cuba la historia de la esclavitud había dejado un doloroso legado. Por ello, las élites latinoamericanas pudieron contar con una fuerza laboral que no era amenazante (más allá de las huelgas).

Como consecuencia, las élites de varios países permitieron una reforma política que posibilitó a los sectores medios acercarse al poder. Por ello el inicio del siglo XX fue un período de reforma política para algunos países mayores: en Argentina la ley electoral de 1912 ab rió el sufragio a grandes sectores de población y permitió que el Partido Radical consiguiera la presidencia en 1916. En Chile se impuso un gobierno parlamentario.  En Brasil la caída de la monarquía inauguró un período de política electoral limitada. En Cuba, tras conseguir la independencia de España (1898), la cedió en cierta manera a Estados Unidos. En México estalló una revolución (1910) a gran escala pero que no transformó la sociedad mexicana sino que permitió el acceso al sistema político de sectores medios.

Los movimientos reformistas produjeron una ‘democracia cooptada’, en la que la participación efectiva se extendía de la clase alta a la media y seguía excluyendo a la más baja. A veces reflejaban los intentos de las élites socioeconómicas gobernantes por cooptar a los sectores medios en apoyo del sistema, aunque a veces tuvieron consecuencias imprevistas como el caso de México.  La fórmula reformista funcionó en general bastante bien para las élites.

La demanda europea de materias primas durante la primera guerra mundial y varios años después condujo a una prosperidad  continuada y sostenida. El modelo de crecimiento basado en la exportación-importación parecía ofrecer medios funcionales y provechosos para la integración de América Latina en el sistema global del capitalismo. Las adaptaciones políticas parecían asegurar la hegemonía a largo plazo de las élites nacionales.

Sin embargo, pronto se descubrió que el liberalismo tenía deficiencias. América Latina seguía teniendo una economía agraria. Las burguesías  absorbieron las ideas liberales europeas sin conseguir el poder económico relativo de sus semejantes en Francia e Inglaterra.

La industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1960)

La Gran Depresión tuvo en su inicio efectos catastróficos sobre las economías latinoamericanas. El precipitado declive económico de Europa y Estados Unidos redujo de improviso el mercado para sus exportaciones. La demanda internacional de café, azúcar, metales y carne pasó por una aguda reducción y no se pudieron hallar salidas alternativas para estos productos. Cayeron el precio unitario y el volumen de exportación en un 48%.

La depresión mundial que siguió causó una gran presión en los sistemas políticos de los países latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares o intentos de golpes: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. México soportaba su propia crisis constitucional y Cuba sucumbió a un golpe militar en 1933. Si bien los efectos de la Depresión no produjeron estos resultados políticos, si pusieron en duda la viabilidad del modelo de crecimiento basado en la exportación-importación. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana.

Los gobernantes de la región tenían dos opciones para responder a la crisis económica global: 1) Forjar vínculos comerciales aún más estrechos con las naciones industrializadas para asegurar compartir equitativamente el mercado, sin importar su tamaño y desajustes; tal el caso de Argentina que tomó esa vía para preservar su acceso al mercado británico de carne. En 1933 firmó el Pacto Roca-Runciman, mediante el cual retendría cuotas aceptables del mercado inglés a cambio de garantizar la compra de bienes británicos y asegurar las ganancias de los negocios británicos en Argentina.

2) Embarcarse en la industrialización: Esta vía, a menudo apoyada por el ejército, buscaba conseguir mayor independencia económica, respecto de Europa y Estados Unidos en cuanto a artículos manufacturados.  Para los militares esto significaba armas. Al producir bienes industriales,  agrícolas y minerales, las economías latinoamericanas se integrarían más y se harían más autosuficientes.

El objetivo adicional era crear puestos de trabajo para las clases trabajadoras que habían aumentado su tamaño e importancia desde comienzos del siglo XX. El proletariado latinoamericano se concentraba casi totalmente en las ciudades y seguía luchando por organizar y sostener movimientos sindicales.  La forma de desarrollo industrial se basó en que las economías latinoamericanas comenzaron a producir artículos manufacturados que antes importaban de Europa y Estados Unidos, de allí su nombre ‘sustitución de importaciones’.

Desde finales de los años treinta hasta los sesenta, las políticas de este tipo tuvieron un éxito relativo, especialmente en los países grandes: Argentina, Brasil y México. Entre las consecuencias sociales de la industrialización encontramos la formación de una clase capitalista empresarial  o burguesía industrial. El Estado jugó un rol importante en la estimulación del crecimiento industrial basado en la sustitución de importaciones. En contraste con las políticas de laissez-faire, los gobiernos latinoamericanos promovieron de forma activa el crecimiento industrial. Lo hicieron de varios modos:

-           Erigiendo barreras arancelarias y elevando el precio de los bienes importados hasta el punto que las compañías industriales nacionales pudieran competir con éxito en el mercado;

-          Creando demanda al favorecer a los productores locales en los contratos gubernamentales y

-          Estableciendo empresas estatales e interviniendo directamente en compañías industriales.

El Estado proporcionó el impulso decisivo para el crecimiento industrial de la región, mediante la protección y la participación.

A medida que progresaba la industria, las clases obreras también se hicieron más fuertes e importantes. Ya fuera autónomos o dirigidas por el gobierno, los movimientos sindicales crecieron con rapidez y el apoyo o control del trabajo se convirtió en algo esencial para la continuación de la expansión industrial. El trabajo organizado emergía como un importante actor en la escena latinoamericana.

La respuesta más común conllevó la creación de alianzas ‘populistas’ multiclasistas. El surgimiento de una élite industrial y la vitalización de los movimientos obreros hicieron posible una nueva alianza pro industria que mezclaba los intereses de empresarios y trabajadores. Cada una de estas alianzas la gestó un dirigente nacional que utilizó el poder estatal para su objetivo, tal el caso de Juan Perón  en la Argentina en los 40’, Getulio Vargas en Brasil a fines de los 30’ y Lázaro Cárdenas en México.

Argentina: Prosperidad, estancamiento y cambio: crecimiento económico y cambio social

La etapa a analizar para el caso argentino podemos dividir en varias subetapas. La primera correspondiente a la forma de dominación oligárquica y consolidación del Estado, estudiada especialmente, por Botana y Lobato, la etapa radical, a partir de la sanción de la ley de sufragio universal masculino hasta el derrocamiento de Irigoyen en 1930, indagado en particular por Victoria Persello y, finalmente, las décadas del 30’ y primera parte de los 40’, investigados por Bonaudo, Falcón y Ansaldi, entre los más importantes.

El éxito económico argentino del período 1880-1914 se basó en su capacidad para proporcionar los bienes agrícolas que necesitaba el mundo industrial del Atlántico Norte. Con la Revolución Industrial, Europa Occidental, en especial Inglaterra, se estaba convirtiendo en un importador neto de productos alimenticios.  Argentina tenía una ventaja comparativa al producir dos artículos claves: carne y trigo.

Gracias a los recursos naturales, Argentina estaba muy bien dotada para proveer de productos alimenticios: sus pampas se contaban entre las tierras más fértiles del mundo. Pero carecía de dos factores esenciales, capital y fuerza de trabajo.

 Inglaterra, su principal cliente, envió el primero en forma de inversión en el ferrocarril, los muelles, los almacenes de embalaje y los servicios públicos. También llegó en forma de compañías inglesas que se ocuparon de los embarques, los seguros y la banca. Casi toda la infraestructura del sector de exportación estaba financiada por los británicos.

Otro factor que faltaba era la fuerza de trabajo. Su solución también vino de Europa, pero no de Inglaterra. Los trabajadores llegaron del sur de Europa, sobre todo de Italia. Entre 1857 y 1930 Argentina recibió una inmigración neta de 3.5 millones. De estos inmigrantes alrededor de un 46 % eran italianos y  un  32% españoles. La movilidad de esta fuerza de trabajo inmigrante fue constante. Se contrataba y despedía a los trabajadores por motivos económicos, lo que generó un considerable movimiento de obreros de ida y vuelta entre Europa y la Argentina. También había un flujo constante entre la ciudad y el campo.  Buenos Aires atraía gran parte de los extranjeros. En este período también surgió una pequeña industrialización, que no amenazaba la orientación básica hacia la agricultura y ganadería de exportación. La mayor parte se dedicaba a procesar productos del campo, como lana y carne vacuna.

El rápido crecimiento económico del período 1880-1914 tuvo profundas implicaciones sociales. En la cúspide había una elite latifundista y gauchos y obreros asalariados en la parte inferior. Los inmigrantes llegaron primero a las estancias, pero luego se trasladaron a las ciudades. Eran colonos y arrendatarios de granjas y obreros rurales; en el sector urbano surgieron otros trabajos en el transporte, las industrias de procesamiento y de servicios (banca, gobierno). Se desarrolló una economía rural-urbana compleja.

La economía argentina entró en un período de prosperidad en aumento, basada en la exportación de carne y trigo y en la importación de artículos manufacturados.  De 1860 a 1914, su PBI subió a una tasa media anual de al menos un 5%, una de las más altas de cualquier país de América Latina. El comercio se incrementó notablemente.

Pero el país pagó un precio alto por este éxito. Su integración en la economía mundial significó que las fluctuaciones externas tuvieran severas repercusiones internas. El descenso de la demanda europea de productos alimenticios produjo disminución de las exportaciones antes de la primera guerra mundial, luego subió a partir de la guerra y bajó a comienzos de la década del 20’, para subir y bajar hasta la Gran Depresión  de los 30’. Al estar supeditada al comercio, su condición económica se veía determinada por tendencias y decisiones externas. Si bien el mercado internacional para la carne y el trigo era relativamente estable (comparando con otros productos como el azúcar y el café) y el comercio cárnico y la demanda de cereales se mantuvo hasta la Depresión, la crisis golpeó a la Argentina aunque no tan inmediatamente como otros países del subcontinente.

Otra forma de dependencia económica apareció en el ámbito financiero, ya que el sistema bancario argentino estaba vinculado con el patrón oro. Las fluctuaciones comerciales contraían o aumentaban sus reservas internas y transformaban a la economía argentina en rehén de los movimientos de divisas internacionales.  Debemos considerar además el alto grado de participación económica extranjera, en particular de inversores británicos.

El crecimiento de la exportación-importación también creó desigualdades internas, en especial entre las distintas regiones geográficas.: la pampa y el litoral prósperos y las provincias centrales y noroccidentales (como Santiago del Estero) padecían el declive económico y la decadencia social. Sólo Mendoza, Tucumán y Córdoba se escapaban de esta situación por su producción de vino, azúcar y su posición estratégica para el comercio. Por supuesto, también había desigualdades dentro de las regiones prósperas: en el sector rural los ricos estancieros, los arrendatarios inmigrantes y los trabajadores nativos desplazados. Si bien el ‘boom’ económico argentino produjo movilidad social hacia arriba, fomentó enormes desigualdades que provocaron tensiones sociales y políticas.

También hubo tensiones en el ámbito cultural. El crisol de razas ansiando por las generaciones del 37’ y del 80’, en realidad  produjo un mosaico cultural, con la mayoría de los inmigrantes asentados en Buenos Aires, transformada en una sociedad cosmopolita y un vasto interior escasamente poblado.  Como consecuencia, ya desde comienzos del siglo XX el dogma liberal fue puesto en tela de juicio por la primera generación de escritores nacionalistas como Ricardo Rojas y Ezequiel Martínez Estrada.

Uno de los efectos sociales más importantes de la expansión argentina fue algo que no sucedió: el país no desarrolló un campesinado, al menos no lo desarrolló en las zonas de pastoreo de la pampa y en las provincias litorales.  Argentina, en general, no dio las tierras a granjeros o colonos individuales. Las explotaciones ganaderas no requerían mucha mano de obra; los extranjeros arrendaban los campos para cultivarlos. Como resultado no existió en Argentina un campesinado clásico como el de México, Chile o el noreste de Brasil. En consecuencia, la reforma agraria nunca se convirtió en un asunto vital y simbólico como lo sería por ejemplo en México.  La ausencia de campesinado hizo que no se pudiera formar una base de poder, que no se establecieran coaliciones con otros grupos sociales.

Sin embargo, en las grandes ciudades los trabajadores asalariados eran numerosos e inclinados a la organización.  Tres quintos de la clase trabajadora estaba formada por inmigrantes que mantenía su ciudadanía (especialmente italianos y españoles). Los primeros esfuerzos por organizar la fuerza laboral argentina se vieron influidos por los precedentes europeos. Los socialistas siguieron el modelo europeo: un partido parlamentario, comprometido con una estrategia electoral y evolucionista. Sus peticiones de reforma a través del sistema político no tuvieron mucho eco. La clase trabajadora urbana resultó más receptiva al mensaje proveniente de los anarquistas nucleados al principio en la FORA (Federación Obrera Regional Argentina).

Sistema político: Consenso y reforma

Los políticos liberales conocidos como ‘la Generación del 80’” obtuvieron su poder político de varias fuentes:

1)      Pertenecían a la clase latifundista que producía la riqueza argentina.

2)      Monopolizaban los instrumentos del poder central: controlaban el ejército y las elecciones, mediante el fraude electoral.

3)      Controlaban el partido hegemónico, el Partido Autonomista Nacional (PAN).

4)      Las decisiones se tomaban por acuerdo entre notables.

El sistema político parecía haber servido a los intereses agroexportadores que sacaron beneficios de la expansión posterior a 1880. Pero esta élite del poder tuvo sus adversarios. La expansión de la prosperidad generó una nueva burguesía, tanto en el campo como en la ciudad, y ayudó a alimentar el descontento político en tres grupos:

1)      Arrendatarios y nuevos propietarios prósperos en la región del Litoral.

2)      Antiguas familias de las élites del interior que no pudieron aprovechar el auge del modelo agroexportador.

3)      Miembros de las clases medias acomodadas emergentes, excluidas del poder político.

Estos tres grupos unieron sus fuerzas para crear el Partido Radical, destinado a desempeñar un importante papel en la política del siglo XX. Al no poder lograr un progreso electoral debido al fraude, recurriendo a la revuelta armada, primero, y a la abstención, después.

Pero no toda la élite gobernante apoyaba la exclusión de los radicales. El ala ilustrada, encabezada por el presidente Roque Sáenz Peña propuso una reforma electoral. En 1912 fue aprobada la ley de sufragio universal masculino y el voto secreto y obligatorio, que aumentó de forma significativa el electorado, especialmente en las ciudades, aunque quedaban afuera el menos la mitad de los varones adultos debido a que muchos eran aún ciudadanos extranjeros. Se trataba de un intento de cooptación de los sectores populares ya que consideraban a la clase trabajadora como una amenaza, no así a las clases medias que cooperarían una vez incorporadas al sistema.

La reforma electoral extendió el voto, en particular, a los sectores medios y de inmediato, los radicales capitalizaron las nuevas reglas y consiguieron que Hipólito Irigoyen fuera elegido presidente en 1916. Si bien fue, sin lugar a dudas, el primer gobierno de bases populares de la Argentina, la postura irigoyenista respecto de los trabajadores fue ambivalente: primero  de diálogo y mediación, luego de fraccionamiento de la clase trabajadora y, finalmente, de enfrentamiento con derivaciones nefastas, como en los sucesos de la semana trágica y de la Patagonia. Como consecuencia, por un lado surgieron movimientos civiles de ultraderecha nacionalistas, como la Liga Patriótica, el ejército comenzó a tomar mayor poder como actor político y el movimiento obrero organizado se debilitó.

Por otra parte, la mayor participación electoral generó un nuevo tipo de élite política, conformada por profesionales de clases media que hacían carrera en la política.  Poco a poco los conservadores fueron perdiendo el poder. El sistema político pasó a representar una amenaza para el sistema sociopolítico, tanto por la hegemonía de los políticos profesionales como por la acumulación de poder político dentro de un Estado cada vez más autónomo. Para los conservadores el experimento argentino de democracia limitada se volvía desagradable y arriesgado.

La tensión en la esfera política se vio exacerbada por el quiebre económico mundial de 1929, aunque a la Argentina no la golpeó con tanta dureza como a otros países. Los precios y el valor de las exportaciones de carne se mantuvieron hasta 1931; el mercado de trigo sufría más como consecuencia de la sequía; a partir de 1930 los salarios reales sufrieron un breve descenso y comenzó a extenderse el desempleo, aunque con agitación obrera moderada.

De la crisis del 30' al golpe de Estado del 43'

El 6 de septiembre de 1930, una coalición cívico militar expulsó al presidente Irigoyen. En el derrocamiento intervinieron diversos factores ideológicos, entre los que podemos mencionar la crisis de la mirada liberal sobre el mundo,  el afianzamiento de ideas nacionalistas en sectores de la antigua élite dirigente, en el ejército y en grupos de intelectuales católicos, provenientes del integrismo. El aumento de la profesionalización militar condujo a un cambio en las perspectivas de los cuerpos de oficiales argentinos.  A partir de 1910, se modificaron los criterios para el ascenso en los que se consideraban la antigüedad, el dominio de la nueva tecnología, en lugar del favoritismo político. El énfasis en el mérito abrió la carrera miliar a aspirantes pertenecientes a la clase media, muchos hijos de inmigrantes. En el extremo opuesto, para estos sectores, se encontraban los políticos. El primer golpe de estado argentino combinaba el deseo del retorno al sistema oligárquico-conservador anterior (según el pensamiento de Justo) con el establecimiento de un Estado corporativo, según los principios sustentados por Uriburu. Uno y otro pretendían detener la política orientada a favorecer a los sectores populares.

Terminó triunfando la postura de Justo, previa abolición de la ley Sáenz Peña y de aplicación del fraude electoral. Fuera de sus cálculos tuvo que enfrentarse a la expansión de una clase obrera urbana, que mediante huelgas demandaba en forma reiterada al gobierno, y a políticos profesionales comprometidos con intereses partidistas, en particular dirigentes del Partido Radical.

A mediados del 30’ el radicalismo volvió al ruedo electoral, con la oposición de un grupo que consideraba que, de esta forma, se convalidaba el sistema fraudulento. Estos sectores opositores conformaron FORJA, agrupación de intelectuales y cuadros políticos entre los que estaban Jauretche, Manzi, del Mazo, Scalabrini Ortiz, que colocaban al antiimperialismo como cuestión central, en coincidencia con agrupaciones de otras latitudes como el APRA de Haya de la Torre en Perú. En la segunda mitad de la década y hasta la aparición del peronismo, los forjistas desplegaron una intensa campaña de propaganda y posicionamiento político.

Estos años se caracterizaron por la crisis del andamiaje institucional como consecuencia del fraude, los negociados –muchos consecuencia del Tratado Roca-Runciman- y episodios trágicos como el asesinato del senador Bordabehere en pleno recinto del senado, ante las denuncias de Lisandro de La Torre.

Por otro lado, la crisis económica internacional de 1929 frenó bruscamente la inmigración europea, al mismo tiempo que la industrialización por sustitución de importaciones, acelerada en la segunda mitad de los 30’, reclamó mano de obra, circunstancia que alentó la migración interna. El crecimiento de la industria promovió grandes cambios en el mundo de los trabajadores y en el movimiento obrero, impactado también por la urbanización. Todo esto cambio los rasgos característicos de la sociedad argentina decimonónica.

El porcentaje de población urbana creció notablemente, a un 62% según el censo de 1947. La coyuntura había cambiado en la segunda mitad de la década. Las industrias sustitutivas se instalaron en las ciudades y demandaron mano de obra aportada por quienes migraban del campo o de las ciudades más pequeñas, particularmente a Buenos Aires y el conurbano. El desequilibrio económico fue advertido por contemporáneos como Bunge, que definió a la Argentina como país abanico.

La economía argentina sufrió un viraje en torno a la crisis del 29’, al desplazar la venta de productos primarios en el mercado internacional por la producción destinada al mercado interno, con marcada presencia de la industria, sin dejar de lado el sector industrial asociado a la agroexportación. A lo largo de los años treinta, la envergadura del proceso de industrialización, alentado por la sustitución de importaciones, fue mayor. Incidió también la disminución de las exportaciones generadas por la crisis como el deterioro de los términos del intercambio, que volvían más complicada la obtención de divisas para aplicar a la importación de productos industriales. También contribuyó el aumento de los aranceles para la mercancía importada, que perseguía objetivos fiscales, a pesar de algunas bajas como las negociadas en el marco del Tratado Roca-Runciman.

En 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, la industria argentina tenía una participación en el producto bruto interno superior a la del sector agropecuario, y se fabricaban neumáticos, químicos, pinturas, productos eléctricos para el hogar, textiles, etc. El mercado para esos bienes se ampliaba. Continuaba el crecimiento de la población. La industrialización generaba demanda de productos que la propia industria suministraba. Algunas ramas, como la construcción, se veían también alentada por las transformaciones urbanas y la construcción de caminos y rutas.

Estas transformaciones incidieron en el mundo de los trabajadores y de sus organizaciones. Aumentaban los trabajadores industriales y también los sectores medios, vinculados al ascenso social. Como consecuencia, se aceleró el proceso de constitución de nuevas identidades populares urbanas, al igual que el número de trabajadores industriales, obreros o empleados.

El aumento del número de trabajadores de las industrias, el crecimiento del número de establecimientos fabriles grandes, en los que tenían cabida obreros no calificados, aceleraron y profundizaron el declive de un tipo de sindicato propio de estepas previas, que reclutaba artesanos y trabajadores altamente especializados. Nuevos sindicatos emergían como factores de poder.  La CGT, formada en 1930, comenzó a adquirir cierta representatividad, hacia principios de la década del 40’.

Sin embargo, el poder de las organizaciones sindicales era insuficiente para llevar adelante el control de las condiciones de trabajo, sin contar las diferencias según la jurisdicción y la estructura estatal de las provincias. A lo largo de los años treinta, la estructura estatal dedicada a cuestiones laborales no había crecido demasiado: El Departamento Nacional del Trabajo era sólo una limitada repartición.  Le cabría con posterioridad al peronismo sancionar la legislación que mejorara la situación de  los trabajadores y consolidar al movimiento obrero organizado como actor político.

Conclusiones

Las primeras cuatro décadas del siglo XX,  transitaron en la Argentina por tres etapas:

La primera, caracterizada por el auge del modelo agroexportador, que colocaba al país como proveedor de materias primas en un mercado especialmente británico, con una élite dirigente, liberal en lo económico y conservadora en lo político, que consiguió imponer el ‘orden y el progreso’, con un régimen de disicplinamiento y control en los sectores populares, frente al auge de la gran inmigración que conmovió la estructura social argentina.

La segunda,  singularizada por la irrupción en la arena política de los sectores medios en ascenso - con participación de los sectores populares-, que buscaban profesionalizar la política, terminar con el fraude, aunque siempre dentro del modelo económico liberal,  combinado con cierto intervencionismo estatal  en cuestiones claves de la economía como la energética o la posesión del suelo y del subsuelo.

La tercera, menos lineal y más variada, que produjo, en el mediano plazo, mayores transformaciones en el ámbito social, como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones, la urbanización y la llegada al área metropolitana de migrantes internos, mano de obra no calificada para la naciente industria que, a su vez, sería  la base de sustentación del gran movimiento de masas que fue el peronismo.

Bibliografía

-          Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012): América Latina. La construcción del orden, Ariel, Buenos Aires.

-          Del Pozo, José (2002): Historia de América Latina y el Caribe, LOM, Santiago, Chile.

-        Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H. (1996): Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX Ed. Grijalbo. Madrid.