EL TIEMPO DE LA DICTADURA

Por María Mercedes Tenti

El año 1976 implicó un cambio significativo, no sólo por el inicio de la dictadura más cruel y violenta de la historia argentina del siglo XX, sino también porque marcó el comienzo de un proceso de reconversión económica y social que, en parte, fue el eco de la crisis mundial iniciada en 1973 como consecuencia de la suba de los precios del petróleo.

A partir de 1976, una vez más, las Fuerzas Armadas se constituyeron en actores políticos directos de la vida nacional y desplazaron del poder al partido peronista que había sido elegido democráticamente en 1973 con el apoyo del 49.5 % de los votos. Sin embargo,  la mayoría de los argentinos no ofreció resistencia, como consecuencia de la estancada economía, la violencia generalizada, la crisis de autoridad del gobierno nacional, la falta de credibilidad y el deterioro de la autoridad presidencial.

El asalto militar al poder en 1976 se inscribe en una tradición de conductas ‘pretorianas’ de una sociedad que, en parte, descreía de la democracia política y ponía en tela de juicio la legitimidad de un gobierno débil como el de Isabel Perón. La dictadura militar tuvo como principal objetivo la instauración de un nuevo orden para reestructurar la sociedad argentina, transformando la estructura de los partidos políticos e instaurando una larga hegemonía militar.

La gran prensa nacional abaló el golpe. Las Fuerzas Armadas buscaron legitimar su intervención en el escenario político argumentando, a través de una estrategia discursiva, vacío de poder, caos económico y social, peligro de la ‘subversión terrorista’, disolución de la nación y anarquía. Los comportamientos pretorianos de la sociedad a lo lago del siglo XX revelan la poca creencia de ciudadanos y dirigentes en los valores de la democracia. El pretorianismo es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política. La politización de las Fuerzas Armadas y su participación en el sistema político comenzó en la Argentina, a partir de 1930.

El Estado burocrático autoritario, instaurado, pretendía establecer un nuevo orden político en el que las Fuerzas Armadas tuvieran una participación orgánica y estable en el sistema de decisiones. De inmediato el autoritarismo militar pretendió poner en marcha un plan de reforma económica y de disciplinamiento social. A partir de la gestión del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz se fue suprimiendo la función subsidiaria del Estado y alentando la apertura de la economía. Paralelamente se organizó un aparato represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras, acallar todas las voces opositoras y modificar el comportamiento de los actores políticos y gremiales.

El régimen militar pretendía afianzar una nueva hegemonía en la sociedad. Las Fuerzas Armadas debían jugar un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria.

El Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional establecía un cuerpo colegiado, la Junta Militar, como órgano supremo del Estado y un órgano unipersonal, el presidente de la Nación, como ejecutor de las grandes políticas acordadas por el poder supremo. Se puede calificar a este gobierno militar como una dictadura institucional, impersonal, del conjunto de las Fuerzas Armadas, que se arrogó el poder constituyente, por encima de la Constitución Nacional. La organización del régimen miliar puso fin al estado de derecho.

Se suprimió la vida política del país, los mandatos de presidente y gobernadores, se disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los miembros de la Corte Suprema, se removieron jueces, se suspendió la actividad política de los partidos y la actividad gremial de los trabajadores, empresarios y profesionales. Las Fuerzas Armadas, en una actitud mesiánica, aparecían como garantes de los principios y valores constitutivos de la Nación, que darían “apertura a un nuevo ciclo histórico” para constituir una ‘convergencia cívico-militar’ heredera del Proceso de Reorganización Nacional. Se pretendía la prolongación en el tiempo de formas autoritarias de gobierno.

Las condiciones para el retorno a la democracia eran la conclusión de la lucha antisubversiva, la consolidación de un orden económico adecuado y la renovación de los partidos políticos. Se imaginó como punto de llegada para el orden autoritario una convergencia cívico-militar, con un sistema político pluripartidista. Se buscaba la continuidad del nuevo orden político en gestación. De esta manera, las condiciones para el diálogo estaban impuestas y sólo participarían aquellos que compartieran la filosofía política del gobierno militar.

En la economía se produjo un cambio radical en el que nuevos grupos de poder se beneficiaron en un proceso de acumulación centrado en un mercado financiero que operaba sin restricciones y abierto al exterior. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable a la industria nacional y a las pequeñas y medianas empresas productoras. El resultado fue el quiebre de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos bancos y organismos financieros que otorgaban plazos fijos, hasta a ‘siete días’. 

A partir del proceso iniciado en 1976 se fue abandonando la matriz Estado-céntrica que, desde los 40’ privilegiaba el pleno empleo, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento sobre la base de la protección de la industria sustitutiva y el papel del Estado como regulador del salario y como garante del bienestar de las personas, mediante diversas formas de prestaciones sociales. El quiebre de ese modelo y su reemplazo por una matriz mercado céntrica no mejoró la calidad de vida de la sociedad argentina, sino que, por el contrario, se generó un proceso de exclusión social nuca visto hasta entonces y que persiste en la actualidad.

El gobierno de facto se proponía terminar con el rol distributivo del Estado, con la matriz Estado céntrica y, a partir de 1978 comenzaron a implementarse políticas de estabilización monetaria, propias del modelo neoliberal de apertura financiera que intentaba articular una economía abierta al comercio internacional, equiparando los precios internos a los del mercado mundial. Esto produjo un alto endeudamiento en dólares, la apertura comercial, la quiebra de la industria nacional ante la competencia extranjera y, finalmente, en 1980 una crisis financiera que provocó la quiebra de varias instituciones bancarias, fuga de capitales privados y aumento del endeudamiento público. La nueva matriz mercado céntrica condujo a una creciente desnacionalización de la riqueza.

En el mundo del trabajo se aplicó una política de ‘disciplinamiento’ que implicaba someter a los obreros a un fuerte proceso de disciplina laboral, como imponer el silenciamiento de las dirigencias gremiales y políticas de los trabajadores. El régimen militar llevó a cabo una durísima represión que comprendió desde la ocupación militar de las fábricas hasta la persecución y desaparición física de centenares de militantes gremiales. Además los militares desestructuraron el inmenso poder político de la dirigencia sindical tradicional y se negó al diálogo con los sindicatos. Al final del período, el deterioro y de desgaste de la dictadura militar permitieron, en cierta medida, la recomposición de las estructuras gremiales.

Si bien el golpe militar surgió en medio de un clima de violencia e intolerancia política, con represión ilegal y paraestatal, en el gobierno de María Estela Martínez, durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional esos métodos se oficializaron y generalizaron. Se profundizó la desintegración social al imponerse un verdadero régimen de terror que apelaba a la eliminación y desaparición de personas. Al haber eliminado las instituciones democráticas y republicanas, los militares organizaron una represión clandestina encargada de secuestrar a opositores políticos, que eran recluidos en centros clandestinos de detención en los que se convirtieron en ‘desaparecidos’ hasta ser asesinados, la mayoría, con total impunidad.

La dominación autoritaria puso en marcha un sistema represivo nunca antes visto en la Argentina, basado en la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos fundamentales del hombre. El Estado autoritario organizó una estructura represiva paralela y oculta que controlaba ‘centros clandestinos de detención’ y los denominados ‘grupos de tarea’. El sistema de detención-desaparición respondió al objetivo de someter al individuo al mayor aislamiento y soledad, con la intención de desconectarlo de la vida pública y privada, para facilitar la rapidez de las investigaciones. El detenido-desaparecido privado de toda protección legal y de defensa, fue sometido al dominio total de sus captores (siendo torturado, forzado a colaborar, asesinado) sin que se dieran noticias de su persona.

La respuesta extendida de la sociedad argentina fue el silencio generalizado. Actitud similar fue asumida por la cúpula de la Iglesia Católica, por la dirigencia sindical tradicional y por la prensa.

El rol opositor fue asumido fundamentalmente por los organismos de derechos humanos que se constituyeron en las únicas caras visibles y voces de protesta al silencio impuesto por la dictadura militar. La lucha por los derechos humanos interpeló los fundamentos del orden autoritario y montó un nuevo escenario que organizó una relación diferente entre derechos humanos y política.

Derechos humanos y autoritarismo son dos términos que resultan irreconciliables. La consigna ‘aparición con vida’ voceada por las Madres de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, creó un espacio político delimitado por el campo de los derechos humanos, que, desde entonces, coincide con el espacio público político. En una segunda etapa (entre 1878 y 1981) la oposición política rompió su aislamiento y comenzó a emerger con algunos pronunciamientos y manifestaciones públicas para comenzar a disputar al Estado autoritario el campo de la política.

Aunque los militares fueron los principales responsables del genocidio, esto no implica desconocer la colaboración prestada por amplios sectores de la sociedad, ya sea mediante el apoyo explícito a la dictadura o a través del silencio que ayudó a conformar el consenso civil al régimen. Las evidencias del apoyo de políticos, empresarios, obispos y periodistas al gobierno dictatorial son irrefutables.

Pero el mayor impacto fue sin duda el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil a partir de dos acontecimientos diferentes como el fútbol y la guerra. Esto se pone de manifiesto en las imágenes del mundial 78’ y el mundial de fútbol juvenil de Japón del año siguiente. El primero fue una impresionante operación de búsqueda de consenso y legitimidad y de ocultamiento de las aberrantes violaciones de los derechos humanos. En el segundo, mientras el presidente Videla saludaba desde los balcones de la Casa Rosada a una manifestación que festejaba el triunfo futbolístico, familiares de desaparecidos hacían largas filas ante la sede de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para formular sus denuncias.

Tal vez la sociedad de entonces quiso negar una realidad que no podía afrontar y que le generaba sentimientos contradictorios. Lo que resulta difícil de sostener es el argumento del desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando por los testimonios personales, comentarios, denuncias de los familiares de las víctimas y la atmósfera irrespirable de la época que llevaba a percibir el modo de actuación del Estado autoritario. El informe condenatorio de la CIDH, conocido en 1980, ratificaba las denuncias y daba una condena moral a la par que avalaba el reclamo de los familiares de ‘aparición con vida’ y ‘castigo a los culpables’. Por entonces Adolfo Pérez Esquivel fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en un claro reconocimiento al movimiento por los derechos humanos.

La guerra de Malvinas, en 1982, fue también una operación destinada a buscar consenso social, operación que llevó a cientos de soldados mal entrenados y peor armados a la muerte y a una segura derrota. Resulta difícil comprender el masivo apoyo que, con diversos matices, brindó casi todo el arco político y gremial a la ‘recuperación de las Malvinas, imbuidos de un espíritu nacionalista o antiimperialista. El desastre militar cambió la recepción de la población, de los medios de comunicación y de la dirigencia política.

Hacia 1982 el régimen militar se hallaba debilitado no sólo por el fracaso del proyecto económico, sino porque tampoco había logrado imponer el disciplinamiento social y político, aunque dio una definitiva derrota a la guerrilla urbana y rural. Además de los enfrentamientos internos y el desgaste internacional como consecuencia de la acción de los grupos de derechos humanos, desde que en 1977 se realizó la primera marcha de las Madres en torno de la Plaza de Mayo, la derrota de Malvinas marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar, su repliegue y el reordenamiento desordenado de la actividad política y de una breve, compleja y tumultuosa transición a la democracia.

El fracaso del proyecto económico, el desprestigio del gobierno, la débil unidad de las Fuerzas Armadas y el despertar de la sociedad civil son los elementos principales que rodearon la aventura de Malvinas. El desembarco argentino el 2 de abril de 1992 conmovió al país y unificó los sectores detrás de la reivindicación histórica. El régimen se lanzó en una operación audaz e irresponsable a la conquista de consenso y al fortalecimiento de la unidad militar; se utilizó la guerra como forma de legitimación. La rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio dio por terminada la aventura del Atlántico Sur y concluyó el intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra.

El fracaso desprestigió totalmente a los militares y apresuró la descomposición del orden autoritario. Luego de la derrota vino la crisis de posguerra. La sociedad no ocultó su frustración y descontento. El conflicto interno que se suscitó quebró la unidad de las Fuerzas Armadas. Luego de cambios de conducción, los jefes de las tres fuerzas decidieron consensuar con los partidos políticos la transición democrática.

Realizadas las elecciones en 1983 fue electo presidente el radical Raúl Alfonsín por el 52 % de los votos, que barrió el reducido espacio de negociación de las Fuerzas Armadas. El 6 de diciembre se disolvió la Junta Militar y tres días después se puso fin al Proceso. El triunfo electoral del radicalismo, del 30 de octubre de 1983, tuvo un doble significado: clausuró el régimen autoritario de 1976 y cerró el sistema de alternancia de poder entre civiles y militares y quebró la hegemonía electoral de cuatro décadas del peronismo. Un nuevo ciclo histórico se abría en la sociedad argentina: la reconstrucción de la democracia y la consolidación de un sistema político civil.