María Mercedes Tenti
La denominación de América Latina, si bien es comprensible desde
el punto de vista geográfico, como la región ubicada al sur del río Grande,
encierra también categorías relacionadas con la política, con las relaciones
internacionales y con la historia, que hacen que vaya más allá de esta
conceptualización e incluya un conjuntos de países, ex colonias españolas y
portuguesas, aunque también francesas, inglesas y holandesas si abarcamos, además, el Caribe.
La primera idea emergente de homogeneización se atomiza si
consideramos la diversidad de lenguas, incluyendo a las autóctonas y a los
dialectos regionales -a pesar de la preeminencia del idioma español-,
heterogeneidad de razas, de escenarios, de paisajes; una pertenencia común y, a
la vez, divergencias y tradiciones que separan pero que, paradójicamente,
también aglutinan. En esta construcción dialéctica se enuncia esta América
Latina del siglo XXI, que emerge en nuevos escenarios globales, buscando
posicionarse de otra manera frente a la comunidad de las naciones.
Hacia fines del siglo pasado, el subcontinente se
enfrentó con dos grandes desafíos: por
un lado, poner fin a los gobiernos
dictatoriales que violaron sistemáticamente no sólo los derechos ciudadanos,
sino y, especialmente, los derechos humanos, vulnerados y pisoteados tras la concreción de
modelos burocráticos autoritarios, basados en el poder pretoriano de la fuerza.
La transición democrática no fue tarea sencilla, sino más bien fruto de
negociaciones, acuerdos, marchas y contramarchas, además de pedidos y reclamos,
primero de algunos sectores minoritarios
y, luego, producto de movilizaciones
sociales y políticas, que demandaban la democratización de la política y
también de las relaciones sociales.
De la mano de la transición vino luego la consolidación
democrática, afianzando los derechos humanos, fortaleciendo los derechos
políticos, con intervenciones periódicas del pueblo elector para convalidar a los
gobiernos y sus autoridades a través de elecciones y para participar en
referéndums -en algunos casos- sobre
cuestiones de interés particular; todo esto condujo a la involucración más
directa de la ciudadanía. Más allá de
los avances en este sentido, en cada país, en el 2010, tanto en la Cumbre de
Guyana –en la reunión de la UNASUR- como en la XX° Cumbre Iberoamericana
realizada en Mar del Plata, los países latinoamericanos participantes
ratificaron la defensa al sistema y a la continuidad democrática y la
concreción de medidas colectivas en casos de intentos de violaciones al orden
institucional en la región, puesto de manifiesto en acciones concretas como en
el caso paraguayo y en el venezolano.
El segundo desafío surge en el plano económico. Las últimas
décadas del siglo XX dejaron profundas huellas en la economía de América Latina
y el Caribe, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales -impuestas
por el denominado Consenso de Washington- y la intervención directa de los
organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional) en el diseño de políticas de apertura aduanera y de ingreso
irrestricto de capitales y empresas transnacionales, que aceleraron el proceso
de desindustrialización. A todo esto debemos agregar los denominados “daños
colaterales”, que provocaron desocupación, pobreza y exclusión social, en grado
nunca visto hasta entonces en la región, como consecuencia de la aplicación del
capitalismo salvaje que trajo aparejado, además, el endeudamiento de las naciones periféricas y
la mayor sujeción a las decisiones del centro.
Hoy se discuten las concepciones de desarrollo desde otras
miradas, más cercanas a pensamientos locales o de la mano de teorías decolonizadoras; propuestas desarrollistas de la CEPAL, que
plantean mayor integración y apertura de la economía al interior de la región y
con el resto del mundo-, y otras propuestas más globales que buscan mercados
alternativos en países con economías emergentes. El abanico es amplio. Dentro
del denominado grupo BRICS -formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- que
constituye el conjunto de países más adelantados entre los Estados con
economías emergentes, un país sudamericano, Brasil, ocupa uno de los primeros
lugares a nivel mundial, por el marcado crecimiento económico operado en las
últimas décadas. Sin embargo, las asimetrías al interior de esos países,
subsisten.
En el plano económico, la situación de las naciones latinoamericanos
no es homogénea, como tampoco lo son los escenarios que se abren en perspectiva
futura. Si bien hay intentos por avanzar hacia un sistema comercial
internacional más abierto y equilibrado, las desigualdades regionales y al
interior de cada país, muestran distintas realidades y diferentes propuestas de
soluciones.
El MERCOSUR,
unión aduanera pensada en los 80’, entre los países del cono sur de América del
Sur, a pesar de la incorporación reciente de Venezuela, todavía constituye una
unión imperfecta porque, más allá de las declaraciones conjuntas y algunos
avances en el comercio interregional, subsisten tensiones no resueltas al
interior de dicho comercio. Tanto Argentina como Brasil, los países
inicialmente más desarrollados del Mercosur, no encontraron todavía soluciones
factibles para beneficiar a los países de menor desarrollo como Paraguay y
Uruguay. Por otro lado, Brasil no asume los costos de la integración del sur de
América del Sur y mira más hacia el Asia. En general, faltan proyecto de
integración con infraestructura que permitan mayor conexión a través de rutas
más directas y en buenas condiciones, además de redes más eficaces de
distribución de energía eléctrica.
Con la
incorporación de Venezuela, si bien se abrió una perspectiva de ampliación de
la integración, afloró la rivalidad entre Caracas y Brasilia por lograr la
supremacía en la distribución de energía, rivalidad que se ahondó luego que Argentina, Bolivia y
Venezuela firmaran un acuerdo en el 2007, para crear la Organización de Países
Productores y Exportadores de Gas de Sudamérica (OPEGASUR), que puso fin al
proyecto chavista del Gasoducto del Sur, orientado a la integración de
productores y consumidores de la subregión. Con Evo Morales se afianzaron los vínculos de cooperación energética de
Bolivia y Venezuela, para el control de la actividad petrolera por
parte de los estados nacionales.
Por otro
camino, los países del área del Pacífico, como Chile, Colombia y Perú, ratificaron
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, socio tradicional que no
quiere abandonar los mercados conseguidos en el siglo pasado. Por otra parte,
se encuentra la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo
intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), promueve la expansión de la
integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social.
Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. La ALADI, está integrada por trece países
miembros (la mayoría de América del Sur) a los que se sumaron Cuba y Panamá. Estos y otros tratados, si bien intentaron
construir un escenario geopolítico que les permitiera dar mayor peso a la
región en el contexto mundial, no lograron su consolidación; permanece la
visión de un espacio subdesarrollado o
‘emergente’, que no termina de modificar su situación marginal.
Los últimos esfuerzos
apuntan a construir un proyecto político latinoamericano con el propósito de recuperar
instituciones, naciones y bloques de integración, tal el caso de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR) que intenta generar políticas públicas
conjuntas para un desarrollo endógeno, que vigila la estabilidad democrática de
la región y que la revaloriza con su potencial,
en múltiples aspectos : territorial, energético, biodiversidad,
producción de agroalimentos, riqueza pesquera y potencial humano. Con esta perspectiva
también surgieron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA, integrada por Ecuador,
Venezuela, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas,
Antigua y Barbuda, y Santa Lucía) y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), espacio regional que reúne a todos los Estados de América Latina y el
Caribe y aspira a ser una voz única de decisión política y de toma de decisiones
donde se estructuren programas políticos y de cooperación en pro de la
integración regional. Fue constituida en 2010 e institucionalizada al año
siguiente.
Sin embargo, frente a
estos intentos de uniones y políticas conjuntas tenemos que reconocer también cierta
rivalidad y desconfianza mutua entre
países por cuestiones no resueltas, como las que persisten entre México y
Brasil, Argentina y Uruguay, Colombia y Venezuela. Frente a los desafíos de la globalización urge
que los países den pasos más firmes para su integración regional en el mediano
plazo, más allá del signo político gobernante en cada uno de ellos. Frente al
avance de políticas globales impulsadas por los países centrales, América
Latina, como región periférica, continúa, en algunos aspectos, estancada y
dividida.
Las políticas
económicas globales, más la necesidad de alimentos de países densamente
poblados como China e India, si bien reportan beneficios económicos a la región
en lo que respecta a sus exportaciones, primarizó, sin embargo, la
economía de América Latina, que centró sus exportaciones en producciones
agropecuarias o mineras, con intervención de grandes empresas transnacionales. Esto llevó al monopolio de, grandes pools
transnacionales, de la comercialización
de productos para el agro y de la explotación minera con métodos no
convencionales, que trajo de la mano la concentración de tierras y capitales y
como consecuencia, el gran enriquecimiento de
unos pocos y el empobrecimiento de sectores campesinos, pequeños productores
del campo y pueblos originarios, que se vieron expulsados de las tierras que
habitaron por generaciones. Todo esto, sin analizar el desequilibrio en la
balanza comercial que provoca el comercio con países asiáticos, europeos y los
Estados Unidos que exportan, hacia esta región, las manufacturas que producen
–desde maquinarias hasta tornillos- y solamente compran productos primarios,
con poco o ningún valor agregado. Sólo Brasil logró un cierto desarrollo
industrial relevante en el concierto de las naciones, gracias a políticas
tomadas por gobiernos de diferentes signos.
Un párrafo aparte
merece la explotación minera y de hidrocarburos en el subcontinente, la mayoría
en manos de empresas transnacionales y explotadas con técnicas no aprobadas
para aplicarlas en los países centrales, por el gran daño ecológico que
producen y por su impacto directo en el paisaje, en los recursos de agua y,
especialmente, en los grupos humanos que se ven seriamente afectados por el empleo
de sustancias tóxicas –muchas de ellas cancerígenas- y la contaminación y el
agotamiento del agua, imprescindible para la supervivencia de seres humanos, de
vegetales y de animales. No debemos
olvidar que América Latina posee en su territorio el mayor reservorio de agua
dulce del mundo, también codiciado por las grandes potencias.
En este contexto
adquirió protagonismo Venezuela, durante la presidencia de Hugo Chávez, con su
proyecto de construcción del gasoducto del sur, que conectaría Venezuela,
Brasil y Argentina, con más de 9.000 km de extensión y la propuesta de una
nueva institución financiera regional, el Banco del Sur (firmada su constitución por los
presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y
Paraguay, en el 2007) pero, a la fecha sin concreción efectiva.
Otro
intento de acuerdo regional es la CAN (Comunidad Andina de Naciones), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú, con fines de cooperación regional, de política exterior común, de
acuerdos económicos y políticas sociales, actualmente bajo la presidencia pro
témpore de Bolivia.
¿Qué propuesta
superadora se puede anhelar para la región latinoamericana? Por un lado, que
los países que la integran salgan de su aislamiento entre los propios países, que logren una mejor posición internacional en bloque,
frente a las uniones generadas desde Europa, Asia o dede los Estados Unidos.
Hasta ahora, más bien se optó –además de los intentos mencionados- por
declaraciones en reuniones o fórums internacionales, en el terreno económico o
en el campo político, y acciones en
casos de intento desestabilizadores de los gobiernos democráticos electos,
importante todo, por cierto, pero insuficiente a la hora de hacer un balance en
perspectiva global.
Para este punto, los medios de comunicación
juegan un papel significativo ya que ignoran la realidad del subcontinente, en
la mayoría de los casos, salvo excepciones por parte de medios estatales de
algunos países como Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, que brindan una
visión más global, desde ópticas nacionales y latinoamericanas. Los pools
mediáticos, generalmente, silencian lo que sucede en la subregión y sólo reflejan
algunos aspectos parcializados de la realidad -tal el caso de la expansión de la delincuencia y del
narcotráfico- como una cuestión local y global no resuelta, además de los intentos
desestabilizadores puestos de manifiesto
a través de la manipulación de la información brindada desde sus cadenas
monopólicas de medios de comunicación.
En el plano económico
aparecen algunos países de América Latina en uniones internacionales más
globales, como el Grupo de los Veinte (G20), que surgió para coordinar acciones
de los Ministerios de Economía y Bancos Centrales, del que forman parte
Argentina, Brasil y México, opuesto al Grupo de los 8 (G8) compuesto por los países
más industrializados del mundo (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia,
Japón, Italia y Canadá, más Rusia) que
constituyen una muestra del reparto económico del poder monetario y financiero
a nivel mundial. En el 2008 surgió, como contrapartida, otro grupo, el de los
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que representa –como se dijo-
a los países de economías emergentes.
En el plano político
le resultó difícil a América Latina la institucionalización de una nueva
política que fue consolidándose como respuesta al fracaso de las políticas
neoliberales de los 80’ y los 90’. Nuevos gobiernos adjetivados como
neopopulistas o nueva izquierda –categorías que podrían discutirse
ampliamente-, que rechazan las políticas
neoliberales de fines de siglo, representados por Chávez y luego Maduro en
Venezuela, Lagos y Bachelet en
Chile, Lula y Dilma Rousssef en Brasil, Néstor
y Cristina Kirchner en Argentina, Tabaré y Mujica en Uruguay, Morales en
Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay (luego derrocado) y algunos
intentos más turbulentos y confusos en Centroamérica. Sólo México y Colombia
aparecen como baluartes del neoliberalismo hasta la actualidad. En oposición a
la orientación mercadocéntrica del modelo neoliberal, se puede decir que estos
Nuevos Gobiernos oponen una fórmula combinada de más Estado dentro del Mercado;
es decir buscan incrementar el crecimiento del mercado a través de la acción
institucional del Estado, con medidas de nacionalización de recursos
energéticos como en Venezuela, Bolivia y Argentina, entre otras tomadas en
defensa de la soberanía económica.
Estos nuevos gobiernos
de centro-izquierda, afianzados con el consenso social y estabilidad política,
consolidaron su poder con elecciones y reelecciones y políticas redistributivas
que permitieron salir de la pobreza a amplios sectores sociales. La
confrontación política es, en gran medida, el origen de esta nueva política
latinoamericana que permite la reproducción de liderazgos personales. La intervención
estatal se profundizó en algunos sectores, pero conviviendo con servicios
públicos concesionados o privatizados; las nuevas políticas conviven con la
aldea global y formas económicas capitalistas.
La revalorización de
la política constituye un aspecto altamente positivo para los cambios y
transformaciones que se fueron dando en la región, al igual que la sanción de
nuevas constituciones como las de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y la
continuación de las reformas en Brasil y Colombia, constituciones que incluyen
la diversidad y heterogeneidad social de las formaciones culturales
latinoamericanas. Estas nuevas cartas magnas reconocen ciudadanías
pluriculturales y revalorizan a grupos sociales hasta entonces marginados, como los pueblos originarios y los afro
descendientes.
El desafío de estos Nuevos
Gobiernos es conseguir el respaldo de mayorías electorales ante el avance de
coaliciones de centro-derecha que amenazan con echar por tierra las conquistas
logradas. Por otro lado, la mutación de los partidos políticos tradicionales en
nuevos partidos, producto de alianzas electorales o coaliciones coyunturales,
sin unidad programática, en algunos casos, y con pervivencia de prácticas
electorales clientelares, en la mayoría, conduce a generar desconfianza sobre
la disponibilidad del electorado para las nuevas opciones políticas, frente a
los vaivenes de la crisis económica mundial y la capacidad de estas alianzas de
lograr consenso; tal el caso de la incertidumbre de la reelección de Dilma
Roussef. La fragmentación del sistema de
partidos conduce a la polarización política detrás de la figura de candidatos
que cuentan con mayor apoyo del electorado, pese a que, a veces, resulta
dificultoso reconocer claramente sus posiciones; últimamente se observan
intentos –por parte de coaliciones de centro-derecha- de cambiar la orientación de la política en el
subcontinente.
Otra cuestión no
resuelta por los gobiernos de centro-izquierda es la concentración del capital
financiero, de la propiedad agraria y de empresas multinacionales que siguen
manejando recursos energéticos y naturales, sólo enfrentados por movimientos
minoritarios de campesinos, como los sin tierra en Brasil y el MOCASE en
Santiago del Estero, entre otros. No son temas discutidos la reforma agraria y
tributaria redistributiva, ni la protección de los recursos naturales.
Como conclusiones y a
pesar de no haber agotado los desafíos con los que se enfrenta América Latina
en el presente siglo, creo que debemos proponer para la región
1.
La consolidación de la
democracia con más y mejor participación de la ciudadanía y de todos los
sectores involucrados.
2.
Fortalecimiento de los
acuerdos interregionales en el ámbito económico y político para que habilite a
América Latina hacia una mayor y mejor inserción en la economía mundial, que
conduzca a la ampliación del horizonte económico y le permita salir de la monoproducción
de productos primarios.
3.
Facilitación y
liberalización del comercio interregional.
4.
Planteos conjuntos de
desarrollo, en el marco de los procesos
de decolonización, y respetando las
características nacionales y subnacionales, según sus intereses.
5.
Acciones conjuntas
para superar las desigualdades sociales, que hunden a la mayor parte de las
poblaciones en la pobreza y permiten la acumulación de grandes capitales en
pocas manos, en desmedro de las mayorías, a pesar que en los países con Nuevos Gobiernos,
a raíz de políticas distributivas, se posibilitó la inclusión social de amplios
sectores excluidos. La lucha contra la pobreza debe ser encarada entre todos los países y multidimensionalmente.
6.
Diálogo abierto con
actores transnacionales, pero también entre los países de la región y al
interior de la sociedad civil, para la inclusión de políticas alternativas a la
globalización diseñada por los países centrales.
7.
Generación de más políticas
de integración, que contemplen la inclusión real de la población en el aparato
productivo, con mayor y mejor educación y generación de empleos genuinos.
8.
Asumir, colectivamente
los temas ambientalistas como imprescindibles para la preservación del patrimonio natural y humano de la región.
9.
Cooperación científica
y tecnológica entre los países de América Latina para generar, colectivamente,
un cambio sustancial al respecto.
10.
Planteo de un neoregionalismo más incluyente,
entre todos los países que integran América Latina y el Caribe, que permita a
la región insertarse como tal en el sistema-mundo.
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(Comp.), citado.
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