MARÍA MERCEDES TENTI
Para Oszlak la estatidad supone una
serie de propiedades: 1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo
reconocimiento como unidad soberana; 2) capacidad de institucionalizar su
autoridad, imponiendo una estructuras de relaciones de poder que garantice su
monopolio sobre los medios organizados de coerción; 3) capacidad de diferenciar
su control, a través de instituciones públicas, profesionalización de sus
funcionarios y control centralizado sobre sus variadas actividades: y 4) capacidad
de internalizar una identidad colectiva, a través de símbolos que refuerzan
sentimientos de pertenencia y permiten el control ideológico como mecanismo de
dominación.
El Estado nacional es una instancia
de organización del poder y de ejercicio de la dominación política; es decir
una relación social y, al mismo tiempo, un aparato institucional. La existencia
del estado presupone la presencia de condiciones materiales que posibiliten la
expansión e integración del espacio económico (mercado) y la movilización de
agentes sociales que instituyen relaciones de producción e intercambio mediante
el control y empleo de recursos de dominación. La formación de una economía
capitalista y de un estado nacional son aspectos de un proceso único. El estado
nacional surge en relación a una sociedad civil que tampoco adquirió el
carácter de sociedad nacional. El tema de la estatidad no puede desvincularse
del tema del surgimiento de la nación.
En la Argentina el período de conformación
del estado arranca en 1860 y culmina en 1880. Desde el punto de vista formal,
los instrumentos del gobierno habían sido delineados por la Constitución de
1853 con el establecimiento de tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), pero la organización y el afianzamiento de esas instituciones de
gobierno no fueron activos durante el período. La caída de Buenos Aires en 1880
fue la manifestación más clara de que la relación provincias-Nación había
cambiado.
A partir de 1880 las formas de dominación
del Estado oligárquico aparecen asociadas a líderes político-militares
(caudillos de élite) y a un sistema de favores y lealtades propios de la
oligarquía, conformada por un grupo cuyos miembros tienen capacidad para
concentrar el poder económico, controlar el poder político y colocarse en la
cima del poder social. Se excluía a quienes no pertenecían a las élites
conformadas por intrincadas redes familiares. Estos sectores burgueses iban a
emprender un proceso de modernización, sentando las bases de un país
agroexportador y receptor de inmigración masiva y de capital externo. Los
partidos políticos del ‘orden conservador’ (liberales en lo económico y conservadores
en lo político) carecían de programas y se reunían en torno a caudillos de
élite.
La conformación del la Unión Cívica
Radical en 1891 inauguró en el país la etapa de los partidos políticos
modernos, con democracia interna, dispuestos a enarbolar el respeto a la
Constitución Nacional y a las prácticas democráticas en el sistema político argentino.
Luego de la sanción de la ley Sáenz Peña, en 1916, el radicalismo accedió al
Poder Ejecutivo. El Estado democrático se conformó para desplegar una política
que privilegiaba -por lo menos en un
principio- el arbitraje como base de la relación social. El yrigoyenismo
impulsó una política reparadora capaz de hacer posible la vigencia del juego
democrático a través de los partidos políticos y el respeto a la Constitución
Nacional.
En 1930 se produjo la crisis del
Estado oligárquico y liberal; cerró una etapa de la historia argentina –la del
crecimiento hacia fuera- y dió origen a la presencia del Estado militar
intervencionista. Se inauguró en el país un ciclo de crisis permanente, de
democracia restringida que desembocó, hacia 1966, en el Estado burocrático-autoritario. Entre
ambos extremos el Estado nacionalista y popular, que aparece en los años 40 y
hasta 1955, inauguró una nueva etapa de transformación del Estado nacional.
Con el Ejército en el poder en 1930 y
junto a él una fracción importante del nacionalismo y la colaboración del
neoconservadorismo, se rompió por primera vez en el país el orden institucional,
al mismo tiempo que cobró cuerpo el Estado intervencionista que dejó sentir su
presencia en la economía, las finanzas y la sociedad argentina. El auge del
poder militar coincidió con la crisis de un sistema económico agroexportador
que hizo próspera a la Argentina.
El golpe militar del 4 de junio de
1943, inauguró una etapa signada por el liderazgo vertical, popular y
nacionalista de Juan Domingo Perón. Nació el Estado dirigista y planificador,
sustentado en el principio democrático, pero más heterogéneo y complejo de lo
que su estructura monolítica supone. En este tipo de gobierno populista, de matriz
estado-céntrica, la participación popular no sólo es el ejercicio del sufragio,
sino también la asistencia a actos públicos, ritos y festivales donde se
exhibía el entusiasmo, con símbolos que identificaban el ideario
democrático-popular. La seducción populista como régimen en el poder y como
moviente social y político implicaba: un estilo personalista de liderazgo
carismático; un discurso político de confrontación (pueblo versus oligarquía),
un mecanismo de patronazgo y de articulación líder-base clientelar.
El populismo se convirtió en una
respuesta a los procesos de aceleración de la industrialización, la
diferenciación social y la urbanización, que incorporó a los sectores
subalternos, promoviendo la alianza entre obreros y pequeña burguesía. El
populismo era un movimiento político con fuerte apoyo popular, con la
participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el
partido.
En junio de 1966, después de la
desperonización emprendida por los hombres de la denominada Revolución
Libertadora y de períodos breves de democracia débil, se inauguró el tiempo de
la llamada Revolución Argentina y con ella la vigencia del Estado burocrático
autoritario, hasta fines de 1983. Este tipo de Estado resultó garante y
organizó la dominación, ejercida a través de una estructura de clases
subordinada a los sectores superiores de una burguesía oligopólica y
transnacionalizada, como su principal base social. Institucionalmente estaba
compuesto por un conjunto de organizaciones coactivas, dedicadas a la
“normalización de la economía”. El estado burocrático autoritario, deseaba
cumplir dos tareas esenciales: la reimplantación del ‘orden’ en la sociedad,
subordinando al sector popular, y la restauración del sistema económico. Se estructuró como un sistema de exclusión
política de los sectores populares, consolidando la dominación social y
sesgando la distribución general de recursos.
El Estado burocrático autoritario
suprimió la ciudadanía y la democracia política; representó la prohibición de
lo popular y se respaldaba en la coacción. Tendió a acrecentar las
desigualdades, al suprimir las instituciones canalizadoras de las demandas de
justicia social. A pesar de su discurso marcial y patriótico negaba la
representación de la Nación a la que
hacía referencia.
En 1983 se produjo la recuperación de
la ciudadanía por parte de la sociedad argentina, de la mano de Raúl Alfonsín
de la Unión Cívica Radical, después de más de siete años de dictadura militar.
Comenzó a instaurarse un Estado democrático y de política deliberativa: se
incrementó la participación popular, se organizaron los partidos políticos, la
prensa comenzó a desenvolverse con libertad. Entre los vaivenes de juicio a las
juntas y levantamientos militares carapintadas, poco a poco se fue consolidando
la transición democrática.
A pesar de los intentos de
consolidación económica. frente al incremento descomunal de la deuda externa y
la inflación, la coyuntura de 1989
condujo a la hiperinflación y al triunfo peronista encabezado por Carlos
Menem. Con el menemismo se produjo un viraje en la concepción del Estado, al
abordar la denominada Reforma del Estado, de orientación neoliberal y con una
fuerte matriz mercadocéntrica.
La reforma del Estado en la Argentina, si bien comenzó a gestarse
a fines del período presidencial de Alfonsín, aunque con la severa oposición
del parlamento en especial de los diputados y senadores justicialistas, se
llevó a cabo durante el gobierno peronista siguiente. El objetivo era poner en
práctica el nuevo rol del Estado, decisorio en la formulación de políticas
necesarias para convalidar un nuevo modelo del propio Estado que resumía en sí
mismo los intereses de los grupos financieros externos -especialmente de los
acreedores- y de los grupos económicos nacionales e internacionales que
buscaban la reconversión de la economía para convertirse en beneficiarios
directos de la nueva configuración del aparato estatal, en el marco de posturas
neoliberales.
La propuesta menemista no implicaba sólo la privatización de las
principales empresas estatales, sino que comprendía una reforma integral que
abarcaba prácticamente todos los estamentos del Estado. Los diez objetivos
trascendentes: relocalización del Estado, redistribución de la economía,
reorganización del gobierno, reconversión de la descentralización, recreación
del control, reinstalación legislativa, redefinición federal, redimensión
municipal, reformulación del derecho y finalmente, renovación del Estado. El
proyecto era amplio y contemplaba prácticamente
todos los resortes del Estado y de la burocracia estatal. Tres leyes le daban
sustento jurídico conjuntamente con varios decretos del poder ejecutivo: la ley
Nº 23.696 de Reforma del Estado y reestructuración de empresas públicas, la ley
Nº 23.697 de Emergencia económica y social (las dos de 1989) y la ley Nº 24.629, ampliatoria de la Reforma
del Estado, de 1996.
Los propósitos eran vastos. Por un
lado, conformar un sector público con capacidad de decisión, moderno y
eficiente y, por otro, buscar la mejor asignación y utilización de recursos a
través de la privatización de empresas públicas, regulación de mercados monopólicos de
servicios públicos, reforma administrativa, transformación del sistema de
administración financiera y control de gestión y desregulación.
Con este modelo, el Estado fue
desprendiéndose de roles tradicionalmente básicos en la sociedad argentina.
Todo esto, sumado a un proceso de desindustrialización, aumento de la deuda
externa, precarización laboral, crecimiento del desempleo y surgimiento de
movimientos sociales como consecuencia de la exclusión social, entre lo más
destacado, fue conduciendo a la Argentina a un camino que hizo eclosión en la
crisis del 2001.
Hacia dónde vamos en este siglo XXI? Se observa una recuperación
del rol del Estado frente a los avances del mercado. Un rol más activo en la
regulación de la economía. Una suerte de
combinación entre Estado, capitales nacionales y mercado. Estamos frente a la recuperación de
la concepción de que el Estado debe jugar un papel preponderante en la
conducción tanto del modelo de desarrollo económico-social, como en la gestión
de los recursos que son imprescindibles para asegurar su continuidad y
profundización. ¿Será este el camino? Más allá de estos interrogantes resulta
claro que, cuando el diseño de la sociedad parecía que iba a quedar por
completo en manos del mercado, la política volvió a instalarse en procura de
asignar un nuevo rol al Estado, pero con la participación de todos los sectores
involucrados.
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